La Asamblea Legislativa retomará como prioridad la Ley Marco de Empleo Público (21.336) en su primera semana de labores del 2021, según urgieron a los diputados las ministras de Presidencia, Gianinna Dinarte; y Planificación, Pilar Garrido.
En una presentación realizada en Casa Presidencial, el martes 5 de enero, el Gobierno expuso que confía en una última versión del texto que se arregló después de dictaminar el expediente en la Comisión de Gobierno y Administración.
El recorte generado por un régimen unificado y restringido de planilla pública representa, según proyecciones del Gobierno, un 45% del gasto que esperan eliminar este 2021. El texto sustitutivo logrará esto congelando aumentos salariales por 12 años, cuando solamente se reconocerá el aumento de costo de la vida para los empleados públicos que tengan, hasta esa fecha, un salario compuesto menor al salario global (un monto que se definirá posteriormente, después de la aprobación de la ley, entre la Autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación).
Este nuevo texto, también, congela las anualidades: este monto solamente se reconocerá si el salario compuesto es menor al global.
Esto significa que, en medio de dos trimestres en los que la tasa de desempleo osciló entre 24,4% y 21,3%, el empleo público no es una estrategia de empleabilidad para la actual administración. Estas estimaciones, además, forman parte de las negociaciones que se ofrecerán al Fondo Monetario Internacional (FMI), el próximo 11 de enero.
En la misma línea, los diputados deberán definir si eliminan las convenciones colectivas o si las mantienen únicamente para las empresas públicas que participan en competencia.
La legisladora independiente Zoila Volio, miembro de la Comisión de Gobierno y Administración, explicó a UNIVERSIDAD que fueron “cuatro o cinco reuniones muy intensas, de largas horas negociando”.
“Dentro de la Comisión, varios diputados nos reunimos muchas veces en tipo talleres y sí fuimos construyendo y modificando el texto que habíamos dictaminado. Le incorporamos mejoras que había recomendado (el abogado y columnista de La Nación) Rubén Hernández. Es un texto muy trabajado, muy consensuado y mejorado con los insumos de Rubén Hernández y de todos. Ha sido bastante intenso”, explicó la diputada Volio.
Esta diputada detalló que el sustitutivo fue trabajado con la ministra Pilar Garrido y sus asesores; el oficialista Víctor Morales (presidente de Gobierno y Administración) los diputados liberacionistas Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca, Silvia Hernández y David Gourzong; la diputada de Restauración Nacional, Mileidy Alvarado; el socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca; y, también el independiente del bloque Nueva República, Jonathan Prendas.
Prendas, Abarca y los liberacionistas recibieron aportes del abogado Rubén Hernández, explicó Volio. Se le preguntó a la diputada si Hernández participó como uno de los asesores del Gobierno.
“A través de la participación de algunos diputados fue que se incorporaron las sugerencias o preocupaciones que él (Hernández) tenía. Él no es asesor del Gobierno, es bastante cercano a algunos diputados. El tema de él, que le preocupaba, es el salario global que (considera que) tenía que ser para los presentes y futuros. Antes lo teníamos solo para los futuros”, explicó Volio a este semanario.
“La rectoría del Servicio Civil que será trasladada de Casa Presidencial al Ministerio de Planificación. El otro es que él quiere eliminar las convenciones colectivas. Son los tres puntos, pero hay mociones para eliminar las convenciones y para regularlas. Eso va a quedar a la decisión del plenario”, explicó Volio.
La siguiente semana, los diputados de la Comisión de Gobierno deberán revisar alrededor de 180 mociones que se le presentaron al expediente de la Ley de Empleo Público.
En la reunión del martes 5 de enero, las ministras Geannina Dinarte y Pilar Garrido expusieron a los diputados que el proyecto de Empleo Público es necesario para generar un recorte de presupuesto entre el 2021 y el 2024.
Las proyecciones presentadas son para generar un recorte de 0,28% del Producto Interno Bruto (PIB) en el presente 2021 y hasta un 0,81% del PIB en el tercer año de la próxima administración, en el 2024.
Académico y sindicatos opinan sobre el plan de recorte de planillas
Leiner Vargas, investigador y catedrático de la Universidad Nacional
“No estamos haciendo un impacto fuerte porque no estamos actuando sobre el componente más significativo del déficit fiscal: el componente monetario, el pago de intereses y pago de la deuda. Insisto en que se interpreta que el ajuste debe venir del déficit del primario, pero me parece que, en tanto no se entre a la parte más dura y difícil, fuerte del déficit, el déficit financiero, cualquier esfuerzo en la parte primaria, va a ser absorbido por gastos financieros. El empleo público es el principal componente en el ejercicio de gasto, pero no sabemos qué vamos a aprobar, la pregunta que yo me hago: ¿no está autorizado el gasto en el presupuesto nacional por ese componente para el 2021? No entiendo cómo vamos a cambiar las reglas del juego de los trabajadores en el año en ejercicio”
Albino Vargas, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
“Es una cuestión meramente ideológica. Yo lo que creo es que lo que ellos quieren, han añorado, es reducir todavía más el aparato público, debilitar los servicios más y precarizarlo más”.
Mario Rojas, Confederación De Trabajadores Rerum Novarum
“Las últimas acciones eran presentar una reforma porque, supuestamente, era insuficiente el cálculo económico que iban a derivar del proyecto de Empleo Público, entonces, lo iban a hacer nuevo porque lo que iban a recaudar o ahorrarse no era suficiente. No les daban los números, como cada invento que hace este Gobierno lo hace mal, los números no les daban para cumplir con el compromiso del Fondo Monetario en lo fiscal”.
Gobierno y diputados empujan peso del déficit fiscal sobre hombros del sector público
Laboralistas previenen que proyecto de Ley de Empleo Público convierte a salarios públicos en una negociación política para ajustes fiscales
