Después de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró con lugar la medida cautelar presentada por la Fundación MarViva contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), ordenándole suspender el estudio sobre pesca de camarón usando la técnica de “arrastre” por existir peligro inminente y de difícil reparación para los ecosistemas marinos, el ministro de Ambiente reconoció que tres de las ocho embarcaciones que participaban en estudio de pesca arrastre hicieron “trampa”.
El Tribunal ordenó suspender las faenas de pesca que se realizan actualmente y cualquier otro acto conexo realizado por Incopesca que habilite la ejecución del estudio, incluyendo nuevos permisos de pesca y los acuerdos de la Junta Directiva que avalaron la iniciativa, hasta que se resuelva por el fondo la demanda presentada por MarViva el 18 de mayo pasado.
La demanda interpuesta por la organización busca que se anule los estudios llamados “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacífico costarricense 2022, 2023” y “Metodología Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacífico costarricense 2022, 2023”, que pretenden reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica.
La pesca de arrastre es una técnica de pesca que consiste en remolcar una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino, capturando además de camarón (en este caso), muchas otras especies como peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados.
Observadores a bordo
En setiembre de 2022, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que el Gobierno realizaría nuevos estudios técnicos para reactivar la pesca de camarón a partir del primer trimestre del 2023. Para esto Incopesca otorgó permisos de pesca que autorizaban la explotación comercial de camarón mediante la técnica de arrastre.
Según consta en la resolución del Tribunal emitida el pasado 13 de noviembre (2023005361), Incopesca firmó cartas de compromiso para la participación en los estudios con la Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros y la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón y otorgó permisos de pesca para el estudio a las embarcaciones Sultana, Diana II, Freyman Manuel y Capitán Hemingway.
Marviva cuestionó los estudios con base en lo que ocurrió en los primeros meses de su aplicación. Katherine Arroyo, gerente de incidencia política de MarViva, explicó que “los observadores a bordo durante los primeros meses del estudio emitieron numerosos señalamientos que invalidaban los datos de desembarcos reportados y, por ende, los cálculos sobre la fauna de acompañamiento”.
“Además, quedaba claro las deficiencias metodológicas del estudio y la existencia de condiciones que ponían en riesgo la integridad física de quienes realizaban las faenas de pesca, incluyendo observadores y los mismos capitanes de los barcos”, señaló entonces Arroyo.
Además de MarViva, los estudios fueron cuestionados desde la academia, otras organizaciones conservacionistas y científicos.
En su denuncia interpuesta el 18 de mayo, MarViva argumentó que los estudios tienen una serie de irregularidades y falencias que contravienen de forma directa las disposiciones normativas sobre pesca de arrastre y las sentencias emitidas por la Sala Constitucional en el tema. También denunció la falta de solidez técnica del proyecto, los vicios en el desarrollo del mismo, la afectación al ambiente que podría causar daños irreparables y violentarían el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Constitución y que Incopesca formalizó esta y otras decisiones mediante actos contrarios al ordenamiento jurídico, es decir, actos ilegales.
Con respecto a la decisión del Tribunal, Arroyo declaró: “Más allá de darnos la razón sobre la seriedad y rigurosidad de nuestros argumentos, con esta medida cautelar el Tribunal da un paso firme hacia la protección de nuestros ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los cuales dependen miles de pescadores artesanales y sus familias”.
“En medio de inconsistencias y falta de transparencia, este ‘estudio’ está cargado de carencias técnicas y metodológicas, lo que representa un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas. Creemos en la Democracia y el Estado de Derecho de nuestro país y celebramos con respeto esta decisión del Tribunal”, agregó Arroyo.
Chaves descalifica al Tribunal
Sin embargo, en la conferencia de prensa realizada el miércoles en Casa Presidencial, el presidente Chaves, el ministro de Ambiente Franz Tattenbach y el presidente ejecutivo de Incopesca, Heiner Méndez, defendieron los estudios.
Chaves dijo que “el Gobierno no insiste en nada” sino que se basa en evidencia y “no en ideologías, no en sesgos”. “La Sala IV dijo ‘no se tienen los estudios, hay que hacerlos’, se lo ordenó a gobiernos pasados y arrastraron los pies, nosotros iniciamos los estudios y algo pasó con una Fundación Marviva (…) Hay que dilucidar si se puede o no hacer de una manera sostenible”.
Posteriormente Chaves descalificó al Tribunal Contencioso Administrativo afirmando: “vaya experticia en temas científicos y de pesca”.
Mendez dijo: “básicamente Mar Viva está alegando que no están de acuerdo con la forma en que se está haciendo la investigación, básicamente alegan un posible daño ambiental”. “La investigación es robusta, con las respectivas salvaguardas ambientales, con sistemas de fiscalización necesarios y hecha por científicos profesionales”.
Mientras que el ministro Tattenbach reconoció: “Actualmente de las embarcaciones que estaban realizando el estudio, tres están detenidas porque se había detectado que estaban haciendo trampa. Tenemos las salvaguardas para que se circunscriba a áreas donde no iba a hacer daño (…) nos dimos cuenta por radar”.
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