Rectores aclararon a diputados cómo se planifican los recursos del FEES

CONARE defendió uso de recursos

Los rectores de las Universidades Públicas, miembros del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) comparecieron este lunes 18 de marzo ante la Comisión Legislativa que analiza el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) para aclarar todos los cuestionamientos y dudas de los diputados sobre esta temática.

Inicialmente, el director ejecutivo del CONARE, Eduardo Sibaja hizo una exposición que aclaraba mitos y aseveraciones que han realizado diversos comparecientes en ocasiones anteriores, como la Contralora General de la República, Marta Acosta.

En este sentido, fue enfático en oponerse a la afirmación de que en la educación pública no se planifica, mide, ni se rinde cuentas, dado que las universidades públicas se guían por planes quinquenales, que responden a un análisis del entorno nacional, basados en documentos de ministerios e instituciones del país, así como organismos internacionales.

“Tenemos 114 indicadores, cada uno con su ficha técnica y sus metas, la cual se ha convertido en una guía para que las universidades lo transformen en planes operativos y presupuestos, que de paso son conocidos por la Contraloría General de la República y aprobados por los Consejos Universitarios. Además, aseguró que los recursos del FEES se miden bajo 6 ejes, con 21 temas asociados y 125 indicadores”, argumentó Sibaja.

Otra temática que aclaró la exposición fue que los recursos que se otorgan a las universidades públicas no van en detrimento de otros niveles educativos, pues del 8% que se destina a la educación pública, un 18,75% está dirigido a estos centros educativos, mientras que el casi 82% se otorga al Ministerio de Educación Pública.

Además, se aclaró que la distribución del FEES es producto de un aporte inicial que hizo cada universidad de su patrimonio al convenio, por lo cual la Universidad de Costa Rica recibe un 57,79% de los recursos, la Universidad Nacional un 23,40%, el Instituto Tecnológico un 11,30% y la Universidad Estatal a Distancia un 7,41%. También se otorga como parte del FEES, recursos al CONARE.

Sobre todo, indicó el director ejecutivo del CONARE que es falso indicar que el 53% FEES se financia con deuda, cuando en realidad es el Ministerio de Hacienda el que decide qué rubros financia con la deuda, como una decisión política o técnica y que incluso la misma Contraloría señaló que estos recursos podrían aportarse a través de presupuesto.

Cuestionamientos legislativos

La comparecencia se llevó a cabo de forma cordial y bajo un marco de respeto entre los diputados y los rectores. Uno de los mayores cuestionamientos realizados por los legisladores fue que había un superávit de recursos que tenían las universidades públicas en el sistema bancario, ganando intereses.

Ante dicho tema, los rectores aclararon que muchos de los recursos que se encuentran en el sistema bancario corresponden a dineros para financiar proyectos que se encuentran en proceso, y que son recursos ya comprometidos, pero que se deben mantener generando.

“Es necesario hacer una precisión, todas las instituciones públicas estamos obligadas a darle el mayor rendimiento a los recursos que provienen de nuestros presupuestos y que tenemos transitoriamente sin invertir, no quiere decir que esos dineros están en el sistema de banca nacional no se vayan a utilizar, sino que deben estar dispuestos para los proyectos que han sido designados”, argumentó Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional.

Los diputados encararon a los rectores y les pidieron aclarar sobre la disposición de acogerse a las normativas de la ley de Empleo Público, a lo cual indicaron estar anuentes a involucrarse en procesos de regulación de este tipo, siempre y cuando se respete la autonomía universitaria, de que no pueden ser intervenidas por el Poder Ejecutivo, ni Legislativo por mando de la Constitución Política.

Eso sí, señalaron que han trabajado, desde antes que se comenzara a hablar sobre la crisis fiscal, en el control del gasto, pues de tres universidades con convenciones colectivas, dos ya las renegociaron; se acordó que el ajuste salarial no sea mayor que la inflación y algunas ya han tomado decisiones relacionadas con disminuir la dedicación exclusiva, la restricción para crear plazas administrativas, que la cesantía sea de 12 años y se redujeron las anualidades.

Por su parte, un reiterado cuestionamiento estuvo relacionado con la falta de inversión en las comunidades regionales del país y que desde ya se habla de recortes en las sedes universitarias frente a recortes en el FEES, sobre todo de la posibilidad de convertir el recinto de Golfito de la UCR en sede.

En este sentido, indicó el rector de la UCR, Henning Jensen que existe un compromiso con que se lleve a cabo esta transformación, y que es probable que se logre al finalizar este año. Sin embargo, sí manifestó el jerarca que habrá repercusiones en las inversiones que se buscan hacer para ampliar la oferta académica en sedes regionales.

También se les cuestionó a los rectores sobre la incidencia que tienen las universidades públicas al desarrollo económico y social del país, sobre la pertinencia de la oferta académica, la creación de carreras que no responden a las necesidades de la realidad nacional, entre otros.

Adelantaron también los legisladores que se tiene en agenda llamar a cada rector por aparte para explicar en qué se están invirtiendo sus recursos, qué indicadores tienen, qué proyectos e impactos están generando.


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