El proyecto de ley para el “fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares” fue aprobado por 40 diputados y diputadas este martes 27 de octubre. La iniciativa busca mejorar en términos ambientales, económicos y sociales la minería artesanal que se da en la zona de Abangares.
El proyecto alarga el plazo en que se permite el uso de la lixiviación con cianuro y mercurio por parte de cooperativas de trabajadores dedicados a la minería de pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, al tiempo que ordena un estudio sobre el estado de las solicitudes pendientes de resolución, así como de permisos y las concesiones otorgadas en la zona y sienta responsabilidades en los incumplimientos que se encuentren.
Adicionalmente, ordena al Ejecutivo reglamentar en un plazo de 3 meses las excepciones en las que se permite la explotación del mineral así como la asistencia y los incentivos para promover el desarrollo de tecnologías limpias y las alternativas productivas sustentables “como el turismo minero, la orfebrería y otras”.
Finalmente, establece vías de formalización para las concesiones exclusivamente a cooperativas y el acceso prioritario de las personas mineras artesanales de la zona a créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, celebró la aprobación del proyecto y afirmó que es un paso adelante en el cumplimiento de los compromisos hechos a las comunidades abangareñas. “Vamos implementando ese nuevo modelo de minería sostenible, de baja escala, que contribuye a la mejor de la calidad de vida de los coligalleros”, dijo la jerarca.
“Una deuda pendiente”
En el 2010 se aprobó una reforma al Código de Minería que eliminó los permisos de exploración y explotación minera a cielo abierto, pero dejó como excepción a esta prohibición, “que en el área de reserva minera del cantón de Abangares, los permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales, sean posible de otorgar a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero”.
No obstante, esta reforma establecía la necesidad de que en un plazo de 8 años estas personas deberían “reconvertir su actividad al desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente” y para ello, contarían con el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica y financiera del Estado costarricense, lo que no ocurrió.
En consecuencia fueron mínimas las cooperativas legalmente constituidas a que pudieron obtener concesiones de conformidad con la leyy muchas familias se encuentran explotando el recurso irregularmente pues es una de las pocas fuentes de empleo de la zona, según reza la exposición de motivos del proyecto de ley. Así, este pretende no sólo ampliar el plazo, sino garantizar “las condiciones que permitan la correcta legalización de la actividad y la mejora ambiental correspondiente”.
Welmer Ramos, diputado que ha impulsado el proyecto afirmó que a través del texto se solventa una deuda pendiente que tiene la Asamblea Legislativa con la minería artesanal de Abangares. “Desde hace 10 años se aprobó una ley que les permitía tener concesiones mineras y desarrollar su actividad con respaldo estatal para mejorar el valor agregado del oro, usando medios más eficientes y haciendo procesamiento de bajo impacto ambiental, pero por errores al redactar la ley se generó una imposibilidad de dar concesiones a las cooperativas, por lo que las familias mineras han estado operando al margen de la ley y con métodos arcaicos, por lo que no sólo contaminan más sino que mucho del oro que extraen se pierde”, explicó.
Esta ley, dijo Ramos, “enmienda esos errores y establece el apoyo estatal para que puedan desarrollar una minería más eficiente, con menos impacto ambiental y siempre artesanal, donde los números se puedan asociar y trabajar no sólo en extracción sino en turismo, orfebrería, etc. y que se quede el mayor valor agregado en manos de los abangareños, pues no se permiten compañías que no sean cooperativas”.
“Es un modelo de distribución en el que la riqueza que se genera se queda en el propio pueblo y no en una empresa, que lo que deja es trabajo mal pagado y destrucción ambiental”, finalizó el legislador.
