El abogado Pablo Zúñiga Morales, especializado en derecho educativo, recalcó que mientras la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha repetido durante el último año que para la recuperación educativa se requiere aumentar la inversión en el sector educación, las propias autoridades educativas del país han reconocido que en el 2023 faltarán ¢200.000 millones, sobre todo en los rubros de transferencias, remuneraciones, comedores, transporte y becas.
Como reportó UNIVERSIDAD, José Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación Interinstitucional y Coordinación Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), confirmó en la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa que el presupuesto entrante tendrá un déficit “por cerca de ¢200.000 millones”, específicamente en los rubros de transferencias, remuneraciones, comedores, transporte y becas.
Asimismo, pese a las limitaciones de la Regla Fiscal, explicó Zúñiga, el presupuesto de la educación pública podía crecer un 2.52% en el 2021, con respecto al 2022; sin embargo, ese margen de crecimiento no se utilizó porque el Ministerio de Hacienda utilizó esos recursos para atender deuda externa. Además, se ordenó un decrecimiento del 1.52% en relación con el presupuesto del presente año, agregó.
Zúñiga expuso al respecto en el I Encuentro de Análisis de la Coyuntura Nacional, realizado el pasado 5 de noviembre, en la Universidad Nacional (UNA).
El espacio fue promovido por el Observatorio Económico y Social de la UNA, sectores de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal y la Federación de Estudiantes Universidad Nacional (FEUNA).
Presupuesto para educación
En criterio de Zúñiga, el problema que enfrenta el sistema educativo está marcado por la discusión del Presupuesto Ordinario 2023 en la Asamblea Legislativa, en el que no solo no se ha cumplido con los mandatos constitucionales de recursos para educación, sino que se dejó de priorizar la educación, ya que el primer objetivo gubernamental es resolver el problema macroeconómico, el pago de la deuda pública.
Zúñiga recordó que en el año 2020 entró a regir una disposición de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), que incluyó dentro del monto que debe destinarse a educación -un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) por mandato constitucional – el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), del CEN-CINAI y de la Red de Cuido.
Mientras ahora hay que cubrir con ese presupuesto a un sector más amplio, en el 2022 sólo se destinó un 6.9% del PIB a educación, y en el 2023 se destinará únicamente un 6 del PIB el menor de toda una década, añadió.
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La cifra del PIB en educación del 2021 fue de un 6,9%, mientras que para el 2022 fue de 6,4%, por lo que la disminución continuaría con el 6% del 2023.
Un magisterio “precarizado”
El abogado también denunció que no se puede seguir manteniendo un magisterio precarizado, que lleva tres años sin ningún incremento salarial, donde se nominalizaron todos los incentivos; y resaltó que hoy el magisterio enfrenta la posibilidad de que se le eliminen todos los pagos de dedicación exclusiva, “que es el ultimo reconocimiento que les quedaba”. “No es previsible que con esto podamos mantener la paz social en el 2023”, advirtió.
Aunque exista un presupuesto enorme en dólares para una red educativa que conecte a todos los estudiantes y sus centros educativos, no ha sido posible implementarla “por intereses económicos de las grandes empresas en tecnología que no han permitido que esto se concrete”, dijo Zúñiga.
“Nuestro gobierno actual no tiene ninguna definición al respecto, no tiene ninguna posición clara y solo nos pide que esperemos”, criticó.
Claret Calderón, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (UNA), recordó la masiva marcha del 16 de agosto, e contra del recorte de ¢129 mil millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
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Mientras se desarrollaba la manifestación, la Comisión de Enlace sesionó en Casa Presidencial y acordó establecer como base de cálculo el presupuesto de 2022, por lo que el fondo no sufrirá ningún recorte.
Calderón señaló que “después de dos años de pandemia en que permanecimos completamente alejados unos de otros, llenar las calles en la magnitud en que se logró fue, no sólo inesperado sino que yo creo que es una reivindicación, pese a que estamos enfrentando a un gobierno sumamente neoliberal y recortista, que nos ha vulnerado los derechos humanos, los derechos de las personas trabajadoras, de las personas agricultoras, en las calles podemos encontrar un frente común que nos va a funcionar todavía”.
“Como federación entendemos y vamos a seguir defendiendo la educación como un derecho social y universal, una educación gratuita de calidad y laica para todas las personas de este país”, subrayó Calderón.
