Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron de forma definitiva —por unanimidad— la reforma constitucional bajo el expediente 19.584: una iniciativa que permitirá a las instituciones públicas confeccionar presupuestos en marcos plurianuales, que permitan sostener y programar sus operaciones a mediano y largo plazo.
La iniciativa había sido impulsada por la Contraloría General de la República (CGR) desde el año 2015, entidad que defendió el proyecto como una forma de trabajar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, la transparencia de las gestiones institucionales y la continuidad de los servicios que brinda el Estado.
La explicación: ¿Qué dice el proyecto de presupuestos plurianuales que impulsa la Contraloría?
Así lo había manifestado, la propia contralora general, Marta Acosta, cuando se aprobó el proyecto en primera legislatura; momento en el que manifestó que la idea es “generar una mayor disciplina en el manejo de las finanzas” nacionales.
“Por ejemplo, si una institución va a construir un edificio y para el año en que lo inicia tiene la plata para los estudios de preinversión y tiene un marco de presupuestación plurianual, esa institución va a saber con qué fondos va a contar para el segundo, el tercer y el cuarto año, no como sucede en muchas ocasiones, en las que iniciamos un proyecto y tenemos el dinero para hacerle frente este año, pero no necesariamente los siguientes”, subrayó.
La aprobación la refrendaron 42 congresistas, en medio de la segunda de seis sesiones extraordinarias que pactaron los diputados para acelerar el trámite de 11 reformas constitucionales, incluida la recién aprobada.
En el trámite, el diputado del frente Amplio (FA), José María Villalta, destacó que esta idea también le permitiría al Estado entender aún mejor “la polémica” de los “aparente superávits” que actualmente sostienen algunas instituciones (como las universidades públicas), donde algunos recursos se acumulan, pero solo se contabilizan para cumplir con obligaciones que tienen a largo plazo. Esto, dijo el frenteamplista, “realmente es la expresión de lo que debería entenderse por presupuestos plurianuales”, como una forma de desarrollar “las inversiones y los programas que no pueden concretarse en un solo año”.
Algo similar manifestó el diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien subrayó que la idea sería trabajar por la sostenibilidad y dar también un recurso para que las autoridades puedan “entender los superávits, para evitar adquirir deudas y mayores responsabilidades”. Según el socialcristiano, esto impulsaría “proyectos con mayor efectividad, que trascienden un año y permitan una agilidad en el uso de los recursos, por ejemplo, en la construcción de obra pública”.
Por último, también se manifestó a favor del proyecto la economista y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, quien agregó que el texto solo modificaba un artículo, pero que permitirá al Estado “planificar a mediano plazo y permitir que las instituciones puedan darle continuidad a sus servicios”.
Añadió que esto además implicará un proceso que obligará a las instituciones a realizar “un proceso de proyección que permita prever las complicaciones posibles y los procesos necesarios para el cumplimiento de sus obras”, evitando así las perspectivas “cortoplacistas” que se ha reflejado en “la falta de presupuestos para grandes obras y la inacción en los temas país” por ya varios años.
La aprobación de esta reforma además era del interés del Poder Ejecutivo, e incluso fue uno de los proyectos que el presidente Carlos Alvarado pidió a los diputados que fueran aprobados este año. Esa solicitud la hizo explícita apenas a inicios de mes, cuando brindó su primer informe de labores ante el Congreso.
