El presidente Carlos Alvarado convocó al congreso un proyecto de ley que su propia administración pidió archivar en la Asamblea Legislativa. Se trata del expediente 22.021, una ampliación para obtener más dinero para el fideicomiso que administra el Banco Nacional para construir centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El proyecto aparece con otros 42 expedientes en la convocatoria para sesiones extraordinarias, 10 días después de que el viceministro Steven González dijo a los diputados que el fideicomiso está quebrado.
“A todas luces (el dinero) es insuficiente para cumplir con lo planteado en el proyecto de ley”, aseguró el jerarca.
El proyecto no ha sido archivado aún, pero las afirmaciones desencadenaron una investigación por el uso ineficiente de recursos.
Originalmente, se recibieron $167,5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir 103 proyectos del MEP. Ahora, hay un déficit de $1,6 millones y quedaron 56 centros educativos pendientes para resolver con recursos presupuestarios del MEP (esa misma institución recibió un recorte de ¢77 mil millones en el Presupuesto Nacional para el 2021).
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MEP asegura que los ocho proyectos serán terminados en el 2021 con ₡10.500 millones que están en Caja única del Estado.
De acuerdo con el diputado independiente Dragos Dolanescu, miembros de la Comisión de Infraestructura, el órgano legislativo convocará audiencias para resolver la fallida ejecución del dinero.
Desde su despacho, Dolanescu pidió a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) que dé cuentas por la cantidad de terrenos que se compraron para los proyectos, la identidad de sus dueños originales y, también, cuánto se pagó por metro cuadrado.
“Se está convocando gente para que venga a explicar qué es lo que está pasando porque estamos hablando de cientos de millones de colones que tenían que ir para escuelas del país y terminaron siendo menos de la mitad”, afirmó Dolanescu.
Esta investigación de control político, así como el trámite de los proyectos propuestos por Presidencia, deberán realizarse durante las sesiones extraordinarias que comenzarán en diciembre y finalizarán el 31 de julio del 2021.
Seis de 43 proyectos son de acuerdo en Diálogo Nacional
Seis de los 43 proyectos que firman el presidente Carlos Alvarado y el ministro Marcelo Prieto corresponden a la lista de acuerdos que resultó de la Mesa de diálogo multisectorial, respaldada por Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank. Los acuerdos se finalizaron en noviembre.
Cuatro de esos seis proyectos fueron presentados por el Poder Ejecutivo. Dos fueron, por otro lado, tramitados por diputados antes de que se iniciara el proceso de diálogo.
En esa categoría aparecen la reducción de deuda de los partidos para la campaña política del 2022 (22.177, presentado por el legislador Gustavo Viales y que sigue en trámite de mociones en plenario); y el proyecto que elimina el beneficio de combustibles a los diputados (es el 21.891 y también enfrenta trabas de mociones, fue presentado por la oficialista Paola Vega en marzo).
Firmados por el Ejecutivo aparecen un préstamo de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo que continúa la agenda económica de canje de deuda “cara” (22.131) y el proyecto que crea un fondo de avales para que empresas tengan un respaldo ante el impago de sus créditos (22.144). Estos dos fueron estudiados por la Comisión de Hacendarios.
Por último, hay dos proyectos que renuevan al sector público. Gobierno convocó una reforma a la Ley del Instituto Nacional de Aprendizaje (Ley para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el empleo del futuro, expediente 21.738).
El más reciente de estos proyecto se anunció este jueves para consolidar un convenio de reducción de trámites firmado entre el Ejecutivo y la asociación Horizonte Positivo en mayo pasado (con el nombre Costa Rica Fluye). De acuerdo con información de esa fecha, la organización de empresarios pidió la reducción de trámites en 25 instituciones públicas.
En la actividad en la que se presentó el proyecto fueron invitados en representación de Costa Rica Fluye estuvo Guillermo Matamoros y Álvaro Saborío (vocal de Horizonte Positivo).
“Esta primera convocatoria es un reflejo de los acuerdos alcanzados en un diálogo y debate profundo con los diversos sectores de la sociedad costarricense que aportaron sus ideas y acciones. Se priorizan las medidas urgentes que debemos acometer para la generación de empleo y recuperación económica, que nos permitan enfrentar las consecuencias socioeconómicas por la pandemia. Agradezco desde ya el trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa, que nos permitirá dotar al país y a las poblaciones más vulnerables de legislación que contribuyan a sacar adelante al país”, afirman declaraciones del presidente Carlos Alvarado en un comunicado de prensa.
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Presidente Alvarado anunció además que el proyecto será convocado el día uno de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Incluyen proyectos para mujeres, cultura y pescadores
La lista incluye tres proyectos que amplían definiciones penales de delitos de violencia contra las mujeres (una reforma a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres que presentó la liberacionista Aida Montiel con varias aristas en delitos contra mujeres, 21.793; un endurecimiento a sanciones de femicidios en el Código Penal que presentó la socialcristiana María Inés Solís, 22.100; y una redefinición del “femicidio ampliado”, que presentó la fracción del PAC, 22.158).
En el caso de cultura, aparecen la Ley para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas (21.534) y la Ley de atracción de inversiones fílmicas (22.304).
En la cobertura para pescadores, tras el veto contra la pesca de arrastre, Presidencia enlista dos específicos, una regulación para la pesca artesanal (20.750) y un plan para fortalecer la supervisión de Incopesca en la pesca de atún nacional.
Puede leer la lista completa de proyectos a continuación:
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