El proyecto de lista gris que avanza en la Asamblea Legislativa hace un cambio en la legislación no solicitado por la Unión Europea (UE) para exonerar de impuestos a las ganancias que las grandes corporaciones obtienen en Costa Rica, pero las trasladan fuera del país, en lugares como los conocidos “Paraísos Fiscales”.
Actualmente el Ministerio de Hacienda sostiene 25 procesos administrativos y judiciales por evasión fiscal contra grandes corporaciones por el no pago de ₡21 mil millones en impuestos sobre la renta.
Grandes empresas como Lafise, Promérica, BAC San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borge y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Reckitt Benckinse y Coca Cola han impulsado recursos contra el cobro de impuestos sobre las ganancias que obtienen en Costa Rica, pero que se lleva fuera del país.
“ (…) con esta reforma en realidad los mayores beneficiados serán los obligados tributarios de más altos recursos, ya que, en honor a la transparencia, los ciudadanos de una clase media o baja normalmente no disponen de recursos económicos para ser invertidos en el exterior”, dice el oficio MH-DM-OF-1437-2023 del Ministerio de Hacienda.
Hacienda también estima que la aprobación de la ley en las condiciones actuales representará pérdidas anuales mínimas de ₡9 mil millones y por esta razón anunció el Ejecutivo lo vetaría de no ser cambiado.
“(…) la deslocalización patrimonial es un grave riesgo que afecta la recaudación tributaria de un Estado, y que se estaría fomentando con esta reforma, al eliminar la posibilidad de gravar rentas o rendimientos que si bien es cierto se originan en el exterior, tienen un origen y arraigo totalmente nacional”, dice el documento.
Sin embargo, la representación del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (NR) se oponen a modificar el proyecto.
Los mecanismos de elusión y evasión fiscal en Costa Rica le permitieron a las corporaciones sacar ₡3,7 billones entre el 2015 y el 2019, lo que convierte al país en el segundo de América Latina con más pérdida de impuestos por escape de capitales, según un estudio mundial de investigadores de la Universidad de Copenhague, California y Berkeley.
En el documento, Hacienda indica que la evasión fiscal internacional “no se detecta fácilmente” y que se produce en entornos favorables, en ocasiones facilitadas por el propio marco legal del país que permite encubrir la evasión, por lo que pide mantener el ligamen entre Costa Rica y las ganancias que las grandes corporaciones se llevan fuera del país, criterio respaldado por la jurisprudencia d ella Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional.
19 organizaciones civiles, que suman 124 mil personas afiliadas, se oponen a la propuesta y sostienen que agravará la desigualdad en Costa Rica al legalizar una práctica de elusión fiscal en el país. En respuesta a una carta de estas organizaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que compartía sus preocupaciones sobre el impacto que tendrá en el sistema tributario.
