«Ministerio de Justicia rechaza recibir privados de libertad en cárceles», denuncia Poder Judicial

Magistrados aseguran que 91 personas están en las celdas del Poder Judicial, porque les han negado el ingreso a centros penales.

El magistrado de la Sala III, Gerardo Alfaro, denunció este lunes que el Ministerio de Justicia no recibe privados de libertad en las cárceles, por lo que muchas personas están detenidas ilegalmente en las celdas del Poder Judicial.

Alfaro explicó que dichos espacios se pensaron para situaciones momentáneas, mientras se definen situaciones jurídicas, pero que en estos momentos se están dejando más tiempo del permitido.

«Están en celdas porque no han podido ser trasladadas a los centros de reclusión. Algunas se han trasladado y se han tenido que devolver porque no las han recibido o porque ya hay una manifestación de que no los van a recibir del todo», aseguró el magistrado.

Según Alfaro, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, le informó que los centros penales tienen problemas de sobrepoblación, pero que el Poder Judicial no puede tener privados de libertad que ya tienen una orden de ingreso.

«Se trata del cumplimiento de las competencias que legalmente corresponden al Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos celdas para que las personas cumplan medidas cautelares ni penas. Ellos tienen un problema serio que yo entiendo, pero nos están trasladando el problema a nosotros», dijo.

Los datos suministrados por el magistrado señalan que, hasta esta mañana, en las celdas del Primer Circuito Judicial se encontraban 26 personas detenidas, 16 en el Segundo, nueve en Alajuela, ocho en San Carlos, cuatro en San Ramón, nueve en Liberia, 10 en Limón, dos en Heredia, una en Puntarenas y una en Quepos.

«Esto es gravísimo, porque limita la posibilidad de los tribunales de justicia. Ocupamos un acuerdo, instando al presidente de la República y a la Ministra de Justicia para que cumplan con las órdenes de reclusión que legítimamente emanaron distintas autoridades judiciales del país», pidió Alfaro.

La Corte Plena acordó pedir una reunión con el presidente Alvarado y la ministra Salazar para dialogar sobre el tema y resolverlo lo más pronto posible.

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