En criterio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la gestión operativa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) “pone en riesgo la operación del servicio” para los 783.867 clientes en todo el país y por ello propone una rebaja del 10,7% en promedio en las tarifas de acueducto.
Según se explicó mediante un comunicado, la Aresep llegó a esa conclusión tras analizar información aportada por el propio AyA respecto a inversiones, estructura de costos y gastos, comportamiento del mercado y gestión operativa para el periodo entre 2017 y 2024.
Entre los aspectos señalados por la Aresep, figura que en 2018 el AyA mediante un peritaje revaluó activos como tuberías de hierro galvanizado, hierro fundido, con más de 40 años de antigüedad, lo cual “es contrario a la norma emitida por el mismo AyA”, pues establece la vida útil máxima para ese tipo de tuberías es precisamente de cuatro décadas.
“Esta situación es contraproducente técnicamente, porque está revaluando activos sin vida útil y a valor de mercado que se trasladan a la tarifa con costos desproporcionados”, apunta la información de la Autoridad Reguladora.
De no menor gravedad es la denuncia de que el Instituto “implementó una estructura organizacional paralela al margen” de la aprobada por el Ministerio de Planificación (Mideplan). Ello provoca que “alrededor de 100 unidades organizativas operen en cargos de jefatura sin ser aprobados, cuyo costo salarial es de aproximadamente ¢4.580 millones anuales, los cuales se excluyeron del ejercicio tarifario dado que no se dispone de una debida justificación legal y técnica”.
Por otra parte, la Aresep también destaca un serio problema por agua no contabilizada (ANC), es decir, pérdidas de agua potable a lo largo de la cadena de valor que alcanzan el 57% del recurso distribuido.
Evidentemente, ello impacta la operación y “se trasladan costos a la tarifa final del servicio”, por ello “se procedió a disminuir el porcentaje en un 10% para el periodo 2023 – 2024, de tal forma que el operador gestione de manera responsable el recurso hídrico y el servicio público, lo cual equivale en esta oportunidad a ¢36.400 millones (38,5 millones de metros cúbicos)”.
Se supone que progresivamente se deberá disminuir el problema del ANC en un 10% cada dos años.
La Autoridad Reguladora también destacó el aumento en el endeudamiento del AyA, que durante el periodo 2016-2022 creció en 58,44%, “el cual ha generado un costo financiero de aproximadamente ¢14.972 millones”.
“Este nivel de endeudamiento agrava la situación del AyA, dado que muchos de los proyectos asociados a esas obligaciones presentan rezagos significativos o no han sido capitalizados, lo cual ha obligado a la institución a utilizar recursos del gasto por depreciación y revaluación de activos para atender a los acreedores. Esta dinámica descapitaliza la institución y pone en riesgo la prestación del servicio público”, apunta el comunicado.
En materia de inversiones, un hallazgo relevante es que para el 70% de los proyectos “no se encuentra información disponible, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de factibilidad y prefactibilidad, ejecución y capitalización de activos”.
Desde la Areserp se detalló que la propuesta implica que por ejemplo una familia con un consumo promedio de 15 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar ¢8.135 a ¢7.475. La iniciativa se someterá al proceso de audiencia pública el 19 de julio.
