Tras dictaminar el texto de la Ley Marco de Empleo Público (21.336) en noviembre, el Gobierno y un grupo de diputados trabajaron con el abogado Rubén Hernández Valle para modificar el transitorio que aplica salario global a antiguos y nuevos empleados públicos.
De acuerdo con una entrevista con el abogado constitucionalista, Hernández Valle también aportó la información para limitar las convenciones colectivas negociadas con las personas trabajadoras y que estas cuenten con una norma que “prohíba que por vía de convención colectiva se puedan crear nuevos pluses salariales”.
Hernández Valle asegura que un grupo externo a la Asamblea Legislativa le pidió asesorar a los diputados. Trabajó con los despachos de los liberacionistas Silvia Hernández y Wagner Jiménez. Rechazó identificar si este grupo pertenece al sector público o privado; asimismo, negó que fuera una solicitud del Gobierno. De acuerdo con esta entrevista, Hernández dijo que no se le pagó por su asesoría.
Hernández Valle fue magistrado suplente de la Sala Constitucional (1991 a 1993) e interpuso una de las acciones de inconstitucionalidad que, posteriormente, permitió la reelección del expresidente Óscar Arias Sánchez en el 2006. Es reconocido miembro del bufete Oller Abogados y también columnista de La Nación, en donde, desde octubre escribe y opina en notas informativas sobre cómo restringir las convenciones colectivas.
“A mí lo que me pidieron fue ir a una reunión. Un grupo de personas me pidieron ir a una reunión, un grupo de gente amiga de los diputados, y llegaron diputados de todos los partidos. Eso fue algo privado, me pidieron que fuera a eso y yo tengo que respetar la voluntad de ellos. Ya le dije que no, me pidieron que no revelaran los nombres, ellos me lo pidieron, es una cuestión privada. No le voy a decir nada más sobre eso. Ahí me quedo, le digo que no puedo decirle”, aseguró el abogado a UNIVERSIDAD.
El abogado dijo que Silvia Hernández y Wagner Jiménez presentaron las mociones que él ideó. UNIVERSIDAD buscó a ambos legisladores para confirmar la información. Wagner Jiménez confirmó que tuvo reuniones en Zoom con el abogado. No obstante, no fue posible comunicarse con la diputada Hernández pese a que se le llamó a su número de celular varias veces.
“Ella (Silvia Hernández) me consulta. Obviamente, como yo no puedo presentar mociones porque no soy diputado, ella acogió esas mociones que yo sugerí, las ideas que hice, ellas las convirtió en mociones y las presentó. Ella presentó las del salario global y Wagner Jiménez presentó las de las convenciones colectivas”, explicó el abogado Hernández.
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El diputado Jiménez afirmó que desconoce quien sugirió al abogado Hernández su asistencia en la Comisión de Gobierno y Administración. A su despacho, dijo, llegó recomendado por su asesor Miguel Guillén.
“No sabría porque yo no conozco cuáles son los amigos que don Rubén tiene. La reunión que tuve con él fue por Zoom”, afirmó Jiménez.
En una de cinco mociones, Wagner Jiménez propone prohibir “las convenciones colectivas en las instituciones estatales que realizan gestión administrativa directa, incluidas las Municipalidades, las universidades y la Caja Costarricense del Seguro Social”. En otra moción, que excluye a las empresas estatales en competencia, Jiménez escribe que “la negociación colectiva no es un principio del empleo público sino más bien del empleo privado”.
“El primero que está planteando aprobar Empleo Público por sus rendimientos es el Gobierno, el Poder Ejecutivo presentó una hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional y establece que, efectivamente, Empleo Público es el que genera mayores rendimientos en el corto, mediano y largo plazo”, explicó el diputado Wagner Jiménez en entrevista.
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Abogado asistió a reuniones que no fueron públicas
Según el abogado, fue el diputado oficialista Víctor Morales, presidente de la Comisión de Gobierno que estudia el expediente, quien lo llamó para resolver las dudas de los diputados. Estas dudas fueron resueltas en sesiones de trabajo que no forman parte de las transmisiones ni las actas del congreso.
“Exactamente, él me llamó para estar presente en la Comisión de Gobierno y Administración”, afirmó ante preguntas de este semanario.
“Se requería explicarles a los diputados que no entendían por qué se tenía redactar de esa forma. De que la única que tiene sentido es hacerlo así: que los trabajadores actuales, que tienen un salario inferior al que corresponde a su categoría, estos siguen con salario compuesto hasta que se equipare al salario que les corresponde (global)”, afirmó el abogado.
El abogado afirma que disputó la redacción del transitorio XI, que describe este procedimiento de migración a un régimen único de empleo para todo el sector público (instituciones de Gobierno central, instituciones autónomas e inclusive empresas públicas). El transitorio que se dictaminó en la comisión lo presentó el despacho del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca. Hernández aboga por congelar los salarios que superen el salario global (un monto que Gobierno aún no ha definido para el trámite del proyecto).
“Si se aprueba el transitorio tal y como está, en lugar de ahorro va a haber un aumento (de gasto). En tres o cuatro años, cuando todos estén equiparados al salario global, el ahorro anual va a ser de ¢430 mil millones, que es un montón de plata. Eso es lo que está apostando el proyecto del Poder Ejecutivo para llevar al Fondo Monetario Internacional, es casi un punto del PIB”, explicó Hernández Valle a este medio.
Ahora, la moción que incluye su plan lleva la firma de la liberacionista Silvia Hernández, quien no forma parte de Gobierno y Administración pero preside la Comisión de Hacendarios, que auscultó y propinó un recorte de ¢162 mil millones al Presupuesto Nacional del 2021 (en un trámite que, además, congeló un total de 2.126 plazas, la mayoría de ellas negociadas en una convención con las cocineras de los comedores del Ministerio de Educación).
El diputado Wagner Jiménez explicó a este semanario que recibió asesoría del abogado Hernández Valle por Zoom y que sus mociones son una “regulación” de las convenciones.
El liberacionista aseguró que trabajó con Hernández Valle “porque es un abogado reconocido y porque es uno de los que más ha expresado opiniones en el ámbito de la opinión pública”.
“No tengo amistad con él, simplemente tenemos un contacto de carácter profesional, es una persona que brinda asesoría, no solo a este diputado sino a varios diputados cuando se le consulta”, explicó Jiménez.
El liberacionista también mencionó que el diputado Víctor Morales informó, en calidad de presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, que la próxima semana, mientras Gobierno negocia con el FMI, la Asamblea Legislativa analizará la viabilidad técnica y política de los cambios propuestos para la Ley Marco de Empleo Público.
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