El país se aleja cada vez más de cumplir con el mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública, como dice el artículo 78, al establecer su presupuesto final en tan solo el 6% para el 2023 y configurarse así en el más bajo de los últimos 12 años.
José Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación Interinstitucional y Coordinación Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), confirma en la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, que ese será el porcentaje en relación con el PIB, sumado a que el presupuesto entrante tendrá un déficit “por cerca de ₡200.000 millones”, específicamente en los rubros de transferencias, remuneraciones, comedores, transporte y becas.
Estos datos facilitados por el propio MEP revelan que el porcentaje destinado a la enseñanza pública se aleja de cifras como el 6,9% de 2021 o el 6,4% del 2022. Y ni para qué decir de otros porcentajes más generosos como fueron los de 8,01% en el 2017 y 7,92% en el 2018.
Déficit de ₡200 mil millones en el MEP agudizaría crisis de la educación pública del país
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Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, quien escuchó en audiencia a la Ministra de Educación Ana Katarina Müller en esta comisión legislativa, afirmó que la jerarca dijo “sin tapujos” que pretendían incumplir con la regla constitucional al dedicar exclusivamente el 6% del PIB en educación.
De acuerdo con Alfaro, esto tiene un “enorme impacto en todos los procesos educativos” y refleja un “desconocimiento en un sentido amplio” sobre las obligaciones que implica la Constitución” por parte de la ministra.
Para Fernando Rodríguez, investigador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA) y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), la explicación se resume en que la meta de gasto respecto de la producción no crece en la misma proporción que la economía del país.
Ante esto, el economista amplió que la reducción en el porcentaje del PIB implicará que ciertas actividades se dejen de hacer, pero en este nivel de análisis preocupa sobre cuáles programas recaerá esa disminución de recursos económicos. Esto sin dejar de lado que, en opinión de Rodríguez, al haber un PIB tan bajo, a futuro se requerirá de un mayor esfuerzo para alcanzar el porcentaje constitucional.
Por ejemplo en el caso de las universidades estatales, el economista indicó que se deberán realizar ajustes para hacer frente a las obligaciones ante un posible escenario de reducciones de matrícula y disminución de desarrollo de investigaciones.
El pasado 25 de agosto la Universidad de Costa Rica (UCR) firmó bajo protesta el acuerdo alcanzado en la cuarta negociación entre los rectores de las cinco universidades estatales con el Gobierno sobre los recursos del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) de 2023, que sólo otorgó un 1% con posibilidad de negociar un 1% adicional en junio de 2024.
La UCR solicitó un reconocimiento de 8,71% por concepto de inflación debido a que había un rezago de ₡26.000 millones que no ha sido devuelto a las universidades estatales como parte de su contribución al impacto económico generado por la pandemia del COVID-19.
“El Estado costarricense ha tocado el sector educativo porque de pronto cree que es ahí donde se genera algún gasto. Y repito, la educación no es un gasto, la educación es una inversión a largo plazo […] Costa Rica no tiene ejército, no tiene una inversión en ese particular; la inversión nuestra entre otras es la educación. Nosotros tenemos el deber como patriotas de invertir en la educación costarricense”, Gilda Montero.
Disminución presupuestaria
De acuerdo con la ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2022 (n.º 10103), al MEP le corresponde ejecutar un sistema educativo “que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social”.
Pero resulta que dentro del presupuesto del Ministerio se incluyen transferencias al FEES, al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) y a otras instituciones.
Con base en esta ley, el presupuesto del MEP viene con caídas importantes entre los años 2018 y 2019 y posteriormente 2021 y 2022. De esta manera, el presupuesto del presente año fue de ₡2.563.884.526.829, lo cual representa una disminución de ₡113.081,7 millones en relación con el año anterior, cuando el presupuesto asignado en educación fue de ₡2.676.966.188.255,33. (véase gráfico presupuestados del MEP en millones).
Implicaciones ante falta de recursos
Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), indicó que como parte de las consecuencias que trae no alcanzar el 8% del PIB, las juntas de educación no pueden realizar arreglos menores en las instalaciones educativas como compras de algún suministro de papelería, equipo de limpieza o incluso arreglar canoas y vidrios.
Citó de ejemplo que, a pesar de que los directores de las escuelas de colegio tengan la voluntad de abrir nuevos códigos para atender la sobrepoblación de estudiantes, no existen los recursos para tal efecto. Esta reducción se traduce en servicios afectados como los comedores escolares, las becas estudiantiles y el transporte estudiantil, especialmente en las zonas rurales.
En consecuencia, para Montero la discusión no es ver el tema de educación como un asunto económico, sino a la luz del impacto en aspectos curriculares y de formación inicial de los docentes a fin de asegurar un proceso asertivo, constructivo y de mejoras constantes.
“La educación se está viendo de forma reduccionista. Es decir, estamos pensando sólo en el dinero, estamos viendo la educación como un gasto y no como una inversión. Porque la educación es eso, es una inversión a largo plazo en la formación de mejores profesionales, que van a liderar este país en un futuro”, sentenció.