Hoy empezó el Diálogo Nacional convocado por Presidencia y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) para construir un proyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público, en el que el Gobierno busca reformar el alcance de la declaración de funcionarios “exclusivos y excluyentes” de la rectoría de Mideplan.
La ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández Delgado, dijo el pasado 10 de marzo que le gustaría que en ese anteproyecto de reforma de ley quede claro cómo es que las instituciones con autonomía deben entender los conceptos de “exclusivos y excluyentes”.
“Me gustaría que pudiera quedar claro en la ley cómo se deben entender los criterios de exclusivos y excluyentes, que hubiera quedado con una redacción meridianamente clara, para que todas las instituciones con autonomía pudieran entender mejor esos conceptos y no decir que los conductores, las secretarias, los misceláneos, están excluidos”, señaló la jerarca.
“Me gustaría que pudiéramos incluir mecanismos de coordinación claros que pudiéramos tener con otros poderes de la República y con las instituciones en autonomía” porque eso no quedó claro en la ley, explicó Fernández.
Según la Ley Marco de Empleo Público, el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas y las municipalidades sí quedaron dentro de la cobertura de la Ley; pero quedaron excluidas de la rectoría de Mideplan. Los jerarcas de estas instituciones mantendrán la competencia reguladora sobre los funcionarios que realizan funciones exclusivas y excluyentes para el cumplimiento del cometido constitucional de esas instituciones y los jerarcas definirán cuáles son esas funciones. Por el contrario, aquellos funcionarios que no realicen estas funciones están sujetos a la rectoría de Mideplan.
Ministra cuestiona a instituciones autónomas que se declararon excluidas de rectoría de Mideplan
La ministra insistió en que “esa exclusión no les excluye de la implementación integral de la ley”.
El Diálogo se extenderá hasta el 31 de marzo. Según se informó esta mañana, los días 30 y 31 de marzo, de 8am a mediodía, serán las mesas de trabajo sobre las instituciones autónomas.
Cuando se explicaron las “Reglas de Oro” del diálogo nacional, se especificaron nueve reglas de contenido no sujetas a ser analizadas en las mesas de trabajo. La primera regla era “objetivo, ámbito de cobertura y exclusiones de la ley (a excepción de la interpretación del alcance de “exclusivos y excluyentes)”.
A este diálogo se invitó a participar a los jefes de fracción de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, autoridades de Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de las municipalidades, rectores de universidades públicas, jefes de Unidades de Recursos Humanos de instituciones del sector público central y descentralizado y sindicatos representantes de diversos sectores de funcionarios públicos.
Pilar Cisneros: “¿Somos o no somos iguales ante la ley?”
Esta mañana la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Pilar Cisneros adelantó que esta tarde en la Asamblea Legislativa tratará el tema de los funcionarios exclusivos y excluyentes en su espacio de control político.
Según expresó la diputada del partido de Gobierno esta mañana en el programa radiofónico Nuestra Voz, esta es una “barbaridad que están haciendo ciertas instituciones simplemente para salirse de la Ley de Empleo Público”.
“Nadie quiere estar ni en la Ley de Regla Fiscal ni en la Ley de Empleo Público y me parece una falta de respeto total con el país y con los legisladores que aprobaron esta ley decir que los choferes, que los misceláneos y que las secretarias, por ejemplo, son exclusivos y excluyentes. ¿y para qué lo hacen? Simple y sencillamente porque no quieren tener un control horizontal sobre los salarios en la administración pública, lo cual me parece una injusticia impresionante”, repudió Cisneros.
“Un chofer en el Poder Judicial o en la Universidad de Costa Rica puede ganar el triple que un chofer que trabaja en el Ministerio de Seguridad o en el Ministerio de Planificación. Y la gran pregunta es ¿por qué? Si es tan importante el uno como el otro. Las universidades se han dejado decir, lo cual me parece impresionante, que sus choferes son más importantes que los demás porque transportan estudiantes. Ahora resulta que son más importantes los estudiantes de la universidad que los estudiantes de un prekinder, los adultos mayores, una persona discapacitada o una persona enferma que los choferes de una ambulancia están transportando. ¿Somos o no somos iguales ante la ley?”, fustigó Cisneros.
Por otro lado, el jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, dijo en el mismo programa de radio que estaba consternado porque por un lado defendían la aplicación de la ley a rajatabla; pero por otro lado le prometen a los sectores dialogar.
“A mí me llama mucho la atención escuchar a la jefa del oficialismo insistir en que parece que la Ley de Empleo Público está bien así como está y reclamar a las instituciones por ejercer sus autonomías, mientras que el día de hoy también está llamando a dialogar sobre la Ley de Empleo Público el Gobierno porque el presidente de la República ha calificado de mamarracho esta ley”, criticó Acuña.
“Me deja consternado escuchar que, por un lado, se le reclama a las instituciones utilizar los mecanismos que les permite la Constitución para defender su autonomía y para no aplicar esa ley que es un mamarracho, mientras se les llama a los sectores a dialogar”, subrayó el legislador.
