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Gobierno presenta proyecto de ley solicitado por el sector empresarial que reduce trámites

Presidente Alvarado anunció además que el proyecto será convocado el día uno de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

El Gobierno presentó hoy un proyecto de ley de simplificación de trámites que salió de las entrañas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la oficina de la diputada liberacionista Silvia Hernández y las cámaras empresariales, según lo indicaron esta mañana las autoridades en conferencia de prensa.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció además que el proyecto de reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (No. 8220) será convocado el día uno de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

Los líderes empresariales que participaron en la presentación del proyecto esta mañana vía la plataforma Zoom, destacaron que lo que más los satisfacía de la iniciativa era el catálogo de trámites, la herramienta para aplicar el silencio positivo y el uso de la declaración jurada. Así lo expresaron José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

También estuvieron presentes Alan Saborío y Guillermo Matamoros, del proyecto Costa Rica Fluye; el ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier; y la legisladora Silvia Hernández.

La ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, explicó el texto del proyecto. Detalló que fortalece el ya existente Catálogo Nacional de Trámites, un lugar de consulta, para que la ciudadanía pueda revisar si el trámite que le solicitan existe o no en un sitio que centraliza la información.

Hernández señaló que incluye la aplicación de la herramienta del silencio positivo, que establece que ante el cumplimiento de todos los requisitos solicitados para la gestión y ante la falta de respuesta por parte de la Administración, el ciudadano tiene por aprobada la gestión.

Asimismo, la jerarca destacó que expande el mecanismo de la declaración jurada para agilizar los trámites y dijo que esto no significa obviar trámites, sino no demorar la apertura de una Pyme, la importación de un producto, el permiso para una construcción.

José Álvaro Jenkins coincidió en la importancia de la herramienta del silencio positivo, que fija los plazos para saber el término máximo de los plazos de trámites porque actualmente “sabemos cuándo comienza pero no sabemos cuándo vamos a terminar con los trámites”.

El presidente Carlos Alvarado argumentó que le gusta que el proyecto de ley pone la responsabilidad donde tiene que estar porque en el caso de la la herramienta del silencio positivo, pone la responsabilidad en las instituciones, y no permite procesos infinitos o sin rendición de cuentas; mientras que la declaración jurada pone la responsabilidad en quienes hacen los trámites diciendo “con esa firma yo doy fe de lo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo en la ruta correcta y solo estoy a la espera de la verificación”.

Origen del proyecto de ley

Victoria Hernández resaltó que las reformas propuestas son parte de un proceso aclamado como parte de las reducciones de las cargas regulatorias al mar de tramitología que existe en el país. Informó que la diputada Silvia Hernández había presentado un proyecto de ley similar, enfocado en el silencio positivo, y que entonces se propuso en conjunto algo con más “potabilidad política” y más “viabilidad estratégica”. Iniciaron entonces un proceso de co-creación, el texto fue validado por el abogado constitucionalista Rubén Hernández.

Según Hernández, “no podemos pedirle a las pequeñas empresas que se formalicen, si a la hora de la hora, es un calvario hacer los trámites”.

Por su parte, Jenkins comentó: “Si hay algo que nos está urgiendo al sector empresarial es la simplificación de trámites, disminuir el exceso de requisitos”. Destacó la importancia de una “reforma del sector gubernamental” donde la facilidad, la simpleza y la disminución de tiempo de trámites sea la regla. “Llevamos muchos años como empresarios esperando esta reforma de ley y este proyecto de ley va en la dirección correcta”.

Egloff afirmó que era fundamental el envío de este proyecto a la Asamblea Legislativa y que ojalá “esté de primero en la agenda de proyectos convocados a sesiones extraordinarias” porque dará mayor seguridad jurídica al sector empresarial.

UNIVERSIDAD solicitó el texto del proyecto; pero no fue posible obtenerlo.

Durante la exposición del mismo, la ministra Hernández mencionó que también incluye una gradualidad en las sanciones para el sector público por obstaculizar licitaciones, contrataciones del sector público o apertura de una Pyme.

Asimismo, se fortalece el rol del ente rector, que es el MEIC, pues dijo que actualmente no tienen posibilidad de llamar a cuentas a quienes imponen numerosos trámites o son responsables de sectores que están sobreregulados, como el de aguas, mencionó.

 

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