“Estamos en un peligro de retroceso de derechos ganados”, dijo hoy la activista y educadora popular feminista Ana Cecilia Hernández Bolaños, parte del grupo de trabajo que elaboró uno de los informes “sombra” del cumplimiento de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).
Hernández participó esta mañana en un foro en la Asamblea Legislativa, organizado por la fracción del Frente Amplio, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo.
La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, señaló la importancia de nombrar y visibilizar los problemas que el Estado costarricense ha generado al no cumplir con esta Convención y destacó que “desde los grupos de derecha ultraconservadores están tratando de atacar los derechos de las mujeres”.
Como reportó UNIVERSIDAD, el pasado 7 de febrero el grupo presentó el “Informe Alternativo del Grupo de trabajo de Agenda CEDAW”, que es uno de cuatro informes “sombra” o alternativos, que se presentaron este año en el país, detalló Irené Barrantes, integrante del grupo.
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En lo referente a acceso a la justicia, el informe afirma que el sistema de justicia reproduce estereotipos y prácticas discriminatorias y revictimizantes en casos de violencia.
Estos serán usados como insumos para el Comité CEDAW, encargado de supervisar el avance del país en cumplir las obligaciones de reconocer y garantizar los derechos de las mujeres derivadas de la Convención CEDAW. Actualmente, dicho Comité está en la etapa de redacción de las recomendaciones al Estado costarricense.
“No vamos a dejar de decir lo que el Estado no está haciendo”
Hernández explicó que la Agenda CEDAW tiene 17 temas y más de 2.000 acciones y que el informe “sombra” es una lectura desde las organizaciones que trabajan con las mujeres.
El informe presentado por este grupo “tiene un enfoque de derechos, del rescate de la democracia que aún tenemos y de la gobernanza”, indicó Hernández, quien integró la histórica Asociación Alianza de Mujeres Costarricenses (AMC) en la década de los setenta y en 1984 coordinó una acción de incidencia hacia la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que el Gobierno ratificara la Convención CEDAW.
Hernández afirmó que en el tema de la violencia hay una impunidad en este país porque “si una mujer pone una denuncia por violencia, y tiene guardia compartida de su hijo o hija, esa mujer va a vivir toda la vida en el círculo de la violencia porque la legislación no le favorece en ningún sentido”.
También criticó que la justicia no es pronta y cumplida porque “las mujeres tienen que pasar un calvario de denuncias en el tema de violencias”.
“A las mujeres que son maestras y son acosadas en el MEP tienen que pasar por un proceso interno para poder llegar a los tribunales; algunas tienen que recibir atención psiquiátrica, o incluso internamiento psiquiátrico” por todo el dolor y violencia que viven”, dijo.
También se refirió a la intención de la administración Chaves Robles de reformar la “Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal” o aborto terapéutico para, entre otras cosas, habilitar al “padre del niño por nacer” a tomar decisiones sobre la terminación del embarazo en caso de que la mujer no esté “en condiciones” de decidir.
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Mientras el presidente Rodrigo Chaves dijo que el borrador de un decreto que derogaría la norma técnica era un “chisme”, en el video de la reunión el asesor legal del Ministerio de Salud confirma que “el aborto impune”(terapéutico) se elimina totalmente en el nuevo reglamento.
“¿A quién vamos a tener que pedirle permiso? ¿Las mujeres que han sido violadas le van a pedir permiso al violador? Estamos en un peligro de retroceso de derechos ganados, por eso hablamos de la defensa de los derechos”, enfatizó Hernández.
“El fin el grupo CEDAW es vigilar el cumplimiento o no cumplimiento del Estado” de la Convención, dijo Hernández, y agregó: “No vamos a dejar de decir lo que el Estado no está haciendo”.
