Las recientes detenciones realizadas por el Ministerio Público respecto al trasiego del oro en Crucitas, incluyeron a personas dedicadas a la comercialización del oro de Abangares, por lo que representantes de las cooperativas mineras locales sostuvieron un encuentro con represenetanres del Poder Ejecutivo para buscar soluciones que les permitan trabajar.
El pasado viernes se realizó una reunión en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en el que autoridades de gobierno y una representación de mineros discutieron sobre posibles soluciones.
Según supo UNIVERSIDAD, lo conversado está en proceso de evaluación por la comisión minera de Abangares, pero los principales temas tratados fueron la posibilidad de que se puedan otorgar permisos provisionales para la extracción del oro, que se haga una evaluación ambiental de las áreas ya impactadas por la actividad, garantizar vías legales para la adquisición de mercurio, con la mirada puesta en eliminar la práctica para cumplir con el convenio de Minamata, que cierras las puertas al uso del peligroso metal.
También se baraja la posibilidad de que se generen encadenamientos a la actividad y que el Banco Central compre el oro.
Abangares es una de las zonas especiales de reserva minera establecidas en el Código de Minería y en el cantón únicamente pueden otorgarse concesiones a cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal o coligallero.
Crisis local
Pablo Segnini, vicepresidente del Concejo Municipal y presidente de la comisión minera de Abangares, reconoció que “puede ser cierto que se hayan dado dos o tres casos de personas” que cometieron la “imprudencia”, de trasegar con oro de Crucitas, pero señaló que a partir del momento en que se hicieron las detenciones, “el pueblo ha entrado en crisis socioeconómica, porque eso afecta al menos a 1.500 personas que viven de la actividad”.
Explicó que ello se debe a que ahora las personas dedicadas a la minería no tienen dónde vender el oro legalmente. “Ahora entra una venta ilegal, en el mercado negro, llega cualquiera de cualquier lado y pagan menos. Perjudican al productor, que realmente pasa muy ajustado con el dinero. No hay compradores y cuando los hay especulan con el precio para aprovecharse de la situación”, detalló.
Añadió que personalmente ha comprobado que la situación redunda en que se han perdido al menos 300 empleos en el cantón.
Tras reclamar la falta de respuestas de parte del gobierno, aseveró que “el pueblo no aguanta más, esta en situación difícil, crece desempleo, el comercio siente que las ventas se vienen abajo. Además del problema de la pandemia, ahora enfrentamos uno mayor”.
Segnini confirmó la realización del encuentro con personas funcionarias de la Dirección de Geología y Minas (DGM), la secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y con asesores de la Presidencia, en busca de una solución a problema específico de la comercialización.
“No tenemos ninguna seguridad jurídica en el pueblo, las cooperativas están dispuestas a que se reglamente, a trazar el oro para asegurar de que sea de Abangares, a pagar impuestos, pero que nos dejen trabajar”, agregó.
Uno de los principales problemas radica en que el cantón existen seis cooperativas dedicadas a la actividad, pero sólo una de ellas y una asociación cuentan con concesiones, según dijo Segnini. “El gobierno ha sido negligente a la hora de dar las concesiones”, aseveró.
Aún en calidad de ministro, Carlos Manuel Rodríguez manifestó a UNIVERSIDAD la necesidad de fortalecer la DGM, pues según dijo el trámite de una concesión puede tardar hasta ocho años.
Ante la pregunta de si se busca la implementación de permisos especiales para realizar la actividad, replicó que se ha avanzado en conversaciones al respecto, “hay varios acuerdos con el Ejecutivo, pero eso lleva tiempo, hemos insistido en que por mientras lo que ocupamos es ese parchecito, algo que nos ponga a trabajar nuevamente para que la economía del pueblo vuelva a la normalidad”.
El funcionario sentenció que “son 20 años de lucha para que se legalice la actividad” e insistió en la premura de que se otorguen concesiones mediante “un trabajo serio que no se ha hecho en muchos años y está afectando al pueblo de Abangares, que es el menos culpable, no pueden decir que Crucitas se mezcló con Abangares sólo porque uno, dos o tres compraron oro de Crucitas o trajeron algún material. Están sacrificando al 99% de la población que ya no puede operar porque tiene miedo del Ministerio Público”.
