“El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ha sido dominado por la corrupción, prácticamente desde su creación hasta la actualidad”, asegura una fiscala auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, dentro del expediente penal ahora conocido como el caso “Cochinilla”.
Además de enumerar las redes de influencia creadas alrededor de personas funcionarias en CONAVI y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una solicitud del 2019 pidió que este caso fuera declarado como un “crimen organizado”.
“Las actividades ilícitas emprendidas por los investigados se han desarrollado desde hace 20 años aproximadamente, tiempo que casi coincide con la creación del CONAVI. Por tanto, no se trata de una organización conformada fortuitamente, sino que por lo contrario ha sido formada y consolidada a través de los años, representando uno de los mejores ejemplos de corrupción pública y privada en nuestro país”, dice la comunicación de la fiscala de apellido Rodríguez.
En el relato, la fiscala acusa que el CONAVI tiene “uno de los presupuestos más cuantiosos a nivel nacional, verbigracia, solo a nivel de “conservación vial” asciende a la suma de $250 millones por año”.
Un recuento de UNIVERSIDAD por las leyes de presupuesto ordinario de la última década señalan un crecimiento progresivo de las partidas para CONAVI, entre el 2010 y el 2021. Este año, el dinero de CONAVI representa alrededor de una tercera parte de todo el dinero que administra el MOPT.
No obstante, el “pico” presupuestario de CONAVI fue asignado en el año 2017, durante la administración Solís Rivera y en la gestión del exministro Carlos Villalta Villegas (mismo que el expediente acusa de recibir viajes pagados por la española Puentes y Calzadas, socia de la constructora nacional Meco, entre otros flujos irregulares de dinero).
Puentes y Calzadas, socia de Meco, habría pagado viajes del exministro Carlos Villalta durante su paso por CONAVI
Villalta mantenía relación con dueños de H Solís y Meco. Con esta última empresa, siendo ministro del MOPT, “gestionó la idea” para que Puentes y Calzadas y Meco fueran consorcio.
El CONAVI recibió en el 2017 un total de ¢225.113 millones del presupuesto; es decir, más del doble de lo que CONAVI recibió para el año 2010.
Los cinco años más caros del CONAVI para el país fueron el 2017, 2018, 2020, 2019 y, un empate entre los muy similares 2015 y 2021.
Estos datos se desprenden de las Leyes de Presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa todos los años. Se excluyen datos de presupuestos extraordinarios para el propósito del análisis, en los que se pudo multiplicar la necesidad de gasto del CONAVI.
“La corrupción del CONAVI no es un fenómeno aislado, por el contrario, se trata de un fenómeno constante que opera por medio de una estructura criminal consolidada, integrada por funcionarios públicos en puestos claves y amplios conocimientos en materia de contratación administrativa que permite la manipulación solapada de los procedimientos licitatorios”, escribió la fiscala de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en el 2019.
“Se trata de una organización criminal sumamente rentable para los funcionarios corruptos porque adquieren la capacidad de incrementar sus patrimonios de manera ilegítima. También rentable para las empresas H Solís y Meco, las cuales producto de corromper a estos funcionarios públicos e instrumentalizarlos para sus fines, han logrado posicionarse prácticamente como un duopolio nacional en materia de infraestructura vial, recibiendo cuantiosas ganancias y lo más preocupante, ejecutando obras de baja calidad, defectuosas e incompletas”, asegura el documento firmado por la fiscala.
