La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Pérez Zeledón investiga al juez Jean Carlos Céspedes Mora por el presunto delito de prevaricato, al haber ordenado desalojos contra familias indígenas recuperadoras y al mismo tiempo tener una relación de parentesco con una persona no indígena, que ocupa ilegalmente tierras en los territorios de Térraba y Boruca, denunció la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Así lo confirmó el Poder Judicial ante consulta de este medio.
El delito de prevaricato se da cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos y es penalizado con dos a seis años de prisión.
La causa que conoce el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José contra el juez Jean Carlos Céspedes Mora está en el expediente 23-000003-1954-PE.
Se trata de los terrenos conocidos como finca Kapleña (“tierra de zompopas”), ubicada en Puente de Salitre y que fueron recuperados por familias bribris del clan Kölkiwak desde el 2 de noviembre de 2019.
Estos terrenos estaban siendo ocupados ilegalmente por la persona no indígena Edwin Guevara Mora, quien interpuso un proceso interdictal en contra de las familias recuperadoras.
El 30 de junio del 2021 el Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de Buenos Aires vio el caso y el juez Céspedes Mora declaró con lugar las pretensiones del demandante.
Mientras se investiga el caso por prevaricato contra Céspedes Mora, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó una medida cautelar y frenó el desalojo de las familias indígenas de Salitre.
El Juzgado resolvió que el no indígena Edwin Guevara Mora no puede ejercer derecho de posesión ni mucho menos de propiedad sobre las tierras que reclama, de acuerdo con la Ley Indígena y convenios a nivel internacional.
“Se ordena mantener a la Asociación de Desarrollo de Salitre en posesión de los territorios en discusión”, confirmó el Poder Judicial a UNIVERSIDAD.
Ha ordenado desalojos en varios territorios
La CLSS explicó que el juez Céspedes Mora tiene relación de parentesco con el no indígena Luis Chinchilla, quien ocupa ilegalmente tierras en los territorios indígenas Térraba y Boruca.
Céspedes Mora también ha ordenado el desalojo de familias recuperadoras cabécares de Kono Jü, Yuwi Senaglö y Saka Duwë Senaglö en China Kichá, por medio del Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de Buenos Aires. Asimismo, en 2019 ordenó el desalojo del territorio recuperado Crun Shurín, en Térraba.
Gustavo Oreamuno Vignet, de la CLSS, explicó que en este momento todavía existen tres órdenes de desalojo contra familias recuperadoras en China Kichá y que en todos los casos se han interpuesto los recursos legales pertinentes.
En el caso de China Kichá, se solicitó la declaración de vulnerabilidad social, la cual fue otorgada durante la administración Alvarado Quesada.
También se solicitó para finca Kapleña, en Salitre; pero el Gobierno actual la denegó en noviembre del año pasado y en este momento está en una petición de revisión, añadió Oreamuno.
El Ministerio de Seguridad es el encargado de declarar un desalojo de vulnerabilidad social y en estos casos se debe considerar un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los derechos humanos.
Denuncian desalojos judiciales
El conflicto en los territorios indígenas en la zona sur del país está siendo llevado cada vez más por la vía judicial y particularmente por materia penal, donde los principales afectados son las personas indígenas, denunció el “III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur”.
El informe, que sistematizó y analizó agresiones e incidentes de seguridad contra los pueblos originarios de enero a diciembre de 2022, fue presentado el pasado 12 de setiembre, y fue preparado por la CLSS, con el apoyo de la Asociación Voces Nuestras.
La afectación que genera esta judicialización del conflicto incluye la necesidad de tener que salir varias veces a la semana del territorio para atender diligencias judiciales sin ningún apoyo económico. Además, la materia legal se ve como algo sumamente técnico y no como una herramienta o un saber de los pueblos, lo cual les obliga a buscar abogados porque la labor de la defensa pública es muy insatisfactoria, explica el informe.
Nery Chaves, encargada de investigar y sistematizar el informe, declaró que ninguna persona no indígena ha sido procesada penalmente y mucho menos condenada por estas agresiones. Sin embargo, los pueblos originarios han enfrentado varios desalojos judiciales en sus recuperaciones.
La única persona no indígena judicializada había sido Eduardo Varela, el asesino confeso de Jehry Rivera; sin embargo, fue absuelto el pasado julio por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago.
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