¿Cuánto pagará el Estado por migrar a las 278.497 personas que trabajan en el sector público hacia un régimen de salario único? ¿Cuántas instituciones jurídicamente autónomas deberán modificar sus leyes constitutivas para adaptarse al cambio? Si el Ministerio de Planificación (Mideplan) asume la rectoría de todo el empleo público, ¿pueden las personas trabajadoras buscar criterio de tribunales laborales para proteger sus derechos? Pero, si el empleo de esos mismos tribunales lo nombra el Mideplan, ¿el criterio de los jueces será igual de independiente?
Un proyecto de ley que fue dictaminado en noviembre no es el origen de todas esas preguntas sin respuesta, sin embargo, las azuza. El proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) vive un pausa, de cara a una negociación para aprobar el plan en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo lo omitió de la primera convocatoria de sesiones extraordinarias para beneficiarse de conversaciones informales con sus opositores sindicales, y con participación del Mideplan, el Ministerio de Trabajo y diputados.
“El proyecto lo están usando como eventual moneda de cambio en futuras negociaciones con el FMI. Quieren decirles que nos vamos a ahorrar tantos millones en salarios y esa platita la vamos a usar para el pago del crédito. Por eso tanta urgencia en aprobarlo”, Esteban Calvo.
No obstante, especialistas consultados por UNIVERSIDAD prevén que la forma en la que los poderes Ejecutivo y Legislativo abordan la contención del gasto público, y el recorte al gasto de los salarios, desemboquen en más desigualdad socioeconómica para el país y eventuales violaciones a la seguridad jurídica del trabajo.
Esto ocurre, justo cuando el país encara una pandemia que frena las economías del trabajo privado y, también, cuando el Gobierno persigue financiamiento presupuestario del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con su “mejor” cara, la cara de un país que ahorra en medio de una crisis mundial.
Laboralistas atacan usar salarios como herramienta fiscal
“Los objetivos de estos proyectos de empleo público son dos y nada más que dos, todo lo demás es un adorno. Son, primero, devolverle al Ejecutivo una concentración de poder que perdió en 1949 y que le permita establecer condiciones de trabajo unilateralmente para los empleados públicos sin importar lo que opinen sus empleados”, describe el abogado laboralista y académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mauricio Castro.
“El segundo objetivo es establecer mecanismos para determinar las condiciones salariales de empleados públicos que le permitan a ese Poder Ejecutivo, muy poderoso, congelar salarios, disminuir salarios y disminuir el volumen del empleo público cuando lo estime pertinente. De manera tal que el empleo público y sus salarios van a representar una variable de ajuste para el déficit fiscal. Con eso cargan la discusión del lado del gasto y evitan discutir el lado de las grandes empresas y los grandes capitales que tienen su plata en paraísos fiscales, Panama Papers, evasión, elusión, renta y mundial y todos esos componentes”, explicó Castro.
Castro afirma que antes de la Constitución Política de 1949, la contratación pública corría por el Poder Ejecutivo, de forma “omnipotente”, sin rectoría de una Contraloría General de la República ni una Dirección del Servicio Civil.
“Hay letra menuda en los artículos pero, en términos generales lo que se cuestiona es que un proyecto que pretende un modelo de relaciones de empleo en el sector público de corte muy autoritario, sin dar espacio o cabida a las negociaciones a través de organizaciones representativas, como los sindicatos. Hay mociones (al proyecto) para eliminar convenciones colectivas”, advierte otro laboralista, Esteban Calvo.
Calvo dice que el Gobierno usó el tema de empleo público para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y seguir recomendaciones sobre la dispersión que tiene el país en regímenes de empleo.
“El proyecto lo están usando como eventual moneda de cambio en futuras negociaciones con el FMI. Quieren decirles que nos vamos a ahorrar tantos millones en salarios y esa platita la vamos a usar para el pago del crédito. Por eso tanta urgencia en aprobarlo”, añadió el abogado.
