Ocho proyectos de infraestructura educativa del fideicomiso con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) yacen incompletos y amarrados a enfrentamientos judiciales.
En medio de la rescisión de sus contratos, la dirección encargada del Ministerio de Educación Pública (MEP) asegura que no formaron parte de los “inconvenientes que hubo con los consorcios” constructores y delega el proceso en el Banco Nacional (BN), quien funge como administrador de los fondos del BID. Este fiduciario no respondió consultas específicas enviadas por UNIVERSIDAD.
El 28 de septiembre, el BN enumeró a este Semanario los ocho proyectos en rescisión. Se pidió la lista después de que se informó sobre el tema en la Asamblea Legislativa. En ese espacio, el ahora exdirector de la Unidad Supervisora del fideicomiso, Geovanny Rodríguez, no identificó a los dos consorcios de la rescisión.
De acuerdo con el BN, siete de los proyectos fueron adjudicados al consorcio Ideco-Ruco-GCI (que recibieron un total de 14 por poco más de $22 millones) y uno al consorcio JCB-Rock Construction ($7,7 millones).
En el primer consorcio, su abogado argumenta que las obras dejaron “en la quiebra” a las tres empresas asociadas.
En el segundo caso, las obras estaban inicialmente ligadas al empresario Juan Carlos Bolaños, ahora liberado de la prisión preventiva del caso conocido como “cementazo”, y Rock Construction. Existe un expediente relacionado con el fideicomiso, accionado por Bolaños, en la Fiscalía de Fraudes.
De este último, UNIVERSIDAD pudo constatar, incluso desde marzo, que la construcción está en abandono. Un síndico de la Municipalidad de Desamparados afirmó que lleva “siete meses” en ese estado.
MEP asegura que obras seguirán en el 2021
Los dos consorcios de la rescisión aparecen en un informe de labores de Geovanny Rodríguez del 2018, mencionados como “licitaciones (a) las cuales ha sido necesario seguirles el ritmo puntualmente”.
Pese a esta observación, el nuevo director de la Unidad Supervisora del MEP, Carlos Alberto Rodríguez, asegura que la responsabilidad de los proyectos es solo del Banco Nacional y que “en ningún momento ha habido una situación que podamos calificar de mala gestión”.
Se solicitó información del Banco Nacional sobre el dinero ejecutado de los $167,5 millones del BID y sobre cómo pagarán los procesos legales pendientes. Esta consulta, junto con otras, no fue resuelta.
En el MEP, Rodríguez asumió su puesto a mediados de octubre y afirma que quedan “alrededor de $20 millones” del fideicomiso. Esta respuesta fue respaldada por el arquitecto de la Unidad Supervisora del MEP, Alejandro Granados. No obstante, en septiembre, el exdirector de la Unidad Supervisora afirmó a los diputados que quedaban $7 millones de casi $168 millones (¢101 mil millones).
Por su parte, Rodríguez asegura que la legalidad pendiente con los ochos proyectos “no para el asunto” y que se usarán ₡10.500 millones del MEP para terminarlos. Ese dinero está en caja única del Estado y se reservó “para efectos de realizar los repagos de los terrenos que se habían adquirido para construir obras”.
“El objetivo del Ministerio es que las obras se concluyan con los recursos disponibles. En estos momentos estamos afinando esos números (…) Estamos en el plazo y estamos trabajando muy duro para que, al 31 de diciembre, podamos tener la cuantificación del costo de esas ocho obras y que queden debidamente cristalizadas para finalizar en el próximo año”, afirmó Rodríguez en entrevista con UNIVERSIDAD.
Mayor adjudicatario persigue demandas contra fideicomiso
De los 103 proyectos del fideicomiso, una mayoría de 14 son del consorcio Ideco-Ruco-GCI. Sobre el abandono, el abogado litigante Wálter Brenes, afirma que “las cosas se salieron completamente de control, simple y llanamente porque no se logró llegar a un acuerdo económico sobre la obra que hacía falta”. Brenes dice que fueron las empresas quienes solicitaron la rescisión de dos licitaciones.
Brenes afirma que si el Fiduciario (Banco Nacional) hubiese pagado “las diferencias que existían, habríamos logrado terminar cinco proyectos más”, entre ellos, la obra de la Escuela de Enseñanza Especial en Santa Ana que “está 100% terminado a nivel operativo, el Fideicomiso no lo quiso recibir porque había una discusión de temas que no estaban en planos”.
Describe que se acumularon retrasos “de hasta dos años” con cambios en los planos. En la Escuela La Azul, en Turrialba, afirma que un voto de la Sala Constitucional detuvo las obras porque “a la par teníamos una problemática de aguas”. En el Liceo Rural de Santa Rosa “un vicio oculto terminó costando $1 millón la obra adicional y eso era el costo del proyecto constructivo”.
“Terminamos peleando, por lo bajo, una diferencia de $6 millones en administrativos y facturas dejadas de pagar. Vamos encaminados a tres demandas en Contencioso Administrativo por todos estos proyectos. Esta información el Fideicomiso ni siquiera se la ha querido comunicar a los diputados”, aseguró Brenes.
Colegio estuvo abandonado todo el 2020
UNIVERSIDAD consultó al MEP sobre cómo se involucraron las comunidades afectadas.
“Las Juntas no tienen ningún papel, en el sentido de la toma de decisiones. Es una situación que se da en los términos del contrato del fideicomiso y, obviamente, las juntas conocen el rumbo que ha seguido el desarrollo de todo el programa y se le dan explicaciones muy parecidas a lo que le estamos diciendo hoy día”, afirmó el director de la Unidad Supervisora del MEP.
En el caso del Colegio Sotero González, el síndico del distrito de San Juan de Dios de Desamparados afirmó que la Municipalidad está involucrada. Para agosto del 2019, el gobierno local informó que había 72% de las obras.
“Los atrasos están perjudicando demasiado a la comunidad porque (la matrícula) en San Rafael Abajo está saturada, Aserrí está saturado. Nuestra gente, casi teniendo el colegio con un 75% avanzado, no se le está dando la posibilidad porque el MEP no le ha dado seguimiento”, afirmó el síndico Auriel Abarca.
Se buscó a Juan Carlos Bolaños, contraparte del consorcio que originalmente asumió esta construcción. Se recibieron documentos que constatan que hay un proceso legal contra su antigua asociada Rock Construction y, además, un expediente en la Fiscalía Adjunta de Fraudes que ratificó el proceso de investigación en agosto del 2020.
8 proyectos en rescisión según Banco Nacional
Esta fue la única información enviada por el Fideicomiso a finales de septiembre.
| Consorcio Ideco-Ruco-GCI | Escuela de Enseñanza Especial de Santa Ana
Escuela La Azul de Turrialba Escuela La Hermosa de Pérez Zeledón Liceo Rural de Santa Rosa en Oreamuno Cancha del CTP Santa Lucía en Paraíso Cancha del CTP 27 de Abril en Santa Cruz Cancha del CTP de Nicoya (el consorcio dice que esta obra no es suya) |
| Consorcio JCB-Rock Construction | Unidad Pedagógica Sotero González en Desamparados |
