La jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), Laura Fernández Delgado, confirmó que el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la Ley Marco de Empleo Público modificará la definición que hacen las instituciones con autonomía de gobierno de puestos “exclusivos y excluyentes” de la rectoría de Mideplan, aunque no hubo consenso con respecto a este punto en el Diálogo Nacional.
Así lo explicó la ministra en atención a prensa, posterior a la presentación de los resultados del Diálogo Nacional -convocado por el Gobierno para reformar la Ley-, en el Colegio de Abogados.
Mideplan presentará hoy a la Asamblea Legislativa un paquete de información con los resultados del Diálogo Nacional y posteriormente el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley de reforma a la Asamblea Legislativa durante el periodo de sesiones extraordinarias, que inicia el 1 de mayo.
Ante consulta de UNIVERSIDAD, Fernández dijo que en la propuesta de ley tomarán en cuenta todos los insumos del Diálogo Nacional e incluirán los artículos que tuvieron consenso; “adicionalmente estaríamos incluyendo el abordaje de los puestos exclusivos y excluyentes porque es un tema que desde un inicio nosotros hemos planteado, junto con el señor Presidente de la República, que es de preocupación la interpretación que se le está dando a esas dos palabras”.
Ejecutivo presentará proyecto para reformar Ley de Empleo Público en periodo de sesiones extraordinarias
El tema “más álgido” que quiere incluirse en la reforma es qué se va a entender por puestos exclusivos y excluyentes en las instituciones con autonomía, dijo hoy la ministra de Planificación Laura Fernández.
Fernández dijo que hubo puntos en los que no hubo consenso desde un inicio porque había sindicatos interesados en que el ejercicio fuera para derogar la ley o para sacar instituciones del ámbito de cobertura de la Ley, o para eliminar la modalidad de salario global.
“Adicionalmente no tuvimos consenso con algunos poderes de la República ni con las universidades en el abordaje de los ‘exclusivos y excluyentes’; las instituciones con autonomía de Gobierno nos manifestaron que ellos no tienen interés en que esos temas sean abordados en el proyecto de ley, porque les parece que así como quedó, de forma tal que les permite a ellos excluirse por completo de la rectoría de Mideplan, está bien”, expresó la ministra.
“Nosotros no tenemos coincidencia con ese elemento. Nosotros tenemos la tesitura de que el propósito de la Ley Marco de Empleo Público era generar condiciones homogéneas”, enfatizó.
“Pero la redacción de la ley quedó tan amplia les permitió a ellos indicar que desde el puesto más sencillo, como un conductor, hasta el puesto más técnico de su planilla, está excluido por completo, cosa que nosotros no entendemos y no compartimos”, recalcó.
Rectores lanzan críticas al Diálogo Nacional y llaman a una concertación para reformar Ley de Empleo Público
Puntos a reformar en los que hubo consenso
Del 20 al 31 de marzo se realizó el Diálogo Nacional, convocado por Presidencia y Mideplan para construir un proyecto de ley que reforme la Ley, la cual entró en vigencia el pasado 10 de marzo.
El asesor legal de Mideplan Abel Jiménez Obando presentó los resultados de las mesas de trabajo, haciendo énfasis en los puntos en que hubo consenso para hacer reformas, que fueron únicamente: plazos de inhabilitación para ocupar puestos públicos después de un despido; procedimientos de despido; permisos para cuidar de un familiar con enfermedad o discapacidad; plan para trabajadores interinos; y traslado de competencias del Tribunal Administrativo de Servicio Civil al Tribunal del Servicio Civil.
Por ejemplo, Jiménez explicó que se acordó que las sanciones que generen el despido sin responsabilidad patronal del funcionario en una institución, impedirán a cualquier otra entidad u órgano que forme parte del Estado contratarlo por un plazo de 10 años, en lugar de un periodo de seis meses a dos años, como dice la Ley actualmente.
Otro cambio será que las fuerzas de policía mantendrán su proceso de despido según su normativa interna y sus propias leyes o estatutos.
Asimismo, que si se inicia un procedimiento de despido contra una persona servidora pública, se le deberá notificar el traslado de cargos presentados en su contra de manera personal o en su casa de habitación, y no mediante el correo electrónico institucional, como dice actualmente la Ley. Si no se logra ubicar a la persona, se le deberá notificar mediante publicación en el diario oficial La Gaceta.
En la presentación de los resultados realizada hoy participaron funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Cancillería, Poder Judicial, Municipalidad de Alajuela, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) e Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), entre otros.
Gobierno inicia diálogo con meta de reformar conceptos de funcionarios exclusivos y excluyentes de Ley de Empleo Público
“Me deja consternado que se le reclama a las instituciones utilizar los mecanismos que les permite la Constitución para defender su autonomía y para no aplicar esa ley que es un mamarracho, mientras por otro lado se les llama a los sectores a dialogar”, dijo el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña.
