País

Poder Judicial denuncia sobrepoblación en celdas del OIJ: 210 personas se mantienen sin traslado a centro penal

Según datos presentados en Corte Plena, tres privados de libertad han sido positivos por COVID-19 y ocho son sospechosos.

El magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro, denunció este lunes que las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) nuevamente sufren de sobrepoblación, ya que 210 personas se mantienen sin poder ser trasladadas a un centro penal.

Alfaro calificó de “muy grave” la situación que se vive en el OIJ y aseguró que el Ministerio de Justicia ha fallado en brindar soluciones “suficientes, oportunas y definitivas”.

“Es un problema estructural y cíclico. Por unos pocos día se recibe algunos privados de libertad y en pocas horas o días la situación vuelve a generar largos periodos de estancia de las personas detenidas y la saturación de diversos circuitos judiciales. Esto ha generado atrasos y suspensiones de distintas diligencias, juicios y audiencias señalados, lo que puede generar un colapso en el sistema de justicia penal”, argumentó.

El magistrado aseguró que esta condición provoca un riesgo para la salud pública, especialmente por los posibles contagios de COVID-19.

“Hasta este momento hay ocho casos sospechosos y se han presentado tres positivos. Incluso una de estas personas que estaba con la enfermedad se recuperó encontrándose en celdas judiciales, porque se mantuvo toda la cuarentena allí, debido a la negativa del Ministerio de brindarle un espacio a una persona con este padecimiento”, dijo Alfaro.

El director del OIJ, Walter Espinoza, ha presentado 17 recursos de hábeas corpus a favor de las personas privadas de libertado con más de 72 horas de permanecer en estas celdas. De ellas, 10 han sido declarados con lugar, en contra del Ministerio de Justicia y del mismo Organismo de Investigación Judicial.

Hasta el domingo, de las 210 personas en dicha condición, 192 cumplían más de 72 horas desde que se ordenó una medida privativa de libertad.

“Estas personas no cuentan con las condiciones mínimas, las cuales están previstas para la contención provisional. La situación se viene dando desde agosto y no encontramos soluciones. Nosotros no podemos responsabilizarnos por una situación que nos es ajena y que nos  es atribuida por el Poder Ejecutivo, sin ser nosotros competentes para ello”, afirmó el magistrado de la Sala de Casación Penal.

Ante este tema, Corte Plena aprobó hacer una instancia al Poder Ejecutivo para que cumpla con su mandato en relación con las personas privadas de libertad, así como convocar a una conferencia de prensa para informar al país sobre la situación.

Suscríbase al boletín

Ir al contenido