Diputados inician el año con el financiamiento de las ‘U’ públicas en la mira

El liberacionista Wagner Jiménez, presidente del foro, aseguró que lo importante será abrir el debate en relación con el FEES, “sin trivializar ni saltarse la independencia constitucional de las instituciones”.

Los diputados arrancaron labores este año con la creación de una nueva comisión legislativa que “estudiará, analizará y eventualmente propondrá proyectos de ley o reformas” relacionados con la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una intención que el Congreso aprobó desde finales del año pasado.

La comisión estará compuesta por nueve legisladores: Wagner Jiménez, Yorleny León, Roberto Thompson (PLN), Mario Castillo, Enrique Sánchez (PAC), Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Xiomara Rodríguez (PRN), Patricia Villegas (PIN) y el independiente Erick Rodríguez; un grupo que presidirá Jiménez, el liberacionista que impulsó abrir el foro desde finales de octubre pasado con el apoyo del resto de las fracciones legislativas.

La moción aprobada para investigar el financiamiento universitario se presentó a finales del año pasado y contenía las firmas de diputados de todas las fracciones legislativas.

En aquel entonces, estaba todavía latente el tensado ambiente de las finanzas públicas condimentado con el trámite de la reforma fiscal; atizado en el contexto universitario por cuestionamientos políticos a las obras de infraestructura —como la finalmente cancelada remodelación por $14,5 millones que la Universidad Nacional pretendía realizar en su sede central— y el posterior recorte de ¢10.000 millones en el monto pactado para las ‘u’ públicas en el presupuesto para el ejercicio de este 2019.

Ahora, el grupo de diputados tendrá un periodo de 300 días, en los que acordó que recibirá a representantes de las instituciones educativas, del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del Ministerio de Hacienda para concretar sus labores. Acabado ese plazo, deberá presentar un informe de conclusiones y recomendaciones.

Al respecto, el diputado Wagner Jiménez aseguró que “el propósito original es hacer entender a la población costarricense que la administración del FEES ya no será más un tema privado que se discuta únicamente en el estrecho círculo de una élite académica”, así como “contribuir al debate público para investigar cómo se están invirtiendo los recursos que se destinan al financiamiento de las finanzas públicas y propiciar un ambiente para que se alineen a políticas racionales, estratégicas y responsables para que se avance en una política de rendición de cuentas”.

La comisión iniciará labores a partir de la tercera semana de enero, en la que se establecerá la “hoja de ruta”, según indicó el diputado liberacionista. “Se establecerá un diálogo permanente con todos los actores involucrados”, comentó.

Según Jiménez, además considera necesario convocar a la Contraloría General de la República (CGR), de modo que brinde un panorama más amplio, sobre temas como la subejecución de recursos en esas instituciones.

“Queremos entender por qué no hemos vuelto a aumentar la cobertura de la educación superior, por qué las sedes regionales enfrentan dificultades de infraestructura educativa y de esta forma, juntos, generar un debate que contribuya con ideas frescas”, concluyó, no sin antes rebatir que se esté “buscando trivializar o saltarnos la Constitución Política, siendo respetuosos de la independencia de las universidades”.

Algo similar comentó la diputada Patricia Villegas del PIN, quien agregó que “es pertinente destacar que nuestro trabajo se hará en la armonía con el bloque de legalidad que ampara la autonomía universitaria”.

El FEES para el año 2019 quedó pactado en un monto de ¢501.154, tras el recorte que realizaron los diputados al monto pactado entre el Gobierno y las universidades durante las discusiones presupuestarias de octubre, considerado inconstitucional por algunas autoridades universitarias, que argumentan un decrecimiento real del monto del año pasado tomando en cuenta la inflación estimada (del 2% al 4%) por el Banco Central.

De ese dinero, un 57,79% corresponde a la Universidad de Costa Rica (UCR), un 23,4% a la UNA, un 11,3% el Instituto Tecnológico (ITCR) y un 7,51% a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), mientras que la Universidad Técnica Nacional (UTN), por separado, recibirá ¢34.868 millones.

El monto total del FEES representa cerca de un 1,35% del PIB proyectado para este año, 0,03 puntos menos que el año pasado y 0,15 puntos menos del compromiso estatal del 1,5%.

“Un discurso político”

Consultado sobre la nueva iniciativa legislativa, el rector de la UCR, Henning Jensen, afirmó que existe cierta preocupación por las repercusiones que puede tener este tipo de aproximaciones legislativas, pues —desde su punto de vista— pueden existir posturas puramente políticas que no entienden la dinámica de la academia ni la toman en cuenta para realizar propuestas o modificaciones.

“La evaluación de las instituciones académicas es una tarea muy compleja, que requiere de un conocimiento sistemático para lo que tenemos oficinas especializadas en evaluación académica; sin embargo, tengo la impresión de que la Asamblea Legislativa no está interesada en este tipo de evaluación sino que le está dando un acento más grande a aspectos políticos de la educación y a asuntos estrictamente presupuestarios, sin conocer la complejidad de su estación y de su actual gestión”, acotó.

Además fue crítico de las palabras del diputado Jiménez en relación con la discusión del presupuesto universitario como un tema que debe separarse de las élites académicas, pues entonces supeditaría la administración de la educación pública a corrientes externas.

“¿Entonces quién lo terminaría discutiendo?, ¿la Asamblea Legislativa?, ¿vamos a poner en manos de los políticos las decisiones presupuestarias y académicas como las carreras que se van a impartir o los atestados que requieran los docentes? Eso sería un paso atrás en la historia”, afirmó, antes de agregar que el concepto de autonomía universitaria no representa ser “repúblicas independientes” pero sí tener una libertad “sustancial para el ordenamiento” de sus funciones.

“Esto es algo verdaderamente relevante porque expresa la madurez de una sociedad o de una cultura para respetar el fuero de desarrollo libre de pensamiento”, concluyó.

Según Jensen, temas como los pluses salariales, la ejecución presupuestaria y la regionalización de las universidades serán puntos interesantes que podrán analizarse, de modo que los diputados entiendan su complejidad y cómo se organizan las instituciones verdaderamente.

“En esto puede existir la buena intención de evaluar, pero por otro lado existe un discurso político que, sin duda, está poco fundamentado en razones verdaderamente sólidas que deben señalarse”, puntualizó.


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