La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) insiste en que es necesario limitar más los salarios de los trabajadores del sector público; critica al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y recomienda abrir más el mercado eléctrico al sector privado, nacional y extranjero; y sobre la venta de activos, señala que a veces hay productos o servicios financiados con recursos públicos pero “funcionan mejor en manos privadas y tiene un desempeño mayor”.
El Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, criticó que la compensación de los empleados del sector público comprendía una gran parte del gasto del Gobierno y apuntó a una mayor contención del gasto público.
“Es muy claro que los salarios de los empleados públicos representan una gran parte de este gasto y se requiere realmente esa ley que unifica un límite en el salario público, que busca que las remuneraciones sean más transparentes y basadas en desempeño”, señaló Cormann el pasado lunes en el auditorio del edificio ODS del Banco Central, durante la presentación del “Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2023”.
Refiriéndose a la Ley Marco de Empleo Público, dijo: “nosotros recomendamos su completa implementación, tanto a nivel del Gobierno Central como en otras agencias del sector público. Esto nos va a ayudar a fortalecer las finanzas públicas y reducir las desigualdades”, dijo Cormann.
Salarios del sector público
Según señala el estudio, la remuneración de los funcionarios públicos en Costa Rica “representa más de la mitad de los ingresos totales del Gobierno, la mayor proporción entre los países de la OCDE y más del doble del promedio de la OCDE”.
“Los salarios públicos también son casi un 50% más altos que los del sector privado, después de tomar en cuenta las características de los empleados”, afirma el estudio, citando datos de 2019 del Banco Mundial.
“Los límites a los salarios públicos incluidos en la reforma fiscal de 2018 contribuyeron a la reducción del déficit en 2021. Sin embargo, es necesario tomar medidas adicionales para que la remuneración sea más transparente y se base más en el desempeño. La ley marco de empleo público, que introduce un nuevo marco salarial único y uniforme con escalas salariales iguales para funciones equivalentes en todo el sector público y en incentivos racionalizados, una recomendación de larga data de la OCDE, fue aprobada finalmente en marzo de 2022”, resalta el estudio.
El ICE incomoda
El estudio de la OCDE se refiere a “impulsar la productividad a través de más competencia”. En este apartado destaca que en Costa Rica, “un número significativo de sectores económicos siguen siendo monopolios estatales o están dominados por empresas estatales” y que “esto incluye sectores clave, como la electricidad, el transporte, la banca, los seguros y los productos derivados del petróleo”.
Si bien señala que “el sector de las empresas de propiedad estatal actualmente no presenta una pérdida significativa del presupuesto”, dice que algunas empresas de propiedad estatal “desempeñan un papel dominante en sectores críticos y este desempeño tiene implicaciones críticas en toda la economía”.
El ejemplo que citan es el del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Un caso ejemplar es la empresa eléctrica ICE, que domina el sector eléctrico. Presta todos los servicios de transmisión del país y es responsable del 44% de la distribución de energía eléctrica. Una de sus filiales distribuye alrededor del 32% de la electricidad generada. La participación de la generación de electricidad del sector privado permitida está limitada al 30%”, indica.
“Los generadores del sector privado compiten por el mercado en vez de competir en el mercado, porque para ingresar al mercado primero deben ganar los contratos de licitación del ICE. También existen barreras a la participación extranjera en el sector, ya que el 35% del capital de la empresa que genera la electricidad debe ser costarricense”, apunta.
El estudio afirma que el país “debería considerar flexibilizar las restricciones y los límites existentes a la participación del sector privado, incluidos los relacionados con la propiedad extranjera, como una forma de estimular la innovación y la competitividad y enfrentar los próximos desafíos para el sector eléctrico”.
Venta de activos
El estudio también recomienda “impulsar la competencia en el sector bancario”.
“El sector bancario sigue estando muy concentrado, con tres bancos públicos que controlan alrededor del 60% de los activos totales y el resto controlado por nueve bancos privados extranjeros y dos bancos privados nacionales. Una serie de distorsiones y asimetrías regulatorias fragmentan el mercado y dificultan la competencia”, afirma el documento.
En la conferencia de prensa posterior a la presentación del informe, el periodista Alessandro Solís, del medio Amelia Rueda, le consultó a Cormann si apoyan la venta de activos.
“Nosotros respaldamos los esfuerzos continuos para fortalecer la base fiscal. Ante la pregunta de si el Gobierno debería liberar activos que son propiedad pública, creo que hay productos y servicios que pueden continuar sin tener una inversión pública, sin ser financiados con fondos públicos. A veces estos funcionan mejor en manos privadas y tiene un desempeño mayor”, dijo Cormann.
Agregó que “la meta es ver cuáles servicios podrían desempeñarse mejor en manos privadas y cuáles deben permanecer en manos públicas”.
“La siguiente pregunta es, si se venden algunos activos, qué hacer con el dinero recaudado porque tal vez haya otras infraestructuras, otros productos o servicios, que podrían beneficiarse mejor de dicho financiamiento y que tal vez son más prioritarios. Eso queda a criterio del Gobierno electo definir cuáles son esas propiedades”, añadió el belga, quien fue ministro de Finanzas de Australia.
“A veces hay recursos públicos que se ven amarrados a productos o servicios que ya no son tan eficientes, y que podrían dirigirse a otros sectores”, enfatizó Cormann.
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