Representantes de grupos recuperadores de territorios indígenas afirmaron hoy que hasta la fecha no hay señales ni acciones de ningún avance en el proceso prometido por la administración Chaves Robles de reubicar a las personas consideradas “propietarias de mala fe” que viven dentro de territorios indígenas de manera ilegal.
El pasado 9 de agosto, día en que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno anunció que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) había invertido ¢1.370 millones para comprar las fincas donde reubicará a las “personas afectadas por el conflicto en los territorios indígenas”, refiriéndose a los propietarios de mala fe que viven dentro de territorios de pueblos originarios.
“Él (Chaves) dijo que él iba a comprar tierras para reubicar a los no indígenas; pero hasta el momento no sabemos nada. Hasta el momento no hemos visto ningún movimiento que diga yo que el presidente hizo, o que va a hacer o que está haciendo nada, como siempre”, dijo Clarita Quiel Torres, recuperadora indígena en el territorio de Cabagra, en la Zona Sur.
Quiel hizo estas declaraciones esta mañana durante la presentación del III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur (enero-diciembre 2022), en la Asamblea Legislativa.
El Informe sistematizó y analizó agresiones e incidentes de seguridad contra los pueblos originarios durante 2022 y expone que en este periodo se presentaron 58 incidentes de seguridad, según el documento preparado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, con el apoyo de la Asociación Voces Nuestras.
Francis Ortiz Rojas, del territorio indígena de Salitre, criticó: “hemos venido arrastrando este problema desde 2011 hasta la fecha y no se ha resuelto nada; el Estado no ha hecho nada”. “La idea es que algún día nos devuelvan lo que es nuestro”.
Por su parte, Karen Villanueva, de China Kichá, denunció: “A esas personas nunca les llega el castigo, más bien son a las personas indígenas a las que encierran y torturan”. “Hay una falta de voluntad del Estado de hacer cumplir los derechos humanos”.
Danny Rivera, del territorio de Térraba, declaró: “Las instituciones públicas han llegado y no han cumplido hasta el momento; no estamos siendo protegidos. Si el Gobierno propone una solución, que la ejecute”.
¢1.370 millones para compra de fincas
En octubre de 2022, la Sala Constitucional ratificó sentencias de la Sala Primera que indican que las personas que adquirieron tierras dentro de territorios de pueblos originarios, después de que entró en vigencia la Ley Indígena de 1977, actuaron de mala fe y que la adquisición de esa propiedad es nula.
El 17 de febrero de este año, el Gobierno anunció que disponía de 1.000 hectáreas para reubicar a los “propietarios de mala fe” que viven en los territorios indígenas y que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Inder realizarían los estudios correspondientes.
El 9 de agosto pasado, Presidencia emitió un comunicado afirmando que “se dio una reactivación efectiva originada del voto de la Sala Constitucional, mediante el cual se establecía de forma clara quienes eran poseedores de buena y mala fe, en el tema de los terrenos indígenas”.
Según el Gobierno, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) está dando acompañamientoy asesoría legal a la población de los territorios indígenas sobre cómo interponer los procesos de desalojos y las leyes que los respaldan para iniciar dichos procesos.
También se indicó que el Inder, Dinadeco y el Ministerio de Seguridad Pública estaban capacitando a las asociaciones de desarrollo integral indígena “en su empoderamiento para las recuperaciones de territorios por la vía legal.
Por último, se afirmó que el Inder realizó una inversión de ¢1.370 millones “para la compra de fincas para la reubicación de personas afectadas por el conflicto en los territorios indígenas y un aporte de ¢2.650 millones para la creación de un fondo nacional para la recuperación de los territorios”.
Los conflictos por tenencia de la tierra en territorios indígenas son una problemática que afecta sobre todo a los territorios de Salitre, Cabagra, Térraba y China Kichá, en la zona sur.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan.
Luego se promulgaron otros instrumentos jurídicos hasta llegar a la Ley Indígena de 1977. Dicha ley establece que cualquier persona no indígena “poseedora de buena fe” o propietaria con títulos inscritos en el Registro Público, tiene derecho a ser indemnizada para que los indígenas puedan recuperar esas tierras.
Sin embargo, desde fines de los años 50 muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños.
La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que desde 2010 aproximadamente decidieron recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
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Dejó sin lugar demanda de una empresa poseedora de terrenos dentro del territorio indígena Maleku, pues rechazó alegato de que al momento de adquirirlos, décadas después de su consolidación como zona indígena, no constaban así en el Registro Inmobiliario.
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Dijo que las restricciones al aborto “son de naturaleza discriminatoria” y detalló que “la moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir de justificación para la promulgación o aplicación de leyes que den lugar a violaciones de derechos humanos”.
Indígenas protagonizaron más denuncias y protestas que otros grupos de activistas en 2022
Según el Informe Anual del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, durante el 2022, se realizaron 291 acciones colectivas, de las cuales 127 responden a demandas desde grupos indígenas y 45 fueron denuncias por violencia en su contra.
