El proyecto de ley propuesto por el Gobierno para reformar el sistema eléctrico nacional sólo busca beneficiar a las grandes industrias, mientras generará una disminución en los ingresos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y un aumento en las tarifas finales que pagan los usuarios, denunciaron las empresas distribuidoras de electricidad.
Se trata del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), presentado por la administración Chaves Robles en octubre pasado e impulsado principalmente por el viceministro de Energía, Ronny Rodríguez, la fracción oficialista y el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC).
“Si este proyecto se aprueba va a ser un desastre para el sistema eléctrico nacional y este se va a poner en riesgo desde el punto de vista de calidad y de continuidad”, Rubén Zamora, asesor legal CEDET.
Integrantes de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET) afirmaron que el proyecto que se analiza en la Comisión Especial del Sector Energético Nacional, de la Asamblea Legislativa, solo “está orientado a darle un beneficio a las grandes industrias” y, por eso, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) es la única que lo defiende.
También han cuestionado técnicamente la propuesta otras cámaras empresariales, expertos en temas de energía, la fracción del Frente Amplio y organizaciones ecologistas. (Ver “Reforma provocará “canibalización” del mercado de electricidad, afirma experto en energía” y “Grupos ecologistas señalan que el proyecto revive presión de hidroeléctricas sobre los ríos”)
Jerarca del Minae controlará todo
Los creadores del proyecto afirman que el fin es modernizar el marco normativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para favorecer “el acceso a precios de energía de menor costo” y que se le dé un “tratamiento igual” a todos los clientes y actores del sistema.
El proyecto de ley concentra la rectoría del SEN en el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Rubén Zamora, asesor legal de la CEDET, aseveró a UNIVERSIDAD que, al concentrar todo el poder en el Minae, básicamente se convierte al SEN en un ente político, en lugar de técnico.
“Está agarrando las funciones que hoy en día tiene el ICE, las empresas distribuidoras, las empresas privadas, incluso las funciones de la Aresep y del CENCE y se lo está llevando para el Minae, para que el Minae sea el que controle todo”, dijo Zamora.
Además, recalcó que el proyecto no dice cómo se harán las cosas y cuando se cuestiona al viceministro de Energía, Ronny Rodríguez, éste responde que todo se detalla en nueve reglamentos, que aún no existen.
Grupos ecologistas señalan que el proyecto revive presión de hidroeléctricas sobre los ríos
Un solo proyecto hidroeléctrico podría generar hasta el 15% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional.
Reforma provocará “canibalización” del mercado de electricidad, afirma experto en energía
Jorge Blanco destacó que la producción del país se hace cada vez más con menos electricidad y que la estructura de consumo eléctrico se mantiene más bien estática.
“El gran consumidor”
Actualmente, el SEN está compuesto por tres etapas: generación de electricidad, transmisión y distribución.
Hay ocho empresas que distribuyen la electricidad: dos del Estado, que son el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); dos municipales que son la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec); y cuatro cooperativas (Coopesantos, Coopeguanacaste, Coopelesca y CoopeAlfaro).
Pero el texto crea un mercado eléctrico mayorista de electricidad, a donde podrán ir a comprar y a firmar contratos generadores, distribuidoras y grandes consumidores, porque crea la figura del “gran consumidor de energía eléctrica”, que podrá ser una persona física o jurídica que será agente de ese mercado mayorista.
Zamora explicó que “ese mercado mayorista implica que ahí pueden ir a comprar y a firmar contratos no sólo las distribuidoras, como es hoy en día, sino que también pueden ir los grandes consumidores”, como las grandes empresas que actualmente le compran al ICE y que ahora podrán firmar un contrato directo con una planta de generación privada.
Eso tiene dos efectos, destacó Zamora: primero, que le dejan de comprar al ICE, y eso implica una disminución de los ingresos de la institución; y segundo, que el ICE pierde ingresos por compra de energía barata a generadores privados y los costos fijos que tiene se trasladarán al resto de clientes.
“Esos costos fijos se van a distribuir entre el resto de usuarios, que van a ser los más pequeñitos y esos van a ser los que van a terminar pagando más”, dijo Zamora.
Riesgo a futuro
La reforma propuesta también saca la planificación energética estratégica y la labor de “despacho” de electricidad del ICE y la pone en manos del Minae, en coordinación con el nuevo Ente Operador del Sistema, órgano adscrito a dicho ministerio.
La labor de “despacho” es el mecanismo mediante el cual el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) —el centro neurálgico del sistema eléctrico— decide el orden en el que cada planta generadora de electricidad inyecta su energía a la red que alimenta el SEN.
“Todo ese crecimiento ya no va a estar en manos de las empresas eléctricas, sino que va a ser el Minae, un ente político, el que va a decir qué proyectos se hacen y quién los construye. El Minae va a hacer concursos para adjudicar proyectos que cuestan miles de millones de dólares”, criticó Zamora.
“Se está dejando la seguridad, la estabilidad, el crecimiento y la planificación en manos de alguien que nunca la ha tenido. Obviamente que hay un riesgo porque se lo está dando a alguien que no tiene la más mínima experiencia en eso”, fustigó Zamora.
“La planificación tiene que seguir estando en manos de las empresas eléctricas. La calidad no la pueden discutir y el precio tampoco. Hoy en día Costa Rica, en general, tiene energía para las familias y las industrias más barata que en Estados Unidos, más barata que en Europa y más barata que en Centroamérica, entonces ¿de qué me están hablando?”, preguntó.
Un modelo solidario
Zamora reconoció que, efectivamente, las leyes del sistema eléctrico nacional necesitan una armonización porque a lo largo de 70 años se han emitido de forma dispersa, pero aclaró que el proyecto no ordena eso.
Las empresas distribuidoras de electricidad quieren que continúe la visión social que permita que todos los actores involucrados en el mercado eléctrico tengan electricidad disponible a un precio justo.
Allan Benavides, presidente de la CEDET y quien ha visto la evolución del sistema eléctrico desde los 70s, explicó que la sociedad costarricense ha sido solidaria en asumir responsabilidades —tanto las pymes como la industria pequeña y grande— para que el sistema eléctrico nacional tenga cobertura social y una visión de desarrollo para el país.
Benavides y Zamora insistieron en que el proyecto de ley requiere un texto sustitutivo de acuerdo con esa visión y que proteja al ICE.
