Las universidades estatales analizan las opciones que tienen para lograr recuperar los ₡62.590 millones que el Gobierno les adeuda del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2020 y 2021.
La “postergación” de estos recursos se dio en el marco de la pandemia por COVID-19, a la cual las universidades aportaron, además, ₡13.000 millones no reembolsables.
En primer lugar, se acordó una postergación de ₡35.000 millones en el 2020, correspondientes a gasto de capital, luego de que el Ejecutivo de ese entonces planteara en una instancia inicial el aplazamiento de ₡65.000 millones.
Posteriormente, en 2021, se dio otra postergación correspondiente al 5% del FEES, lo mismo que ₡27.590 millones, para un total adeudado de ₡62.590 millones.
Sin embargo, el gobierno de Carlos Alvarado dejó de resolver la situación —pese a que fue durante su periodo que se dieron las posposiciones— y el de Rodrigo Chaves no ha dado muestras de querer otorgar ese dinero a las casas de enseñanza.
De hecho, durante las negociaciones del FEES, en la Comisión de Enlace de 2023, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, incluso dijo que “desde el punto de vista práctico” su cartera “no tiene ninguna deuda con las universidades”.
¿Qué opciones tienen las universidades?
UNIVERSIDAD conversó con los rectores de las universidades estatales, quienes explicaron que están analizando varias vías para solventar la situación:
“Son temas que también hemos estado hablando en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), incluso de hacer alguna acción más concreta, más fuerte, dirigida a que se honre el compromiso de la Comisión de Enlace de restituir esas dos cantidades de recursos pospuestas en el 2020 y el 2021, como manifestación de una gran responsabilidad de las universidades con la situación que estábamos viviendo en ese entonces, pero nunca una renuncia a los recursos”, dijo el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias.
“Hemos estado hablando en Conare incluso de hacer alguna acción más concreta, más fuerte, dirigida a que se honre el compromiso de la Comisión de Enlace de restituir esas dos cantidades de recursos pospuestas en el 2020 y el 2021”, Rodrigo Arias, rector de la UNED.
Arias indicó que la primera opción es “llevar el tema nuevamente a Comisión de Enlace”, porque hasta ahora, “no se ha querido abordar como tal” en el órgano que preside la ministra de Educación, Anna Katharina Müller. Dependiendo de lo que suceda en esa reunión, podrían abrirse otros caminos.
“Hemos hablado hasta de judicializar la demanda correspondiente o bien, ahora yo veía con este informe de la Asamblea la posibilidad de plantear un diferendo en el marco del artículo 85 (de la Constitución) sobre esos recursos”, añadió el rector de la UNED.
Precisamente, un informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, solicitado por la diputada liberacionista Rosaura Méndez, indica que los diputados podrían conocer este tema, pero no bajo su propia iniciativa, “ya que se requiere de la manifestación de alguna de las partes con respecto a la existencia de un diferendo”.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, explicó que “la posición del Gobierno ha sido que eso es dinero que ellos no tienen contabilizado y que no existe un compromiso formal y, por lo tanto, no han tenido ningún espacio para abrir la discusión”, sin embargo, resaltó que el compromiso de las universidades es con el Estado, no con un gobierno de turno.
Entonces, si el Ejecutivo rechazara definitivamente el otorgamiento de los recursos, habría que “buscar los mecanismos legales que eso conllevaría, porque hay un incumplimiento de un acuerdo formal de una instancia que tiene rango constitucional”, dijo González.
En este sentido, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, explicó que existen antecedentes constitucionales que pueden orientar la ruta a seguir, como el rebajo de ₡10.000 millones hecho por los diputados al FEES de 2020, que la Sala IV declaró inconstitucional: “Este antecedente abre la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa”.
También, María Estrada, rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), dijo que “en primera instancia” se debe dar la negociación con el Ejecutivo, mientras que Emmanuel González, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y presidente del Conare, indicó estar a la espera de un informe jurídico sobre el documento de Servicios Técnicos, antes de referirse al tema.
Asimismo, se le consultó su posición al Ministerio de Hacienda sobre este tema, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta, pese a reiterados intentos.
¿Cómo se utilizarán los recursos?
Tanto el rector de la UNA como el de la UNED comentaron a UNIVERSIDAD que el dinero no sería utilizado de forma tradicional, invirtiéndolo directamente en las universidades, sino en proyectos que benefician a todo el sistema educativo nacional:
“Establecimos un proyecto de utilización de esos fondos postergados con visión país. […] Es un dinero que nos va a permitir fortalecer la importancia de la educación en el país, a nivel general”, dijo González.
Además, el rector de la UNED explicó que las universidades han planteado dos ejes para el uso de esos recursos: apoyar fuertemente acciones de regionalización interuniversitaria y hacer lo mismo de forma abierta en las áreas críticas del sistema educativo del país.
Arias indicó que esto es una “señal muy clara” de que el dinero sería para atender “necesidades urgentísimas que tiene el país” y de que los fondos estarían siendo “bien aprovechados y de la mejor manera posible”.