Según la Ley de Empleo Público que tramita el Ejecutivo con sindicatos y diputados, la rectoría vuelve al Ejecutivo, por medio de Mideplan, para que determine manuales, mecanismos de evaluación de desempeño, entre otros. La autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda definirá el tamaño de salarios de todos las 278 mil personas que trabajan en el sector. Por esta razón, Calvo advierte un “uso clientelar” de esas potestades, sobre todo con eventuales liderazgos políticos autoritarios.
El actual plan de Empleo Público levanta el impedimento que tiene el poder político para “meter mano” en la burocracia y usarla como un “botín político” como advierte, por su parte, el laboralista Mauricio Castro.
Esto, además, en aras de proporcionar el máximo beneficio ulterior de administrar el empleo público de forma concentrada: contraer el gasto público que termina en bolsillos de empleados y empleadas.
Asamblea abraza ajuste al gasto (de salarios)
Superado el diálogo multisectorial que convocaron juntos el presidente Carlos Alvarado y el presidente legislativo Eduardo Cruickshank, una única de las 58 propuestas contempla una revisión tributaria a las riquezas, bajo el nombre de renta global dual, es decir, que no toca las utilidades pasivas por intereses de fondos, por alquileres de propiedades ni dividendos (todas ellas son rentas que obtienen los deciles más ricos del país). Aún no existe un proyecto de ley con este propósito.
Sin embargo, sí existen ideas y planes para contraer al sector público, congelando plazas y restringiendo, al menos, el pago de anualidades.
La semana pasada, el plenario aprobó, con solo dos votos en contra, un recorte neto por ¢162 mil millones al Presupuesto Ordinario del 2021. El Ministerio de Hacienda certificó hasta horas antes del segundo debate para el proyecto que se cerraron un total de 2.126 plazas.
Un grueso de 2.000 de ellas corresponden a las cocineras de los comedores del Ministerio de Educación y que serán contratadas por las juntas que administran escuelas y colegios, según asegura la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández.
“La única promesa que ha hecho el Gobierno para contención del gasto fue un proyecto de empleo público, que sigue sin avanzar por ningún lado. El problema serio que tenemos, de fondo, son los disparadores del gasto. No sé si su enfoque es señalar que en la Asamblea los problemas de realidad fiscal y de ajuste los quiere atacar por el lado del gasto, si eso es así, desde luego. Los problemas fiscales son por el problema de gasto”, afirmó Hernández en entrevista.
Los ajustes, insisten otros diputados de oposición que abrazan el recorte al gasto, deben ser “estructurales” para reducir disparidades. Insisten en que una reforma para el empleo público generaría ahorro porque elimina el crecimiento de incentivos de salario.
Pero, al hacerlo, también violenta las autonomías de instituciones que están determinadas de forma constitucional. Como solución, el Gobierno maneja sacar algunas de las familias de empleo del proyecto (se menciona el Poder Judicial por su incidencia en la independencia de criterio de sus funcionarios).
“El proyecto de Gobierno desmantela al Servicio Civil. El proyecto nuestro no solo no desvalida al Servicio Civil sino que le da autonomía. Tiene que ser el Servicio Civil quien lleve esa supervisión y no un órgano político como el Ministerio de Planificación”, afirma el socialcristiano Pedro Muñoz, quien sostiene que, en ninguno de los dos planes de empleo se afectan salarios ni se contrae el sector público.
“No es para reducir, es para evitar el crecimiento exponencial (de salarios): es sobre contener y no reducir”, sostiene Muñoz.
Por otro lado, el socialcristiano afirma que los diputados no deben intervenir en temas de convenciones colectivas, pese a un criterio de la Procuraduría General de la República que da potestades a los diputados para eliminarlas o reformarlas (y que, según mociones pendientes en plenario al proyecto de Empleo de Gobierno, son algunas ideas que todavía no se descartan). En este tema, los laboralistas consultados también advierten violaciones a la constitucionalidad y protección internacional de la negociación colectiva. Cerca de la mitad de empleados públicos trabajan sus contratos bajo convenciones colectivas.
