Entre contradicciones, la auditora interna Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) explicó que, tras informarse en prensa del caso ‘Cochinilla’, no ha perseguido responsabilidades de las actuaciones de funcionarios públicos en el MOPT ni el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Medios de comunicación como UNIVERSIDAD publican, desde mitades de junio, que distintos funcionarios aparecen en el expediente penal 19-000025-128-PE como receptores de dádivas, contactos directos con las constructoras Meco y H Solís para beneficiarlas con contratos y recursos públicos, entre otras acusaciones.
Fiscala dice que CONAVI ‘ha sido dominado por la corrupción, prácticamente desde su creación’
¢225 mil millones en 2017 fue el pico presupuestario de los últimos 10 años en CONAVI; ahora institución está acusada de actos corruptos históricos junto con “duopolio” de constructoras Meco y H Solís
La auditora interna del MOPT, Irma Gómez, defendió en reiteradas ocasiones que fiscalizar el CONAVI no forma parte de las obligaciones de su puesto público. Acusó al auditor del CONAVI no “colaborar” con ella.
De acuerdo con Gómez, en junio, tras los arrestos que develaron la investigación contra Meco, H Solís y los funcionarios públicos, el ministro Rodolfo Méndez Mata pidió la colaboración entre los departamentos auditores de CONAVI y MOPT.
La semana pasada, el auditor de CONAVI, Reynaldo Vargas, aseguró que había hecho los mismos señalamientos que encontró la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, desde el 2013. Vargas también dijo estar sujeto a que Méndez Mata aplique sanciones a los funcionarios del CONAVI porque “el responsable disciplinario es el Ministro (Méndez Mata) y no el Consejo”.
El legislador Pablo Heriberto Abarca preguntó a Gómez si “le informó a la Contraloría General que el auditor del CONAVI está obstruyendo la investigación”.
“No. ¿Por qué lo voy a hacer? Él (Reynaldo Vargas) tiene una orden ya”, afirmó Gómez.
“Porque es su deber. Su deber es fiscalizar”, le respondió Abarca.
“No es mi deber fiscalizar CONAVI. Como una colaboración puedo fiscalizar CONAVI”, respondió Gómez.
El frenteamplista José María Villalta acusó a la auditora de incumplir la Ley General de Control Interno que rige para el sector público. Villalta preguntó si la auditora ha verificado que el ministro del MOPT aplique las sanciones administrativas para responder por las relaciones de hechos de irregularidades en el CONAVI.
“Lo del CONAVI no es mi competencia, lo del MOPT sí”, repitió Gómez, quien ocupa su cargo desde el año 2000.
Ante preguntas de Villalta, la auditora manifestó no conocer que se pintó el edificio principal del MOPT con desvíos de partidas de los proyectos viales. Esta información fue publicada por UNIVERSIDAD el 21 de junio. La auditora dijo a Villalta que “no se nos informó de las obras de pintura para ir a fiscalizarlas”.
“Que quede constando en actas que lo que estamos viendo es un ejemplo claro de cómo la creación del CONAVI ha favorecido la impunidad”, afirmó el diputado Villalta.
De acuerdo con Villalta, la contradicción es que ni el auditor del CONAVI ni la auditora del MOPT han verificado que se persigan sanciones contra funcionarios corruptos o ineficientes, vinculados a los proyectos que han salido a la luz pública.
“Genera un limbo que provoca que nadie verifique que se apliquen las sanciones en CONAVI y eso ha provocado la impunidad que tenemos en CONAVI”, afirmó Villalta.
El diputado del Frente Amplio mencionó también que el expediente Cochinilla involucra a funcionarios del MOPT: el gerente financiero del Ministerio, Francisco Molina; y el encargado de la unidad ejecutora de los proyectos del Banco Interamericano de Desarollo (BID), Edgar May Cantillano. Villalta preguntó si se han abierto procedimientos sancionatorios en su contra.
“Lo voy a hacer si a mí me corresponde”, respondió finalmente la auditora Irma Gómez.
Entre otras falencias, la auditora informó que “Ni el MOPT ni la auditoría tiene capacidad de verificar la calidad de las obras”, razón por la cual el Ministerio depende del “autocontrol de calidad” de las empresas constructoras como Meco y H Solís.
Ante consulta de la diputada Xiomara Rodríguez sobre si las condiciones del CONAVI y el MOPT “diluyen las responsabilidades” sobre las irregularidades y los actos de corrupción, la auditora confirmó que ““Con respecto al jerarca, sí. También respecto a las auditorías”.
Al cierre de la audiencia, la diputada Paola Valladares acusó a la auditora de “desconocer la Ley de Contratación Administrativa”, “desconocer las competencias de una auditoría” aunque fueron leídas por el diputado José María Villalta.
Valladares también señaló que la auditora ha recibido capacitaciones por más de $3.500 en Argentina y República Dominicana.
Diputados piden “careo” por contradicciones
Dadas las contradicciones entre los auditores del CONAVI y el MOPT, los diputados pedirán una audiencia con Reynaldo Vargas e Irma Gómez para el jueves de la siguiente semana (29 de julio).
La auditora Irma Gómez afirmó que, en junio, el auditor de CONAVI rechazó una colaboración con el MOPT para revisar el funcionamiento de la institución. La diputada Franggi Nicolás afirmó que Vargas dio información sobre que era de “mutuo acuerdo” que se apartara el MOPT de dicho procedimiento.
“Yo desconozco lo que él argumenta. Lo único que se nos dijo en la sesión virtual es que él tenía todo cubierto (…) Sí (falta a la verdad). Yo lo informé, de oficio, al Ministro, diciéndole que eso no era cierto”, le dijo la auditora del MOPT a la diputada Nicolás.
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