Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles en primer debate una reforma constitucional para que las instituciones públicas tengan que presupuestar anualmente, pero rindiendo explicaciones sobre las inversiones que realizarán a mediano y largo plazo, a través de análisis plurianuales, de modo que mejoren su eficiencia en el gasto.
La reforma la propuso la Contraloría General de la República en 2015, cuya jerarca, la contralora Marta Acosta, explicó que la idea es que sirva para dar “sostenibilidad en el uso de los recursos públicos” y “fortalecer y preservar el actual Estado de Derecho”
Específicamente, el texto modifica el artículo 176 de la Constitución Política, al que se le adicionará un párrafo para una conducción “sostenible, transparente y responsable”, basado en “un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios”.
En palabras de la contralora Acosta, esto obligaría a la institucionalidad a “enmarcar sus presupuestos anuales en una planificación de mediano y de largo plazo, lo que quiere decir que se va a generar una mayor disciplina en el manejo de las finanzas y también en el manejo de la planificación”.
Esto, según Acosta, es esencial porque “podría garantizar la continuidad de los servicios públicos”, al tiempo que se generan los cimientos para “una mayor eficiencia” del Estado, en campos como la ejecución presupuestaria.
“La idea no es matar superávits, la idea es que las instituciones públicas puedan presupuestar enmarcadas en el mediano y largo plazo; es decir, que puedan hacer proyecciones de mediano plazo”, comentó.
“Por ejemplo, si una institución va a construir un edificio y para el año en que lo inicia tiene la plata para los estudios de preinversión y tiene un marco de presupuestación plurianual, esa institución va a saber con qué fondos va a contar para el segundo, el tercer y el cuarto año, no como sucede en muchas ocasiones, en las que iniciamos un proyecto y tenemos el dinero para hacerle frente este año, pero no necesariamente los siguientes”, añadió.
Al respecto, indicó que la mejor disciplina en el gastos sería apenas uno de los efectos colaterales de la norma, pues “cuando las instituciones se hagan más eficientes, lo más lógico es que habría un mucho mejor uso de los recursos públicos”.
Sin amarres
Según la contralora Marta Acosta, si bien la reforma obliga a las instituciones estatales a evaluar sus inversiones a largo plazo, tampoco se trata de ningún tipo de amarre que les impida modificar sus intenciones si las condiciones así lo ameritan.
En esa línea, Acosta enfatizó en que “el presupuesto no es un fin en sí mismo y, si cambian circunstancias y coyunturas, pues el presupuesto obviamente va a poder ser variado, siempre y cuando existan las justificaciones”.
“Ningún presupuesto está escrito en piedra y esto no sería un impedimento, esto lo que hace es que se mejore la planificación, que es un talón de Aquiles en el país”, apuntó.
Así mismo, agregó que es necesario recordar que los presupuestos seguirán siendo anuales entre enero y diciembre de cada año, por lo que no se dejan las puertas abiertas para posposiciones arbitrarias de los gastos autorizados.
“Una cosa es un marco de presupuestación plurianual, otra cosa es un presupuesto anual y otra cosa es un presupuesto plurianual. La constitución política establece que los presupuestos son anuales y eso no se va a cambiar, lo que aquí estamos introduciendo es que hay que disciplinarnos presupuestando y planificando dentro de un marco de presupuestación plurianual”, concluyó.
Dar seguimiento
Los diputados habían acordado desde hace poco más de un mes establecer los días miércoles para discutir este proyecto hasta su aprobación, un lapso en las que varios diputados defendieron el valor de la iniciativa como una herramienta para dar seguimiento y evaluar las inversiones.
Estas palabras, por ejemplo, las defendió la diputada del Partido Liberación Nacional, Yorleny León, quien agregó que se trata de una buena manera de mejorar la “planificación estratégica de largo plazo” y “facilitar la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo”.
“Este proyecto de plurianualidad es una herramienta eficaz para darle seguimiento efectivo a los dineros que se destinan para una tarea y sus resultados puntuales (…) es un mayor ordenamiento del gasto, porque si invertimos en algo que no nos da resultado, ese será un indicador importante para tomar decisiones”, señaló.
También defendió el proyecto el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien destacó el esfuerzo como una forma de “evitar el cortoplacismo” y de determinar cuándo las gestiones financieras de una entidad pública “realmente son producto de la planificación”.
En total, fueron 42 los diputados de todas las fracciones los que aprobaron la reforma en primer debate. Ahora, por tratarse de una reforma constitucional, el texto requerirá de ser votado en otras cuatro ocasiones por estos diputados, una más en este periodo constitucional (hasta mayo) y otras tres en el siguiente.
Una vez que el texto pase ese proceso, podrá ser anunciado por el presidente Alvarado como nueva norma constitucional.
Esta reforma había sido presentada por la contralora Acosta desde 2015 con el apoyo de las fracciones legislativas de aquel entonces; sin embargo, recibió su primer respaldo oficial, con votos en el Plenario, hasta tres años después.
