La contralora general de la República, Marta Acosta, recomendó hoy analizar una forma que permita incluir el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) dentro del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la inversión que año con año realiza el Gobierno para financiar el trabajo de las universidades públicas nacionales.
Esa fue una de las cinco principales recomendaciones que lanzó la contralora, quien visitó la comisión de la Asamblea Legislativa que estudia, analiza y que, eventualmente, podría proponer proyectos de ley relacionados con la administración del fondo.
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La contralora recordó que si se incluyera el presupuesto de la UTN en el FEES, ya se habría alcanzado el 1,5% del PIB prometido para las universidades desde el año 2010; a pesar de que la no inclusión implique el monto sea actualmente del 1,35% del PIB.
Para este año, el FEES se pactó ¢501.154 millones: de los que un 57,79% corresponde a la Universidad de Costa Rica (UCR), un 23,4% a la UNA, un 11,3% el Instituto Tecnológico (ITCR) y un 7,51% a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Por separado, universidades y Gobierno pactaron un presupuesto de ¢34.868 millones para la UTN, un monto que representa poco menos del 0,1% del PIB.
La contralora Martha Acosta aboga para que el presupuesto de la UTN se incluya en el FEES, "como el de cualquier otra universidad pública". @SemanarioU pic.twitter.com/IwuPum0bn0
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) February 5, 2019
La inquietud de Acosta también la recogió el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien aseguró que si hace mucho tiempo se estuvieran incluyendo todos los rubros relacionados con educación, el compromiso de invertir un 8% del PIB en ese sector público ya se hubiese alcanzado “hace años”.
Además de esa recomendación, la contralora señaló que “es imperativo que las universidades profundicen en el tema de la transparencia por medio del acceso a la información clara, suficiente, relevante y oportuna en materia presupuestaria de planificación y principalmente de resultados”; así como la conveniencias de que “al igual que el resto de la institucionalidad, las universidades deban ajustarse a las condiciones del entorno y continuar generando valor”,
Asimismo, recomendó “implementar medidas para fortalecer su capacidad de enfrentar los riesgos de sostenibilidad que los diversos escenarios muestran” y concluyó agregando que “es criterio de la CGR que la coyuntura actual resulta ser un escenario propicio para la toma de decisiones oportunas en materia de ingresos y gastos de las universidades, así como de transparencia y de rendición de cuentas, dentro de un contexto en el cual no pueden haber excepciones”.
Por último, recomendó “definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto de la República”, junto con la posibilidad de integrar los recursos de los superávits universitarios dentro de la propia negociación del FEES
Riesgos de sostenibilidad
La contralora Acosta fue especialmente incisiva en la necesidad de que las universidades gestionen mejor sus recursos, pues existen ciertos indicadores que ponen en entredicho la sostenibilidad de su financiamiento, dentro del cual el FEES representa un 81,57% de los ingresos corrientes y un 65,92% de sus ingresos totales, según los datos de 2017.
Además del FEES, la CGR estima que las universidades recibieron un 8,05% del préstamo con el Banco Mundial para el mejoramiento de la educación superior y otro 9,37% autogenerado, a través de ingresos por matrículas, ventas de bienes y activos y transferencias de sus fundaciones.
Según la jerarca esto es así porque, si bien el crecimiento nominal del FEES ha sido superior al 50% entre 2013 y 2017, con un crecimiento nominal promedio del 9,2% (sin contar inflación), los egresos nominales ejecutados por las universidades también han crecido en una proporción similar (49%), con un alto impacto de las remuneraciones, que representan cerca del 70% de las partidas y han presentado un crecimiento nominal del 38% en el mismo periodo.
Ante esta situación, Acosta señaló que ciertamente las instituciones académicas deberían seguir siendo financiadas por el Estado, a pesar de que también generan algunos recursos y son titulares de endeudamiento; sin embargo, puntualizó que es importante que adquieran consciencia en la medida en que dependen de recursos estatales y deberían adecuarse a las realidades fiscales del país.
Al respecto, el diputado que preside la comisión especial, el liberacionista Wagner Jiménez, cuestinó las serias desigualdades entre los promedios salariales del sector privado y los del sector público, campo en el que la contralora señaló a los incentivos salariales como el principal detonador. En 2017, las remuneraciones representaron un 1,39% del PIB (¢383.212 millones).
En esa línea, la contralora señaló que existe la oportunidad de frenar el crecimiento en remuneraciones a través de la aceptación de medidas como las relacionadas con el plan fiscal, incluida la aplicación de la regla fiscal; así como con la inclusión del sector en una nueva escala salarial que podría ponerse en práctica con un posible reforma al empleo público.
Por último, la contralora también cuestionó que las universidades utilicen sus superávits como recursos ociosos o reservas, pues se estima que ese monto alcanzó los ¢175.000 millones en 2018, cuando pudieron haber sido utilizados por el Gobierno, en lugar de financiarlos a las instituciones académicas para que estas los mantuvieran en su poder sin utilizarlos.
Además, la contralora cuestiona los altos superávits de las universidades públicas, los cuales pide que se contemplen en la confección de los presupuestos universitarios de cada año. @SemanarioU pic.twitter.com/c8GYe461Ui
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) February 5, 2019
Al respecto, la contralora señaló a los diputados la posibilidad de que intenten integrar esos recursos, de alguna manera, a la presupuestación anual de los centros educativos.
En este tema, la contralora reconoció que han sufrido serias diferencias con algunas universidades que aseguran que una buena parte de los superávits están comprometidos para el pago de operaciones en el futuro o la continuación de proyectos; sin embargo, subrayó que desde el punto de vista de la CGR “existe un principio de presupuestación anual que debe respetarse”.
