El Consejo Nacional de Rectores (Conare) quiere liderar un nuevo proceso de concertación para reformar la Ley Marco de Empleo Público, según un acuerdo tomado este viernes por los rectores de las universidades públicas, al término de las mesas de trabajo del “Diálogo Nacional” convocado por el Gobierno para reformar la Ley del cual desistieron de participar numerosos sindicatos.
Si bien el Conare aclara que su interés en participar en el Diálogo Nacional convocado por el Ejecutivo para construir de forma colectiva un anteproyecto de ley para reformar la norma, es crítico de este proceso, ya que considera inconstitucional que Mideplan quiera definir los conceptos de competencias “exclusivas y excluyentes”, según se desprende del documento.
Según explicaron los rectores en un acuerdo en firme (CNR-163-2023), si el único aspecto abierto al diálogo es la interpretación del alcance de los conceptos de “exclusivos y excluyentes”, como lo ha definido el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), el ejercicio del diálogo es “improcedente”, porque este concepto fue ampliamente desarrollado por la Sala Constitucional y las autoridades públicas están obligadas a respetar dicho criterio de constitucionalidad.
De acuerdo con el documento, la definición del criterio de competencias exclusivas y excluyentes está reservado a cada Poder y ente autónomo, porque así lo determinó la Sala Constitucional en su resolución 2021-017098 y fue así incorporado en los artículos 6, 7, 13, 18, 21, 23, 27, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Marco de Empleo Público (10.159).
Por lo tanto, el Conare “considera inconstitucional la iniciativa de Mideplan por asumir la prerrogativa de su definición, ya sea por vía reglamentaria o mediante la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley”.
El órgano universitario lamentó la limitación del espacio de diálogo convocado por Ejecutivo, mediante las restricciones impuestas por Mideplan, que señaló 9 puntos que quedan excluidos del Diálogo Nacional, y que abarcan la totalidad del contenido de la Ley.
Debido a lo anterior, Conare decidió promover “un proceso de concertación nacional sobre las reformas necesarias a la Ley Nº 10.159 y de otras leyes e iniciativas de ley que atentan contra nuestra institucionalidad democrática y nuestro Estado Social de Derecho”.
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“Me deja consternado que se le reclama a las instituciones utilizar los mecanismos que les permite la Constitución para defender su autonomía y para no aplicar esa ley que es un mamarracho, mientras por otro lado se les llama a los sectores a dialogar”, dijo el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña.
Diálogo cuestionado
El pasado 20 de marzo, inició el Diálogo Nacional convocado por Presidencia y Mideplan para construir un proyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público, el cual finaliza hoy.
Ese mismo día, representantes de numerosos sindicatos se retiraron del Diálogo, rechazando “las imposiciones” del Gobierno y los términos de la convocatoria y acusando al Gobierno de poner un candado a la discusión de los temas más lesivos de la Ley y su reglamento.
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Los representantes de las organizaciones sindicales cuestionaron al Gobierno por imponer una metodología y unas Reglas de Oro para el proceso, las cuales aseguran que no corresponden a un proceso de consenso y diálogo real.
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Los sindicatos solicitan que el proceso se enfoque en reformar integral, sustancial y estructuralmente la Ley” y que de manera inmediata se discuta la política de congelamiento de salarios y el derecho pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública, entre otras cosas.
Ese día, el asesor legal del Despacho de Mideplan Abel Jiménez Obando explicó las Reglas de Oro o reglas generales que el Mideplan dispuso unilateralmente para el proceso, entre ellas los contenidos que no se van a discutir en las mesas de trabajo, como fines y principios de la Ley; Régimen general de empleo público: familias; columna salarial global y régimen salarial unificado para todo el sector público; metodología de valoración de trabajo; negociaciones colectivas; y reglas del traslado al salario global.
De igual forma, Mideplan anunció que la interpretación del alcance de “exclusivos y excluyentes” sí sería analizada en las mesas de trabajo.
“Si lo que resulta de interés para el Poder Ejecutivo es redefinir el concepto emitido por la Sala Constitucional relativo a las competencias ‘exclusivas y excluyentes’, el ejercicio que motiva la convocatoria al Diálogo Nacional resulta por sí mismo inconstitucional”, afirman los rectores, ya que la Sala Constitucional en su resolución definió que cada Poder o ente autónomo debe definir esa delimitación, quedando excluidos del ejercicio de dicha potestad o competencia el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Según la Ley, el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas y las municipalidades sí quedaron dentro de la cobertura de la Ley; pero quedaron excluidas de la rectoría de Mideplan.
Los jerarcas de estas instituciones mantendrán la competencia reguladora sobre los funcionarios que realizan funciones exclusivas y excluyentes para el cumplimiento del cometido constitucional de esas instituciones y los jerarcas definirán cuáles son esas funciones. Por el contrario, aquellos funcionarios que no realicen estas funciones están sujetos a la rectoría de Mideplan.