Debilitar al sector público sin cifras
En la discusión de que el país gasta mucho y con pocos ingresos (el déficit fiscal para cerrar el 2020 se estima en 9.4 % del PIB), el sector público enfrenta una discusión contable que omite que el Gobierno brinda servicios para la ciudadanía con la mano de obra de sus trabajadores.
No hay proyecciones sobre cómo funcionarán los servicios y las responsabilidades sociales del Estado con los susodichos cambios estructurales.
“El recorte fiscal va a tener consecuencias fuertes sobre el crecimiento económico. El recorte para el 2021 es del 1,5% del PIB y con los efectos multiplicadores que esto tiene en todo el resto de la economía, la caída del PIB puede andar por 4 puntos porcentuales o algo más. Eso es otro golpe, además de la pandemia”, afirma el oficialista Welmer Ramos, quien, junto con el frenteamplista José María Villalta, rechazó recortes y, también, votó en contra del Presupuesto Nacional 2021.
Ramos, en plenario, reitera que se necesita una “reforma tributaria que ponga a pagar a grandes sectores al margen de la tributación”. No obstante, estas intervenciones tienen poca simpatía por diputados de la oposición, críticos del aparato estatal.
“Los grandes medios de comunicación nos han satanizado, a las instituciones y a los trabajadores del sector público, de emitir opiniones de que somos responsables de las desgracias de este país”, opina Luis Chavarría, dirigente de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Chavarría asegura que, la semana pasada, Gobierno acordó frenar el proyecto de Empleo Público para abrir la discusión a sindicatos (aunque se hizo después de que el proyecto se dictaminó en la Comisión de Gobierno y Administración). Participaron, según dijo, miembros del Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), representantes de sindicatos de la CCSS, entre otros. Undeca aceptó esta negociación porque los sindicatos son “los legítimos representantes de los actores” del plan de empleo. Sin embargo, mantienen desconfianzas en la política pública impulsada para reducir el gasto.
“¿Cuánto ha sido el aporte que han dado los trabajadores del sector público por estas leyes aprobadas que, según tengo entendido, anda por arriba de los $300.000 millones? Mientras, la evasión y el fraude fiscal no son tocadas absolutamente en la Asamblea Legislativa. Ni los diputados ni el mismo Gobierno tienen cuantificado que los sindicatos fueran a demandar esto, no se imaginan cuál sería el costo del Gobierno en demandas a nivel nacional y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, reclamó Chavarría en entrevista.
De hecho, la más reciente estimación que existe del impacto de aplicar indiscriminadamente la Ley de Empleo Público, es un criterio de la Contraloría General de la República y dice que la migración al salario global, tal y como está dentro del proyecto (que plantea que es optativo para evitar una pugna legal por la obligatoriedad de la medida, pero congela el crecimiento de los salarios más onerosos), podría aumentar los presupuestos de salarios: entre un 1% y 5% para el Gobierno Central.
En moneda, el costo de implementar, resolver inconstitucionalidades y, finalmente, ajustar el sector público hacia una nueva normalidad, sigue indefinido.
Silvia Hernández (PLN)
Presidenta de la Comisión de Hacendarios sobre futuros presupuestos extraordinarios: “Nosotros no estamos partiendo de la idea de que el Gobierno va a venir a justificar (en presupuestos extraordinarios) una compensación por ¢152 mil millones porque sino sería una farsa lo que le vendió a Costa Rica y lo que salió de esas mesas de diálogo como único elemento de contención del gasto. El Gobierno no se ha acercado a plantear ningún tipo de prioridad sobre el Ministerio de Seguridad”.
