Alrededor de 85 mociones esperan el regreso de la Asamblea Legislativa, el 11 de enero, para modificar los dos temas transversales del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336): recortar los montos que paga el Gobierno en planilla y restringir las negociaciones colectivas entre sindicatos y su respectivo patrono público.
“El tema es que con salario único, uno sabe que existe un interés estrictamente financiero. El tema de las convenciones colectivas no pasa por un tema de interés fiscal sino que es un tema ideológico. Es un tema para arrebatarle a los sindicatos el mecanismo de negociación colectiva, que es lo que les da poder de negociación y de gestión representativa. Si fuera un tema de fondos públicos, estarían preocupados por las transferencias que hace el Estado a las asociaciones solidaristas a través de los aportes de las cesantías. Se comprometen allí muchísimo más dinero que por convenciones colectivas”, afirma el abogado laboralista Esteban Calvo.
“Todo el esquema de libertad sindical tiene tres componentes: la libertad de asociación, que no se puede cercenar porque sería escandaloso. Los otros derechos son el derecho a la huelga, ya lo cercenaron. Ahora queda la negociación colectiva. Los sindicatos van a quedar como monigotes, sin capacidad de incidir en la determinación del juego”, advierte Calvo.
Algunas mociones que planifican nuevos límites para la negociación colectiva provienen de Wagner Jiménez; Silvia Hernández; Yorleni León (todos de Liberación Nacional) y de Pablo Heriberto Abarca (Unidad Social Cristiana). Todas ellas deberán recibirse en la Comisión de Administración y Gobierno, después de que termine el receso legislativo.
Por ejemplo, Jiménez propone prohibir “las convenciones colectivas en las instituciones estatales que realizan gestión administrativa directa, incluidas las Municipalidades, las universidades y la Caja Costarricense del Seguro Social”.
Jiménez y Hernández, en distintas propuestas, establecen dejar vencer las convenciones y prohibir su renovación. El diputado Jiménez interpreta que “Las convenciones colectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento según el artículo 191 de la Constitución Política y el artículo 6 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene rango superior a la ley” (ninguno de esos artículos citados incluye la prohibición).
Abarca cuenta con una única propuesta que limita cuáles temas de negociación pueden establecerse en las convenciones. Entre ellos, modificar salarios, crear “incentivos o compensaciones, o pluses salariales”, nuevas plazas y mantiene abierta la posibilidad de otros casos que requieran recursos del presupuesto nacional, además de excluir, de forma general, “Normas de carácter prohibitivo contenidas en la presente ley”.
En el caso de Hernández, la diputada también incluye distintos planes para que el salario global únicamente aplique a los trabajadores de reciente ingreso. Esto lo hace congelando el salario tanto de empleados que ganan más como los que ganan menos, hasta que se equiparen al eventual régimen de salario global (quienes ganan por encima de ese referente “únicamente recibirán incrementos por concepto de aumento de coste de vida sobre su salario base”, propone la diputada).
En algún momento, el sector público podría tener personas trabajadores que realizan las mismas tareas pero con regímenes salariales completamente diferentes.
“No es fácil, la única forma de migrar a un salario único es con un proceso gradual y va a tomar años. Nadie está claro de cómo se puede implementar. Es evidente que va a generar muchos problemas prácticos y jurídicos. Vamos hacia una judicialización del empleo público, sin antecedentes. No sé cómo hará el Poder Judicial con la avalancha de reclamos y demandas”, prevé el laboralista Esteban Calvo.
En el tema de convenciones, la liberacionista Silvia Hernández plantea que “personas servidoras públicas que posean incentivos, sobresueldo, pluses o remuneración adicional, producto de una negociación colectiva o de contratos particulares (…) éstos se respetarán hasta la finalización de dichas convenciones o contratos y no podrán ser extendidos en caso de que la convención se prorrogue por falta de denuncia”.
“A los funcionarios públicos de nuevo ingreso que tengan salario global no les aplicarán las cláusulas de la convención colectiva que de forma alguna impliquen una modificación o afectación del esquema de remuneración global”, propone la diputada liberacionista.
