La actual crisis en el servicio de agua potable que afecta a varias comunidades principalmente de San José se debe a “causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)”.
Así se indicó desde la Defensoría de los Habitantes mediante un comunicado que apunta además que esos factores se suman al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias para “crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional”.
La Defensoría también se refirió a las medidas que ha tomado la institución para atender el grave problema, particularmente en el Gran Área Metropolitana (GAM), como horarios de racionamiento, suministro con camiones cisternas, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y “otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo”.
Sin embargo, la Defensoría considera que esos esfuerzos “no han sido suficientes” y, en consonancia con el mencionado Informe de la CGR, añadió que “una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca”.
Al respecto, recordó que la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (Aresep) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual concluyó que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo.
Ese estudio advirtió sobre “la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico”.
Se comprobó además que se da “incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas”. La Aresep destacó la necesidad de “un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión”.
La Defensoría al mismo tiempo recordó que ya en años anteriores ha “llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua
potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros”.
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Justifica la medida en aspectos como la existencia de una “estructura organizacional paralela” y pérdidas de un 57% de agua potable a lo largo de la cadena de valor.
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