Pedro Muñoz (PUSC)
El promotor de un segundo proyecto de empleo público dice sobre beneficios fiscales:
“Estoy en contra del levantamiento de exenciones para zonas francas, esos temas hay que verlos dentro de un paquete. El Gobierno nos da pinceladas y no una visión integral de lo que se va a hacer. No podemos seguir legislando a punta de parches. Estamos distribuyendo pobreza. Hace falta saber cómo vamos a volver a encender la economía, no podemos hablar de redistribuir la riqueza cuando tenemos una economía quebrada y hecha añicos”.
Welmer Ramos (PAC)
Diputados que rechazó recortes para el presupuesto sobre su visión económica:
“Política tributaria redistributiva y política fiscal expansiva, en inversión, programas sociales y de corto plazo, para atender la crisis. Podemos desmontar los gastos cuando pasen los efectos de la pandemia. Es urgente que el país dinamice la forma en que ejecuta la infraestructura pública. Eso tiene efectos multiplicadores para encadenamientos productivos”
Sector público tiene 29 convenciones colectivas
Las convenciones colectivas están protegidas por el artículo 62 de la Constitución Política que afirma que tienen fuerza de ley y se negocian “entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”, con normas que se aplican en los contratos de trabajo.
Son un mecanismo de negociación colectiva, un derecho fundamental incluido en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT explica que regulan derechos y responsabilidades de patronos y empleados.
Nombre | Tipo de institución | Estado | Plazas ocupadas |
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) | Ministerio | Vence el próximo 20 de diciembre | 706 |
Imprenta Nacional | Adscrita a Ministerio de Gobernación | Vence en marzo del 2021 | Sin datos |
Ministerio de Educación pública (MEP) | Ministerio | Denunciada en el 2020 | 85.244 |
Consejo Nacional de Producción (CNP) | Adscrita a Ministerio de Agricultura | Denunciada en el 2020 | 493 |
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) | Autónoma | Vence el próximo 23 de diciembre | 117 |
Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) | Autónoma | Vence en el 2022 | 3.907 |
Universidad De Costa Rica (UCR) | Autónoma | Vence en junio del 2021 | 9.073 |
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) | Autónoma | Vence en enero del 2022 | 1.922 |
Banco Nacional De Costa Rica | Autónoma | Vence en febrero del 2022 | 5.162 |
Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) | Autónoma | Vence en mayo del 2022 | 3.907 |
Universidad Nacional (UNA) | Autónoma | Vence en abril del 2023 | 2.903 |
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) | Autónoma | Vence en enero del 2023 | 55 |
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) | Autónoma | Vence en marzo del 2023. Hay una renegociación en homologación por el MTSS. | 321 |
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) |
Autónoma | Denunciada en el 2012 | 2.898 |
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) | Autónoma | Denunciada en el 2017 | 1.900 |
Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A. (SINART) | Autónoma | Denunciada en el 2017 | 236 |
Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) | Autónoma | Denunciada en el 2018 | 597 |
Registro Nacional | Autónoma | Denunciada en el 2018 | 607 |
Banco de Costa Rica (BCR) | Autónoma | Denunciada en el 2019 | 4.004 |
Junta de Protección Social (JPS) | Autónoma | Denunciada en el 2019 | 425 |
Bomberos De Costa Rica | Autónoma | Denunciada en el 2019 | 1.121 |
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) | Autónoma | Denunciada en el 2019 | 1.672 |
Banco Popular de Desarrollo Comunal | Autónoma | Denunciada en el 2020 | 3.618 |
Correos de Costa Rica | Autónoma | Denunciada en el 2020 | Sin datos |
Instituto Nacional de Seguros (INS) | Autónoma | En homologación | 2.490 |
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) | Autónoma | En homologación | 446 |
Banco Central de Costa Rica | Autónoma | En homologación | 689 |
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) | Autónoma | En homologación | 599 |
Total de funcionarios | 135112 | ||
Porcentaje de planilla ocupada | 46,93% |