Esta mañana la Comisión de Guanacaste de la Asamblea Legislativa rechazó mociones presentadas por el diputado liberacionista Jorge Fonseca, quien buscaba se le ampliaran plazos propuestos a la Dirección de Geología y Minas (DGM) para cumplir con la cancelación de concesiones y permisos que no estén en regla, así como la elaboración de un reglamento sobre el otorgamiento de concesiones para minería a pequeña escala en Abangares.
Esa Comisión se aboca actualmente a la discusión del proyecto de ley número 21.229, que introduce reformas al Código de Minería y a la reforma que declaró al país libre de minería metálica a cielo abierto, en busca del “fortalecimiento y mejoramiento de la minería artesanal de Abangares”, según reza el kilométrico titulo del proyecto.
Fonseca no pertenece a esa Comisión, pero desde el inicio de su gestión ha buscado impulsar la minería en el país y junto a María José Corrales presentó un proyecto de ley al efecto, sobre todo a partir del caso de Crucitas.
Capacidades de la DGM
Este proyecto establece que la prohibición sobre el uso de cianuro y mercurio “no regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras, ni para las asociaciones sin fines de lucro que ya cuenten con una concesión minera, siempre que se dediquen a la explotación de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, hasta tanto el Estado no cumpla con las obligaciones estipuladas en el artículo 8 del Código de Minería”, que designa al cantón de Abangares y otras zonas del país como áreas de reserva minera congeladas a favor del Estado.
También condiciona esa suspensión de la prohibición a que se cumpla con “el otorgamiento de asistencia e incentivos necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias y de alternativas productivas sustentables que den valor agregado a la producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero”.
Este punto en particular fue destacado por el legislador Fonseca, quien apareció en la sesión con un oficio del 26 de marzo dirigido de la directora de la DGM, Ileana Boschini a la entonces viceministra Celeste López, en el que apuntó: “preocupa que se le den responsabilidades a esta Dirección que no está en capacidad de asumir por el limitado recurso humano con que cuenta esta Dirección. El interés de esta Dirección de apoyar al cantón de Abangares y sus habitantes se podrá realizar si se logra la aprobación de al menos tres plazas para funcionarios que apoyen las tareas pendientes con la prioridad que se requiere”.
Por ello y por unos problemas ya subsanados señalados por el Departamento de Servicios Técnicos, Fonseca presentó una moción para que se eliminara del todo esa propuesta en particular, la cual fue rechazada por unanimidad.
El diputado insistió tanto en la sesión de la Comisión como al ser abordado por UNIVERSIDAD en que la exviceministra López “engabetó o traspapeló o no le dio la gana enviar” el oficio de la DGM a la Comisión.
Tiempos y plazos
Según explicó el propio Fonseca, las otras dos mociones que presentó buscaban ampliar plazos que el proyecto establece para la DGM. En primer lugar, se trató del periodo de dos meses para que esa instancia “elabore un estudio sobre el estado de todas las solicitudes pendientes de resolución, así como de los permisos y las concesiones otorgadas”, establecida en el artículo 8 del Código de Minería y que proceda con la cancelación de aquellas que no cumplan con los requisitos legales.
También se refirió a la introducción de un plazo de tres meses para elaborar un reglamento precisamente para ese artículo 8. Se trata de una normativa requerida desde una reforma aprobada en 2011.
“Como bien dijo el exministro Rodríguez, la DGM no tiene el personal suficiente, ni capacidad administrativa ni técnica, para cumplir en tiempo lo que se les demande”, alegó el legislador herediano.
Entonces apuntó que “si a la DGM con dos funcionarios (asignados al tema) se le pone plazo de dos meses para resolver solicitudes de concesiones o permisos si esto se aprueba, todos los asuntos los va a archivar; la propuesta era dar por lo menos un año como tiempo prudencial para resolver”.
El oficio de Boschini aportado por Fonseca también se refiere al mandato de elaborar el mencionado reglamento y apunta que “tres meses es un plazo muy corto para emitir un reglamento que involucra varias instituciones. Recomendamos un plazo de seis meses”.
Así, las mociones presentadas por Fonseca buscaban ampliar de dos meses a un año el plazo para que la DGM elabore el estudio sobre el estado de permisos y concesiones, y por otra parte eliminar del todo el plazo para elaborar el reglamento. Ninguna fue aprobada.
El diputado oficialista Welmer Ramos manifestó que Boschini indicó a la Comisión que “tienen la capacidad de hacer las dos cosas: en dos meses el listado general de permisos y concesiones solicitadas y de elaborar un reglamento en los tres meses” que establece el proyecto.
“Es una ley que tiene nueve años de vigencia y no se ha implementado. Ampliar más los plazos es demasiado cuando es urgente solucionar el problema a los coligalleros, para que puedan comercializar el oro y una vez que estén al día con todos los procedimientos reciban el apoyo del Estado para aumentar el valor agregado del oro en Guanacaste”.
