La ministra de Salud, Mary Munive, dijo que la solución definitiva a la contaminación de fuentes de agua con mercurio en Crucitas como consecuencia de la minería ilegal en la zona es construir un acueducto y que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) está trabajando en un plan de inversión para esto, en conjunto con el Gobierno.
Sin embargo, la jerarca resaltó que el agua que consumían estas comunidades antes de que se declarara emergencia en la zona por la contaminación no necesariamente era potable, porque no provenía de un acueducto, sino de pozos artesanales.
“El lugar donde está asentada la región no tiene ningún acueducto, no tiene ninguna Asada, lo que tiene son pozos artesanales. ¿Qué quiere decir esto a nivel del agua? No se garantiza la potabilidad del agua”, señaló Munive en la conferencia de prensa del miércoles en Casa Presidencial. “Sí, hay niveles de mercurio; pero igual no se garantiza que esa agua sea realmente para el consumo humano”, agregó.
Munive argumentó que la solución definitiva no es seguir haciendo muestras en el agua para ver si hay mercurio por contaminación, sino construir un acueducto.
La ministra también explicó que no existía ninguna norma para valorar una intoxicación por mercurio -aguda o crónica – en las personas, por parte del ente operativo que es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que se generó ese lineamiento, que ya está aplicándose.
“Nosotros estamos en continua supervisión de que la población obviamente no tenga ningún síntoma y que se hagan las mediciones respectivas. Se ha solicitado un estudio para analizar si hay mercurio en la población; pero nosotros no hemos tenido a este momento afectación en la población”, aseguró.
Caminos de acceso a las comunidades
Asimismo, Munive afirmó que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el AyA están abasteciendo con agua potable a la población mediante camiones cisterna como estrategia paliativa.
El presidente de la CNE, Alejandro Picado, informó que ya terminaron de habilitar el primer bloque de caminos (50 km) para poderle llevar el agua a estas familias.
“Hay un segundo bloque de caminos en un segundo plan de inversión, que ha requerido verificar el nexo de causalidad porque no podemos llevar el agua a donde nunca ha llegado el agua”, dijo Picado.
Esto significa que la CNE no puede invertir recursos en arreglar o habilitar caminos sin demostrar que antes de la declaratoria de emergencia llegaba agua.
Esto por cuanto hay vecinos de poblados que aseguran que los camiones cisterna no están pudiendo ingresar a llevarles agua por el mal estado de los caminos.
Picado anunció que están tramitando la adquisición de dos tanquetas (camiones cisterna) de doble tracción; pero que una vez que esto sea aprobado, van a tardar en llegar al país.
“Mientras se expande la red pública de agua potable hay que seguir con el proceso de atender con tanquetas a la comunidad”, resaltó Picado.
Contaminación se confirmó en marzo de 2022
Desde marzo de 2022, muestreos llevados a cabo por el Ministerio de Salud detectaron niveles de mercurio y cianuro en los acueductos de Llano Verde y Chamorro por encima del VMA (valor máximo admisible) permitido en el Reglamento 38924-S, según indica una resolución de la Sala Constitucional del pasado 3 de febrero.
En febrero de este año trascendió que en un estudio realizado por el Ministerio de Salud en noviembre de 2022 se detectó 0,065 mg/L de mercurio en el agua que abastece a los distritos de Cutris y Pocosol, cuando el valor máximo admisible de mercurio en agua es de 0,001 miligramos por litro (mg/L).
La situación afecta a personas que viven en las comunidades de Crucitas, El Roble, Chamorro y Chorreras, en el distrito de Cutris; y en Llano Grande y El Jocote, en el distrito de Pocosol.
A mediados de febrero el Ministerio de Salud emitió 13 órdenes sanitarias a AyA y a los entes administradores de los acueductos y suspendió de manera preventiva el suministro de agua en esas comunidades.
El 2 de marzo pasado, el presidente de la República Rodrigo Chaves y otros jerarcas firmaron una declaratoria de emergencia por la detección de mercurio en el agua.
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Situación también afecta a las comunidades de Roble-Chamorro, Llano Verde, El Jocote y Chorreras.
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Un estudio hecho por la Universidad Nacional para el MINAE constató que la utilización de mercurio por la minería ilegal en la zona podría dañar los ecosistemas acuáticos “aguas abajo”.
