Un reciente estudio de la Universidad Nacional (UNA), a través de su Instituto de Estudios en Sustancias Tóxicas, advirtió sobre una “muy probable” e “importante” afectación de los ecosistemas acuáticos de Crucitas, contaminados por el mercurio que utilizan grupos mineros ilegales para extraer oro de la zona.
Para ello, la institución tomó muestras de peces, plantas, agua y sedimentos, dentro y fuera de las zonas que están siendo utilizadas para la minería ilegal (desde la microcuenca del Caño Crucitas y la cuenca baja del río Infiernito hasta sus desembocaduras en el río San Juan), las cuales encendieron las alarmas sobre una muy probable “afectación importante del ecosistema acuático, tanto local como aguas abajo”.
Según el estudio preliminar, con fecha del 19 de septiembre, “los niveles más altos (de mercurio) se presentaron en las muestras tomadas directamente en las áreas de impacto”; sin embargo, “la alta remoción del material suelo, la ampliación del lecho del curso de agua por la cantidad de sedimentos en suspensión, la liberación de materia orgánica, todo en combinación con las lluvias intensas en la zona, generarían un desplazamiento del mercurio” en la zona.
El estudio se realizó a solicitud de la Dirección de Agua del MINAE, tal como data en el mismo documento, en el que se propuso como objetivo “identificar la presencia de mercurio en el área afectada”, como finalmente ocurrió.
Posteriormente, dice el informe, se buscaría “consolidar una segunda fase de monitoreo a largo plazo en los comportamientos ambientales de biota, agua y suelo, así como en pobladores en contacto directo o indirecto con el metal” para “identificar las zonas de mayor riesgo y apoyar con datos científicos las acciones de las entidades estatales”.
La preocupación se ha levantado con especialmente desde inicios del año pasado, cuando incrementó la presencia de grupos mineros artesanales en la zona.
Allí se había intentado levantar el proyecto minero de la empresa canadiense Infinito Gold, años atrás, durante la última administración de Óscar Arias; sin embargo, esa iniciativa se cayó en el año 2010 ante la presión de grupos sociales, académicos y ambientalistas, que cuestionaron el inminente impacto ambiental que tendría en el país.
No obstante, los territorios quedaron identificados por los coligalleros que ahora llegan a la zona de Finca Vivoyet, donde ahora utilizan mercurio para amalgamar el oro que extraen de los fragmentos de piedra en la zona.
Ante esta situación, el informe de la UNA recuerda que el mercurio es “un metal altamente tóxico, tanto por su fácil migración entre los distintos comportamientos ambientales, como por su persistencia y capacidad de bioacumulación, biomagnificación y para formar compuestos orgánicos”.
Esto, advierte el documento, es un “riesgo potencial” para aves, nutrias, perezosos y otras especies que se alimentan de peces y plantas afectadas, cuya exposición al mercurio —una vez ingerido— puede provocar desórdenes de comportamiento y problemas en la salud de los mismos.
Además de todos estos daños, los especialistas de la UNA determinaron que los coligalleros de la zona generan otros daños colaterales en los humedales, donde lavan material rocoso en las quebradas, socavan raíces de los árboles, botan el bosque, ensanchan los cauces hasta 10 veces o más su ancho original, remueven sustratos y dejan restos de basura plástica.
El informe fue difundido la tarde de este martes por la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa, donde su jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides, reclamó “la atención de las autoridades actuales” y que se sienten “responsabilidades del Gobierno anterior, que dejó que cientos de coligalleros entraran a esa zona y que se hayan amasado grandes negocios a través de la extracción ilegal”.
