La presión que habrá sobre los ríos y comunidades del país por la construcción de proyectos hidroeléctricos privados va a ser creciente si se aprueba el proyecto de ley propuesto por el Gobierno para reformar el sistema eléctrico nacional.
Así lo advirtieron Osvaldo Durán, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) e integrante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), y Mariana Porras, de la organización CoecoCeiba – Amigos de la Tierra.
Ambos expusieron en el foro “Justicia Climática en deterioro en Costa Rica”, el pasado 19 de abril en la Asamblea Legislativa.
Se trata del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), presentado por la administración Chaves Robles en octubre pasado, e impulsado principalmente por el viceministro de Energía Ronny Rodríguez, la fracción oficialista y el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC). (Ver “Transformación al sistema eléctrico impulsada por el Gobierno apunta a beneficiar solo a grandes industrias”)
El proyecto de ley señala que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podrá contratar plantas de generación privada de una potencia máxima de hasta 50 MW (megavatios), en vez del límite actual que es de 20 MW (según el capítulo I de la ley 7200).
Transformación al sistema eléctrico impulsada por el Gobierno apunta a beneficiar solo a grandes industrias
Diversos sectores que se oponen al proyecto quieren que continúe la visión social que permite a todos los actores del mercado eléctrico tener electricidad disponible a un precio justo.
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Jorge Blanco destacó que la producción del país se hace cada vez más con menos electricidad y que la estructura de consumo eléctrico se mantiene más bien estática.
Asimismo, dice que el ICE podrá comprar energía de plantas bajo la modalidad BOT de hasta 100 MW, en vez del límite actual de 50 MW (según la ley 7508). Los proyectos conocidos como Build Operate Transfer (BOT) son aquellos en que el ICE se asocia con una empresa privada para financiar, diseñar, construir y operar un proyecto y tras un período de tiempo específico, el proyecto se transfiere al ICE.
El texto también señala que el Ente Operador del Sistema, adscrito al Ministerio de Ambiente (Minae), podrá autorizar proyectos de empresas privadas que tienen una concesión para usar el agua de los ríos para generar electricidad, siempre y cuando un solo proyecto no tenga más del 15% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional.
“Se busca aumentar, duplicar y llegar a generar electricidad sin límites. El objetivo de esto es duplicar la producción privada de energía. La presión que va a haber sobre los ríos y comunidades de este país va a ser creciente”, alertó Osvaldo Durán.
“En la Zona Sur hemos parado 17 proyectos hidroeléctricos privados y en Turrialba dos”, recordó. “Con este proyecto de ley volverían a la vida proyectos hidroeléctricos en el Pacuare, por ejemplo, o el mismo Diquís. Lo que están buscando es ampliar el mercado”, dijo Durán, quien afirmó que este proyecto “ha sido impuesto” y nunca ha sido consultado con ninguna comunidad ni organización social.
“Nuestro sistema energético no tiene que gestionarse para beneficiar a unos pocos, sino para satisfacer a las personas y los pueblos”, declaró Mariana Porras, quien resaltó que el proyecto aumentaría el número de represas hidroeléctricas en el país, invisibilizando la posición de las comunidades sobre estos proyectos.
