Costa Rica incumple de manera sistemática garantizar el acceso al aborto terapéutico en casos de violación, incesto o malformación del feto en el marco legal existente. Además, el desempleo, la informalidad y el subempleo se concentra más en las mujeres; se han debilitado los mecanismos de consulta y participación en la agenda de las mujeres; y el sistema de justicia sigue reproduciendo estereotipos y practicas discriminatorias en contra de las víctimas de violencia.
Así se señala en el “Informe Alternativo del Grupo de trabajo de Agenda CEDAW”, presentado el pasado 7 de febrero en San José.
Este grupo es una plataforma integrada por organizaciones, colectivas y grupos de sociedad civil de mujeres, feministas, lideresas y activistas.
Las integrantes de organizaciones que participaron en su elaboración explicaron que este informe será insumo para el Comité CEDAW, encargado de supervisar el avance del país en cumplir las obligaciones de reconocer y garantizar los derechos de las mujeres derivadas de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).
Este proceso se llevará a cabo los días 20 y 21 de febrero.
Principales críticas del Informe
El informe alerta que actualmente existe un distanciamiento y desarticulación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) con los grupos de mujeres y feminismos, lo cual debilita los mecanismos de consulta y participación en la agenda de mujeres.
En lo referente a acceso a la justicia, el informe afirma que el sistema de justicia no es accesible para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad por su condición migratoria, identidad de género, orientación sexual; y que reproduce estereotipos y practicas discriminatorias y revictimizantes en contra de las víctimas de violencia.
Por otra parte, expone que todos los indicadores de empleo muestran que “es en las mujeres donde más se concentra el desempleo, la informalidad, subempleo, se recibe menor pago por trabajo de igual valor en comparación con los hombres y se recarga el trabajo doméstico y de cuidado sin reconocimiento económico alguno, situación agravada por la pandemia por COVID-19”.
En cuanto a mujeres de zonas rurales, resalta que la propiedad y la tierra están concentradas en los hombres; las mujeres rurales no representan ni el 15% de personas propietarias de las parcelas de producción agrícola, ni cuentan con créditos diferenciados ni condiciones materiales o apoyo de programas “que les permita la sostenibilidad de su producción, comercio y aseguramiento de sus cosechas”.
Asimismo, detalla que no existe una plataforma de datos públicos que recopile toda la información sobre las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres desde un enfoque de género e interseccionalidad, lo que debilita las políticas públicas.
También confirma que se requiere reformar y actualizar la ley 5811, pues la violencia contra las mujeres en la publicidad no está siendo atendida por el Estado, de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
Derechos sexuales y reproductivos
El Informe del Grupo de trabajo de Agenda CEDAW declara que el aborto sigue siendo penalizado en el país y no se cumple con garantizar a las mujeres un servicio accesible en la aplicación de la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal (aborto terapéutico).
La Norma Técnica, que está vigente desde 2019, permite a los médicos tener claridad sobre cómo proceder si una mujer requiere una interrupción durante el embarazo por peligro de muerte o riesgo a su salud.
Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y género, explicó que desde su aprobación, hasta el 2021, las instituciones del Estado han atendido sólo seis solicitudes de aborto terapéutico y únicamente dos se han aprobado.
Para Arroyo estas cifras terminan siendo “absurdas” para la población costarricense, considerando todos los casos en que podría haber un peligro en la salud física o emocional de niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad o alguna condición de riesgo.
“Cuando se empezó a decir que había que revisar la Norma, los que estaban pidiendo que se revisara no era para mejorarla, sino para eliminarla”, destacó Arroyo, durante la presentación del informe.
“La CEDAW ha reiterado la necesidad de poder garantizar el acceso legal al aborto terapéutico, particularmente en los casos de violación, incesto o malformación grave del feto. ¿Cómo una mujer va a solicitar un servicio que no conoce que existe; se necesitan campañas de conscientización para evitar la estigmatización, estas campañas han sido inexistentes hasta el día de hoy”, aseguró.
Acceso a la salud para mujeres lesbianas, bisexuales y trans
El informe también apunta que no se está garantizando el cumplimiento del Lineamiento Técnico para la Atención de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, No Heterosexuales y Trans en los Servicios de Salud, que busca que se les brinde un trato digno e igualitario y que está vigente desde el 2018.
Daniela Bolaños, activista del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), dijo que estas personas “tienen necesidades y realidades específicas que, desde los servicios de salud, no son abordadas, y son violentadas”.
Asimismo, destacó que hay una falta de datos de acceso a tratamiento hormonal para personas trans, que no se sabe si se ha dado capacitación al personal ni cómo se ha acompañado a estas poblaciones.
Bolaños expresó que hay poblaciones discriminadas con necesidades específicas, como mujeres mayores de 50 años, muchas de las cuales tienen enfermedades crónicas, pero no frecuentan los servicios de salud y a quienes no se les abordan sus necesidades particulares en sus procesos de envejecimiento.
Mujeres migrantes y solicitantes de refugio
En lo referente a mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, el informe denuncia que “las mujeres en condición migratoria irregular son explotadas laboralmente en la mayoría de los casos” y que los trámites para su regularización no son accesibles económicamente.
También señala que “una mayoría labora como trabajadoras domésticas recibiendo el salario más bajo existente o mucho menos que éste, esta situación además significa la exclusión y barreras para garantizar el acceso y la prestación de servicios en salud, educación y otros”.
Olinda Bravo, lideresa y activista de la Red de Mujeres Nicaragüenses, explicó que las mujeres migrantes y solicitantes de refugio miran con preocupación que no se cumplen recomendaciones, como por ejemplo, sensibilizar y capacitar a los juzgados de violencia doméstica. También criticó que no se han tomado acciones para dar opciones a las migrantes en situación irregular para que se puedan regularizar o recibir un permiso de trabajo.
“Las mujeres que están en forma irregular en este país están invisibilizadas. Los salarios están por debajo del salario mínimo para las mujeres que están en situación irregular e incluso para las que están en situación regular. A las trabajadoras domésticas les tienen una gran deuda, hay diferencia de hasta ¢100.000 entre el salario del trabajador no calificado y el de las trabajadoras domésticas. Debe cumplirse el convenio 189 de la OIT, que el país ha ratificado”, dijo Bravo durante la presentación del informe.
En la elaboración del informe participaron las organizaciones ACCEDER, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH), Agenda Política de Mujeres con Discapacidad, Alianza de Mujeres Costarricense, AMUCOODE, Casa Rara, CIPAC, Escuelita de Formación Feminista Saberes Cómplices, Grupo Poder Ciudadano, Museo de las Mujeres Costa Rica, MUSADE, Red de Mujeres Nicaragüenses en Costa Rica y REMISOD. Además colaboraron con información ALAMUD, ACODEHU, CEFEMINA, FECODIS, Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, IXA CA VAA y Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
