Los rectores de las cinco universidades públicas nacionales contradijeron este lunes a la Controlaría General de la República (CGR) y al Ministerio de Hacienda, entidades que han señalado la existencia de altos superávits libres en las casas de enseñanza.
Los jerarcas del Consejo Nacional de Rectores (Conare) descartaron que los montos catalogados como superávits libres por esas entidades sean recursos ociosos o que se utilicen como reservas, y más bien explicaron que —en su mayoría— se trata de recursos destinados para proyectos de inversión largo plazo (como la construcción de edificios o la compra de equipos pesados).
Estas declaraciones las rindieron ante los diputados de la comisión especial que estudia el financiamiento de las universidades estatales en la Asamblea Legislativa, espacio que ha reanimado el conflicto entre las instituciones de enseñanza y la Contraloría en esta materia.
De hecho, la contralora general, Marta Acosta, había dicho semanas atrás —en ese mismo foro— que las universidades dejaron de invertir unos ¢175.000 millones en 2018; sin embargo, los jerarcas de los centros educativos ahora contestaron diciendo que la gran mayoría de esos recursos están comprometidos en operaciones que trascienden los presupuestos anuales.
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Acosta había dado sus declaraciones el 4 de febrero pasado y la respuesta de los rectores llegó este 19 de marzo; sin embargo, este es un conflicto que ya lleva varios meses en marcha.
En la comparecencia de este lunes estuvieron presentes representantes de las cinco universidades públicas nacionales (UCR, UNA, ITCR, UNED y UTN); sin embargo, es la primera de una serie de reuniones que sostendrán los congresistas con las autoridades de los centros educativos (más adelante por separado).
Una diferencia de criterios
El tema de los superávits universitarios acaparó una buena parte de la comparecencia de los rectores ante los congresistas, y fue aprovechado por los jerarcas universitarios para explicar su posición en relación con los criterios de la CGR.
En esa línea, el presidente de Conare y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, aseguró que la CGR “cambió la metodología de clasificación de los superávits en los últimos años”, algo que ha propiciado que aparezca “una mayor cantidad de los presupuestos clasificados como superávits libres” de los que realmente deberían contabilizarse como tales.
“Esto pasa porque la CGR dice que todo aquel suprávit que no responda a a una ley tiene que ser clasificado como libre, pero resulta que en nuestro ejercicio presupuestario nosotros tenemos, por ejemplo, obras contratadas y licitaciones en curso”.
“Estamos construyendo edificios, estamos construyendo aulas y laboratorios, y si al finalizar el año no hemos ejecutado todo ello, entonces la CGR lo cataloga como superávit libre (…) Pero eso no es así, porque si nosotros lo tenemos comprometido, nosotros los tenemos que pagar”, explicó.
No obstante, el tema de los superávits universitarios también ha sido cuestionado por la ministra de Hacienda y excontralora general, Rocío Aguilar, quien señaló hace pocos días —a los mismos diputados— que las universidades sólo ejecutan un 77% de su presupuesto y que los montos que dejan de ejecutar, en conjunto, rondan un 0,5% del PIB.
En esa línea, Aguilar sugirió añadir esos recursos a negociaciones futuras de los presupuestos universitarios del FEES, una idea que respaldó diciendo que los superávits incluso superan al presupuesto de la Defensoría de los Habitantes, de la Contraloría, de la Asamblea Legislativa y de los ministerios de Vivienda, de Ciencia y Tecnología, de la Presidencia, de Economía, y de la Cancillería, entre otros departamentos.
Estos datos los recordó este lunes la diputada restauracionista Xiomara Rodríguez a los jerarcas universitarios, a quienes cuestionó para tener su versión del ya conocido conflicto en esta materia.
“Decir que son superávits libres es una falacia”
Los datos dados por la Contraloría, y refrendados por el Ministerio de Hacienda, también fueron refutados por el rector de la UTN, Marcelo Prieto, quien utilizó las gestiones de su universidad como un ejemplo del caso.
“La CGR no ha sido capaz de normar y definir técnica mente la diferencia entre ambos, y le pongo el ejemplo de la UTN: Si usted en este momento ve la ejecución presupuestaria nuestra, aparecemos con un superávit de ¢8.000 millones, pero resulta que ese superávit, que aparece como superávit libre, tiene un componente mayor al 90% de suerávit comprometido”.
“Es decir, se trata de recursos que están respondiendo a adjudicaciones que no han terminado de ejecutarse, a proyectos de inversión, a construcciones sin terminar y contratos de adquisiciones de equipos que no han entrado, por lo que no se han desembolsado los recursos”, explicó.
Todo esto, dijo Prieto, son contratos adquiridos que no se ejecutan durante un año, sino que “muchas veces pasan de un año a otro” , aunque eso no implique la existencia de un desperdicio.
“Si nosotros hacemos un análisis del superávit libre y el comprometido de la UTN, el súperavit libre apenas sobrepasa los ¢2.000 millones, que no es ni un 2% de nuestro presupuesto. Decir que todo es un superávit libre es una falacia”, puntualizó.
Algo similar dijo recientemente el rector de la UCR, Jensen, institución que aseguró contabilizar un superávit libre de apenas ¢7.563,7 millones en 2018, menos del 2% de su presupuesto; mientras que otro 18% (unos ¢72.000 millones) tampoco se ejecutaron pero estaban comprometidos.
Aclaraciones importantes
A los rectores también se les cuestionó por el mantenimiento de los superávits en títulos valores; sin embargo, la representación académica enfatizó que sería irresponsable dejar los recursos sin ese respaldo, tratándose de fondos públicos.
Ante todas estas afirmaciones, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, aseguró que fue provechoso contar con la presencia de los rectores, pues se realizaron importantes aclaraciones sobre datos que se han empleado de forma incorrecta, incluso por parte de algunos diputados.
“Hay cosas que se han estado diciendo en la Asamblea y aunque los diputados seamos representantes populares y tengamos inmunidad, debemos responsabilizarnos por las cosas que se han dicho”.
“Hay afirmaciones que se han hecho aquí que utilizan datos falsos o que han hecho interpretaciones erróneas, y es importante aclararlas”, enfatizó.
En esa línea, el frenteamplista le pidió a los jerarcas de Conare informes más detallados sobre los presupuestos institucionales y los recursos comprometidos, algo que los rectores dijeron ya haber hecho con algunos otros diputados.
El conflicto en materia de superávits probablemente continuará en las dicusiones del foro legislativo, el cual continuará recibiendo audiencias y analizando los recursos universitarios por lo que resta del año.
