El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR) se pronunció en contra del nuevo estudio sobre pesca de arrastre a cargo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), bajo el principio que “carece de la rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país”.
El estudio de Incopesca titulado Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024 indaga en la pesca de arrastre del camarón mediante la Red AA.
Natasha García, representante estudiantil en el Consejo, comentó a UNIVERSIDAD que este pronunciamiento es parte de la coherencia de las políticas universitarias para “garantizar que las futuras generaciones también tengan el derecho al ambiente”.
“No podemos emitir criterios, no podemos tomar acciones sin tener la parte académica científica de previo, más si el Estado invierte en eso. La Universidad de Costa Rica es del pueblo, para eso está la disposición, las instalaciones (…) Tenemos que ser parte de esa construcción social”, Natasha García.
“Hay muchas acciones que están atropellando nuestro Estado social de derecho. No podemos seguir permitiendo que se nos ataque por todos los frentes, desde lo social, lo cultural, desde luego lo educativo, nuestras instituciones y ahora también que nos quiten nuestro ambiente”, añadió.
García también fue enfática en que el pronunciamiento busca generar un mayor espacio de discusión, especialmente, dentro del movimiento estudiantil como “impulsores y defensores”, puesto que “la presión social de los costarricenses ha generado que el gobierno eche para atrás varias de las circunstancias”.
En la sesión n. 6699 del pasado 18 de mayo, el CU resaltó que una de las motivaciones detrás de la decisión institucional está relacionada con el criterio de los investigadores del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), Ingo Wehrtmann y Mauricio Ibarra. En este criterio, indican que es “cuestionable asumir” que la red AA es la “indicada para producir una pesca más sostenible”.
La red AA Costa Rica es concebida como una nueva red que al arrastrar el fondo marino permite la salida de ciertos organismos. Mide 2,5 metros, frente a otras redes que tienen un tamaño de cuatro a seis metros.
No obstante, los expertos indicaron que la experiencia con la red AA se basa en un estudio del Instituto en el Golfo de Nicoya entre octubre y diciembre del 2018, cuyos resultados fueron “ampliamente criticados” por su corta duración, limitado alcance geográfico y errores en los resultados.
“La propuesta parte del supuesto de que los camarones tienen una longevidad de alrededor de dos años; sin embargo, no existe información sobre la longevidad de las especies objetivo del estudio propuesto por el Incopesca para Costa Rica. Al no estar considerado este aspecto en el diseño metodológico de la propuesta, limitaría sustancialmente el alcance de los resultados obtenidos”, añade el criterio de los expertos del CIMAR.
Previo a esto, la Universidad ya se había pronunciado en el 2020 en contra del proyecto de ley para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica (N. 21.478). En ese entonces, le solicitó a la administración Alvarado Quesada vetar la legislación, a causa de los criterios técnicos de diferentes entes universitarios que advertían sobre las problemáticas y el “daño ambiental tan amplio e irrestricto” de la pesca de arrastre.
“Así como su impacto a otros sectores productivos del país, de los que dependen miles de personas, además de la ausencia de estudios en Costa Rica que evidencien la sostenibilidad de la pesca de arrastre; por lo que resultaba inconveniente reactivar este tipo de pesca en el país”, dicta el pronunciamiento del Consejo.
Especies vulnerables sujetas a explotación
La UCR también se pronunció en contra de la iniciativa de Incopesca de ampliar la lista de especies vulnerables propensas a la explotación pesquera y comercial, la cual pasaba de 34 a 234 especies, e incluía animales como iguanas, tortugas y corales.
La propuesta AJDIP/057-2023 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 28 de abril, pero fue derogada por la Junta Directiva de Incopesca el pasado 9 de mayo.
Según detalló la UCR, el Instituto no contaba “con las competencias para definir esta lista, siendo que la inclusión de especies vulnerables puede ocasionar un daño irreparable y directo a ecosistemas, así como al bienestar futuro de las nuevas generaciones”.
Lo anterior se suma a que Incopesca señaló incorrectamente que consultó el criterio de las cinco universidades estatales para desarrollar la lista de especies con interés acuícola y pesquero; no obstante, todas estas instancias se pronunciaron en contra de esta afirmación y solicitaron que el acuerdo se derogara “de inmediato”.
Según explicó la representante estudiantil en el CU, Incopesca sí consultó a una persona integrante de la comunidad científica de la UCR; empero, se le realizó una pregunta “fuera de contexto” sin indicarle que sería utilizada para la propuesta del Instituto. Además, el criterio del experto finalmente no fue utilizado para el desarrollo de la lista de especies.
“No podemos emitir criterios, no podemos tomar acciones sin tener la parte académica científica de previo, más si el Estado invierte en eso. La Universidad de Costa Rica es del pueblo, para eso está la disposición, las instalaciones (…) Tenemos que ser parte de esa construcción social”, comentó García.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) comunicó que la propuesta se someterá la lista al análisis de la Comisión de Coordinación Científica Técnica con un periodo adicional de consultas, con el fin de “contar con una lista que incorpore los intereses de los diversos actores y que permita el desarrollo de la acuicultura costarricense, así como de las comunidades locales que dependen de esta actividad”.
Incluso, ante la preocupación externada por los entes académicos, la Defensoría de los Habitantes comunicó el 19 de mayo que indagará cuáles fueron “los criterios técnicos en los cuales Incopesca se basó para inicialmente dar el visto bueno a la medida, y luego días después dar marcha atrás a la decisión”.
Para ello, la Defensoría solicitó copias de las actas de la Junta Directiva de Incopesca en donde se tomaron los acuerdos, así como un informe que explique la aprobación y posterior retiro de la lista de especies.
