El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió una medida cautelar solicitada por un grupo de productores de arroz desde noviembre de 2022 contra uno de los decretos de la Ruta del Arroz, que redujo los aranceles de importación del grano, y ordenó suspender dicho decreto.
El 9 de noviembre de 2022 un grupo organizado de productores de arroz de la región Pacífico y Brunca costarricense interpuso una demanda ante dicho Tribunal contra el decreto que redujo el arancel de importación de arroz, argumentando que el sector arrocero nacional estaba siendo desmantelado.
Productores de arroz interponen demanda contra decreto que redujo el arancel de importación del grano
Actividad arrocera ya se redujo un 43% entre este periodo (2022-2023) y el anterior (2021-2022), según datos de Conarroz.
Un año y cinco meses después, el Tribunal resolvió acoger la medida cautelar definitiva solicitada por los productores y ordenó la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo 43642 “Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación de Arroz en Granza y Pilado”, según consta en la resolución 2024002127.
El 3 de agosto de 2022, la administración Chaves Robles firmó el Decreto 43642 MAG-MEIC-COMEX, que redujo el arancel de importación del arroz de 35% a un 4% en el caso de arroz pilado y de un 35% a un 3,5% en el caso de arroz en granza.
Según expusieron entonces los productores, esta medida “generó que la agroindustria arrocera esté comprando el arroz al productor nacional al precio internacional resultante a partir de esos aranceles reducidos, provocando un pago de precios ruinosos, que rondan los ¢22.000 por saco y que distan considerablemente del precio de ¢27.253 por saco previo a la Ruta del Arroz, sumado a que los costos de producción han continuado en aumento”.
El abogado de los productores, José Alejandro Jiménez Lara, explicó que los efectos de la medida cautelar “son inmediatos”. “Claramente las instituciones tendrán que pasar por un proceso de acomodo normal, pero sus efectos son inmediatos”, señaló Jiménez.
Como el Estado es una de las partes del proceso o juicio que se está tramitando en el contencioso administrativo, la Procuraduría General de la República (PGR) puede presentar un recurso de apelación ante el tribunal de apelaciones –para lo cual tiene tres días hábiles-. Si el Estado apela, la resolución quedará en firme una vez que se resuelva ese recurso y se comunique la resolución sobre éste, aclaró Jiménez.
Como ha reportado UNIVERSIDAD, la reducción de los aranceles libró a los importadores de arroz pilado y en granza de pagar ¢20 mil millones al fisco ($39 millones al tipo de cambio actual), estima la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) con base en los registros de importación oficiales.
En el mismo periodo, los decretos generaron la quiebra de 331 personas productoras de arroz. Se calcula que la región Chorotega ha sido la más afectada y que se han perdido 18.000 empleos asociados a la producción arrocera en este periodo, según Conarroz.
Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, declaró que esta acción legal ante el contencioso fue presentada por productores de la región Brunca y del Pacífico Central “debido a la situación que han vivido, donde perdieron su posibilidad de tener una actividad digna”.
Araya aclaró que “la medida cautelar regresaría los aranceles al porcentaje anterior” y que Conarroz también presentó un proceso contencioso administrativo, el cual también aún está en trámite.
“El fallo representa una esperanza para nuestros productores arroceros, ya que esto les vuelve a dar una oportunidad para competir por un precio justo; sin embargo, esta condición debe ser acompañada”, afirmó Araya.
El dirigente considera que “va a haber una reactivación de los productores”; pero que el daño que han experimentado en los últimos 19 meses no será fácil de superar.
Informó que Conarroz ha generado un plan de ayuda y ha destinado ¢1.233 millones para apoyar a los productores con insumos para que puedan reincorporarse o mantenerse en la actividad.
Ruta del Arroz libró a importadores de pagar ₡20 mil millones al fisco y quebró a 331 productores
Economía rural dejó de percibir ₡18 mil millones por la caída del valor de la actividad arrocera nacional desde que Chaves firmó los decretos, y se estima que con la reducción de 20 mil hectáreas sembradas se han perdido 18 mil empleos, siendo la Región Chorotega la más afectada.
Importaciones de arroz en granza aumentan 477%, mientras se reduce producción nacional
Mientras las industrias han llenado sus graneros de arroz en granza importado y se han ahorrado ₡10.436 millones en impuestos, al menos 150 pequeños y medianos arroceros abandonaron la actividad.
