Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron extender el plazo para que las cooperativas de trabajadores dedicados a la minería a pequeña escala (o coligalleros) de Abangares usen la técnica de lixiviación con cianuro y mercurio para la extracción del oro en la zona.
Una mayoría de diputados aprobó el martes en la tarde en segundo debate este proyecto de ley tramitado en la Comisión de Guanacaste.
El expediente 23.534, propuesto por el diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza, agrega un transitorio con esta disposición a la Ley 8904 para declarar a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto.
El texto aprobado señala que partir del 16 de agosto de 2023 y hasta el 10 de febrero de 2025, “queda habilitada la explotación y el procesamiento del oro por parte de los trabajadores mineros debidamente asociados a las cooperativas de mineros a las que hace referencia el artículo 8 del Código de Minería, que tengan presentadas solicitudes de concesión para el área de reserva minera del cantón de Abangares cuando hayan presentado la solicitud correspondiente ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía”.
El Gobierno de Costa Rica ratificó en 2016 la Convención de Minamata “de reducir y eliminar el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala”. Sin embargo, el cumplimiento de este tratado global se ha ido posponiendo en el país con el pasar de los años. Se había dado un plazo hasta el próximo 17 de agosto para que los mineros artesanales dejaran de usar esta técnica para extraer el oro; pero con el transitorio aprobado hoy se extiende ese plazo hasta febrero de 2025.
Llamado al Poder Ejecutivo
Daniel Vargas Quirós, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), señaló que con esta extensión se le da mucha tranquilidad a los abangareños, para que sigan dedicándose a la minería dentro de un plazo prudencial, “mientras deban hacer frente al Convenio de Minamata y cambiar considerablemente las técnicas de extracción y limpieza del oro para beneficio del medio ambiente”.
El legislador Luis Fernando Mendoza destacó que si no se hubiera aprobado este transitorio, el 17 de agosto vencía el plazo dado anteriormente y que los mineros hubieran entrado “en ilegalidad” y tendrían una serie de dificultades para la extracción y comercialización del oro.
La diputada socialcristiana Melina Ajoy destacó que el proyecto era necesario para dar “seguridad jurídica” a las más de 600 familias que trabajan en la minería artesanal de Abangares.
Ajoy también hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que se sume y efectivamente exista una respuesta efectiva para estas familias que dependen de la minería artesanal.
El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, dijo que las autoridades correspondientes se tienen que comprometer a cumplir la legislación costarricense y los convenios internacionales firmados en la materia.
Robles enfatizó: “estamos validando un periodo transitorio para que se le brinde un acompañamiento a los mineros artesanales; pero esto no puede seguir dándose año tras año ante la ausencia de acompañamiento político para que las prácticas artesanales sean cada vez más ecológicamente equilibradas”.
“Ese es un trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Ambiente y a eso se comprometió el ministro de Ambiente en la Comisión de Guanacaste cuando se habló. Ciertamente hoy es un problema heredado; pero no van a poder venir a decirnos eso nuevamente”, indicó Robles.
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