La ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández Delgado, dijo hoy que como la Ley Marco de Empleo Público no le dejó a Mideplan ningún instrumento para cuestionar o para oponerse a lo que una institución con autonomía determine como puestos excluidos del ámbito de rectoría de Mideplan, emprenderán acciones de legalidad al respecto.
La jerarca hizo las declaraciones esta mañana durante la conferencia de prensa que se realizó con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, impulsada y aprobada durante la administración Quesada Alvarado.
Fernández señaló que la ley cobija a la mayor parte de las instituciones del Estado, a los tres poderes de la República y las instituciones con autonomía como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), municipalidades y las universidades públicas.
Quedan fuera de la cobertura de la ley únicamente las empresas públicas en competencia, como por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y los entes públicos estatales, que son los colegios profesionales.
Sin embargo, en el caso de las instituciones con autonomía de gobierno, la misma ley dispone que tienen la potestad de indicar cuáles puestos quedan fuera del ámbito de la rectoría de Mideplan.
Fernández insistió en que “esa exclusión no les excluye de la implementación integral de la ley”, ni de diseñar e implementar los diferentes productos que esta ley estipula.
La Ley establece que, en el caso de Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), municipalidades y universidades públicas, aquellas personas servidoras públicas, que desempeñan funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas a cada institución, no están sujetas a la gobernanza y rectoría de Mideplan, según lo determine cada institución.
Hasta la fecha, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, más de 35 municipalidades y la Universidad de Costa Rica (UCR) han declarado que todos sus funcionarios son “exclusivos y excluyentes”.
Pero según Fernández, “la ley no le dejó a este ministerio como rector ningún instrumento para cuestionar o para oponerse a lo una institución que tiene autonomía determine como los puestos excluidos del ámbito de rectoría de Mideplan”.
“Nosotros vamos a emprender diferentes acciones de legalidad para consultar en instancias judiciales cuál es el alcance de la rectoría de Mideplan, porque muy poco sentido me hace a mí que el Poder Judicial y otras instituciones como las municipalidades, estén indicando que absolutamente todos sus puestos son afines a las tareas que realizan en el marco de su autonomía”, dijo Fernández.
“Hay una serie de puestos que son homogéneos dentro de las diferentes instituciones del Estado, así que yo esperaría que a través de diversas acciones legales que estamos estudiando llevar adelante, podamos precisar eso de una mejor manera”, indicó la jerarca.
La funcionaria precisó que ayer formularon una consulta a la Procuraduría General de la República y que probablemente presentarán otra ante la Sala Constitucional en las próximas semanas.
Un tema tiene que ver con el “conflicto de competencias”. De acuerdo con Fernández, con esto se “trata de dilucidar si este ministerio puede o no puede tener la competencia de decirle a una institución con autonomía cuáles son los puestos que puede excluir del ámbito de la rectoría de Mideplan”.
“Por lo pronto, lo único que puedo hacer es darles un acuse de recibo, que es lo que estamos haciendo”, agregó.
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El pasado 2 de marzo, Presidencia y Mideplan anunciaron que organizarán un Diálogo Nacional -del 20 al 31 de marzo- para construir un proyecto de ley que reforme la ley.
Fernández dijo hoy que le gustaría que en ese anteproyecto de reforma de ley “pudiéramos incluir mecanismos de coordinación claros que pudiéramos tener con otros poderes de la República y con las instituciones en autonomía” porque eso no quedó claro en la ley.
“Me gustaría que pudiera quedar claro en la ley cómo se deben entender los criterios de exclusivos y excluyentes, que hubiera quedado con una redacción meridianamente clara, para que todas las instituciones con autonomía pudieran entender mejor esos conceptos y no decir que los conductores, las secretarias, los misceláneos, están excluidos”, señaló la jerarca.
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