Las representación del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (NR) se oponen a modificar el proyecto que aspira a sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea y que exime a las empresas de pagar impuestos cuando se llevan las ganancias obtenidas en Costa Rica fuera del país para obtener rentas pasivas.
La socialcristiana Daniela Rojas, impulsora de la propuesta y presidenta de la comisión que la avaló, admitió que la aprobación de la ley impediría el cobro de estos impuestos, que a la fecha se cobran por el Ministerio de Hacienda.
“El ejecutivo pretende poder cobrar rentas extraterritoriales” dijo Rojas en la conferencia de prensa, en la que aseguró que no se aprobaría ninguna de las mociones impulsadas por la diputada Pilar Cisneros y el diputado Jonathan Acuña.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció que el proyecto sería vetado por eximir de impuestos a estas grandes corporaciones, muchas de las cuáles tienen cobros judiciales.
Las diputaciones que impulsan el proyecto salieron al paso de lo dicho por Acosta, poco después de que la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep) pidiera la pronta aprobación del proyecto de Rojas.
En la propuesta se establece un nuevo criterio sobre qué capital paga o no impuestos en beneficio de empresas que han impulsado recursos legales contra el cobro de impuestos a las ganancias obtenidas en el extranjero.
Algunas de las grandes empresas que han impulsado recursos legales contra el cobro de estos impuestos son Lafise, Promérica, BAC San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borge y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Reckitt Benckinse y Coca Cola.
Rojas indicó que, por solicitud del Gobierno y el Frente Amplio, se eliminó un artículo transitorio en el proyecto que librara de pagar estos impuestos a las empresas que están actualmente demandada a pesar de que para ella eran muy importantes.
“La responsabilidad de si Costa Rica continua o no en la lista negra de la Unión Europea será exclusivamente del ministro de Hacienda y el Poder Ejecutivo, si toman la decisión de vetarla” dijo Rojas al respecto.
Paulina Ramírez, del PLN, aseguró que de ser vetado el proyecto correría el riesgo de que no entre en vigencia antes del 15 de setiembre, tiempo límite para presentarlo ante la UE y aseguró que de suceder “el impacto sería muy alto” para las empresas en el país e inversiones futuras.
19 organizaciones civiles, que suman 124 mil personas afiliadas, se oponen a la propuesta y sostienen que agravará la desigualdad en Costa Rica al legalizar una práctica de elusión fiscal en el país. En respuesta a una carta de estas organizaciones, el FMI indicó que compartía sus preocupaciones sobre el impacto que tendrá en el sistema tributario.
Los mecanismos de elusión y evasión fiscal en Costa Rica le permitieron a las corporaciones sacar ₡3,7 billones entre el 2015 y el 2019, lo que convierte al país en el segundo de América Latina con más pérdida de impuestos por escape de capitales, según un estudio mundial de investigadores de la Universidad de Copenhague, California y Berkeley.
