Un grupo liderado por la académica de la Universidad de Costa Rica (UCR), Esperanza Tasies, solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de artículos de Ley Reguladora del Mercado de Valores, entre otras normativas que ocultan la identidad de los tenedores de deuda pública.
La acción fue presentada a la Sala Constitucional, este lunes, después de que este órgano diera un plazo de 15 días hábiles para que se presentara dicho trámite.
Los magistrados de la Sala IV sugirieron la acción “contra los artículos 108 y 119 inciso c) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 12 del Reglamento sobre los Sistemas de Anotación en Cuentas”.
Sala IV invita a académica y estudiantes de UCR a presentar acción de inconstitucionalidad contra confidencialidad de tenedores de deuda
Miembros de Sede de Occidente habían presentado recursos de amparo ante negativa de Banco Central y Hacienda de revelar nombres e identificación de los dueños de bonos de deuda pública
El documento presentado a la Sala, y del cual tiene copia UNIVERSIDAD, enumera, además de esos artículos, otra normativa conexa en el Reglamento de Compensación y Liquidación de Valores; el Reglamento de Custodia de la Superintendencia General de Valores; y el Reglamento del Sistema de Pagos.
La acción de Tasies asegura que “lesionan gravemente el interés difuso a la fiscalización de los fondos públicos (también llamado buen manejo de la hacienda pública)” y, por el caso particular afirma que “se violentan específicamente los principios constitucionales de acceso a la información pública, participación política, transparencia y publicidad administrativas”.
“Cuando se trata de intereses públicos, de intereses generales o difusos, como es este caso, no puede privar el interés privado sobre el interés público. Nosotros pensamos que ese es el gran hilo conductor. El propio Fondo Monetario Internacional, lo mencionamos en el recurso, ha dicho que debe haber transparencia en relación con los tenedores de bonos de deuda pública. (Banco Central y el Ministerio de Hacienda) no pueden estar alegando lo contrario”, afirmó la académica Esperanza Tasies.
La acción de inconstitucionalidad afirma que es “indispensable” una auditoría que refleje el crecimiento de la deuda interna del país.
“Se hace imprescindible identificar las estrategias de captación de nuevos recursos, las estrategias jurídico-políticas de negociación, el rango de créditos que potencialmente pueden ser reestructurados (eligible claims), las demandas nacionales e internacionales también esperables, el perfil de los acreedores, en resumen, todo una serie de reflexiones y deliberaciones políticas, económicas y jurídicas (incluyendo la correspondiente rendición de cuentas) para las cuales se requiere contar con datos como la fecha de la contratación, el valor nominal, la fecha de vencimiento y la identidad del acreedor titular del crédito”, dice el documento del grupo universitario.
El plan de Tasies es, prontamente, iniciar una auditoría académica de la deuda interna.
De acuerdo con la académica, su iniciativa recibirá “apoyo de un equipo audiovisual de la vicerrectoría de Acción Social para generar información y audiovisuales”.
“La Comisión de Investigación de la sede de Occidente tiene en sus manos la actividad, coordinada por el profesor y abogado Martín Rodríguez, para iniciar a plantear una auditoría de la deuda interna de Costa Rica. Esto como un producto académico, con un equipo de investigación interdisciplinario de seis personas. La Comisión tiene la respectiva actividad de investigación para su aprobación”, aseguró Tasies.
Sobre el tema de la deuda pública, recientemente UNIVERSIDAD investigó que existen tenedores de deuda entre bancos y cooperativas que perciben hasta 12,5% de interés por sus bonos. Asimismo, este semanario publicó sobre cómo estos intereses se multiplican entre el 168% y el 453%, respectivamente: por las tasas de interés que pagan los bancos a sus ahorrantes y por las tasas de interés que cobran en sus préstamos.
Bancos multiplican intereses de deuda pública en ganancias de hasta 168%
UNIVERSIDAD calculó las grandes diferencias que existen entre los intereses que los bancos le cobran al Ministerio de Hacienda, los que cobran a privados y lo que devuelven a sus ahorrantes.
Este mismo lunes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dirigió una carta abierta a las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda solicitando información sobre el pago de los intereses de la deuda pública del país.
