Autoridades del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) indicaron que los problemas de información incompleta de personas beneficiarias de equipos y conexión a Internet que debe proveer el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) han sido solventados y refutó los argumentos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de que sus atrasos en la ejecución de proyectos se debe a la información incompleta del IMAS y del Ministerio de Educación Pública (MEP).
UNIVERSIDAD preguntó a la Sutel qué acciones están tomando para brindar conectividad a más beneficiarios en zonas rurales, fronterizas y costeras.
La Sutel afirma que le pidió al IMAS y al MEP, “las instituciones responsables de identificar a los beneficiaros”, que les dieran las bases de datos con información de la población de estas zonas; pero que solo el 35% de la información que les dieron el IMAS y el MEP está completa (tiene datos de contacto).
Al intentar localizar a las familias, los ejecutores del programa señalan que la efectividad baja al 30%, pues aunque hay un número de teléfono en la base de datos, el número de identificación no existe o está incorrecto; los números de teléfono están mal consignados o desactualizados; o la ubicación de los hogares es inexacta e impide corroborar de previo la existencia de cobertura.
“Sutel nunca ha tenido acceso a la base de datos de estudiantes. No se puede atender a los hogares con estudiantes sin información. Sin acceso a los datos de los estudiantes es imposible avanzar para resolver el tema de conectividad. Sutel lo ha hecho saber a las instituciones responsables de suministrar la información en múltiples ocasiones en busca de una respuesta”, se indicó.
Este medio consultó a la Sutel si los operadores de telecomunicaciones han cumplido con sus obligaciones en el cumplimiento de contratos para construir infraestructura y brindar conectividad.
A esta pregunta, la Sutel respondió que los contratos contemplan clausulas penales y multas relacionadas con eventuales incumplimientos y que ellos dan seguimiento e inician procesos administrativos cuando es necesario.
Sin embargo, insistió en que para desarrollar los proyectos deben coordinar con muchas instituciones, como el Micitt, Municipalidades, Cen Cinais, MEP, CCSS, Asociaciones de Desarrollo, IMAS, “que hacen compleja su ejecución” y reiteró que la información de las familias con estudiantes que deben dar el MEP y el IMAS llega tarde, es incompleta e inexacta.
IMAS refuta argumentos de la Sutel
El presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez precisó una serie de acciones tomadas desde la institución para que se le brinde conectividad a los hogares que lo necesitan.
Desde 2016, el IMAS dio información completa de 451.222 hogares -potenciales beneficiarios- a la Unidad de Gestión del Fideicomiso de Fonatel. Estos hogares referenciados, “hoy está en manos de Sutel y a pesar de cumplir con todos los requisitos no logran acceder al servicio por insuficiencia de infraestructura o gestión de la supervisión que debe realizarse del mercado”, informó el funcionario.
Con la llegada de la pandemia, el Micitt ordenó extender el servicio de internet a estudiantes sin conexión y a 46.000 nuevos hogares, y priorizando cantones fronterizos y costeros, los cuales tenían que ser identificados por la plataforma Saber del MEP y los sistemas de información social del IMAS y el IMAS tuvo que ajustar la normativa (convenios y protocolos) para remitir la información a Sutel en apego a la Ley de Protección de Datos, “lo cual hoy ya está solventado”, afirmó Bermúdez, quien reconoció que esto les impidió en un momento usar los números de teléfono registrados en el MEP.
Agregó que MEP e IMAS han trabajado en la identificación activa del teléfono de más de 18.000 familias identificadas que a la fecha tienen el beneficio aprobado, pero carecen de un teléfono de contacto. Hicieron una campaña desde el Centro de Llamadas del IMAS para ubicarlas y a las que no se logra contactar se les mandó un mensaje por los correos electrónicos que el MEP habilitó para sus estudiantes.
Bermúdez afirmó que “no es de recibo que se quiera utilizar retos o gestiones coyunturales, ya de por sí solventadas por la administración, para evadir los temas de fondo sobre las brechas reales de acceso a servicios de conectividad y el papel de Sutel y los operadores de mercado en la ineficacia de solución o postergación de ella, en el cierre de las desigualdades de conectividad como mandato de ley”.
“La discusión hoy sobre la conectividad tiene menos que ver con los trámites interinstitucionales, los cuales hemos atendido y resuelto, y más con la verdadera brecha de infraestructura que tienen las regiones fronterizas y costeras”, destacó el jerarca.
“Por ello es urgente acelerar la ejecución de los recursos de Fonatel con el grado de prioridad de una emergencia nacional, y no puede -porque para eso no fue diseñado- considerarse un activo más de los operadores del mercado sino un bien público de la población de este país”, dijo Bermúdez, quien respalda el proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Alfabetización Digital.
“Queda demostrado que la capacidad real de garantizar el acceso universal ha sido limitada, y es necesario complementar los esfuerzos que realiza la Sutel y revisar su planificación a corto plazo en términos del cierre de las desigualdades de acceso en las regiones fronterizas y costeras. Ahí, es donde en la discusión debe centrarse”, enfatizó.
Sutel y Micitt se enfrentan por recursos disponibles para dar Internet a los estudiantes necesitados
Sutel alega que los recursos para dar Internet a la población de bajos recursos y zonas rurales están comprometidos, pero Micitt sostiene que el fondo tiene ¢104.890 millones para usarlos en la Red Educativa del Bicentenario.
Fonatel gastó ¢1.782 millones en 2020 en consultorías para que les gestionen sus programas
Sutel mantiene contrato con la empresa española Nae desde 2016, compañía para la que ahora trabaja el exviceministro de telecomunicaciones Edwin Estrada.
