El Gobierno realizó un pago por indemnización, que ascendió a ¢364.827.092, a un ocupante ilegal “de buena fe” del territorio indígena de Conte Burica, como parte del proceso de indemnización y devolución de tierras a favor de las comunidades indígenas, informó el Ministerio de Justicia y Paz.
Según detalló el Ministerio -que es el ente coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional para Asuntos Indígenas-, el pago se hizo a nombre Wilberth Miranda Chaves. La posesión de la propiedad se trasladó a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADII) de ese territorio.
La indemnización se realizó “una vez que se concluyó mediante el proceso administrativo ejecutado, que la persona a indemnizar era ocupante de buena fe”, destacó el Ministerio.
El Ministerio catalogó el hecho como “histórico”, ya que es la primera vez “en décadas”, que el Gobierno realiza una indemnización por tierras indígenas”, según el comunicado.
Los recursos provienen del Fondo Nacional de Indemnizaciones para la Recuperación de Territorios Indígenas.
Conte Burica, fundado en 1982, es uno de los territorios indígenas de los ngäbe y se ubica entre los cantones de Corredores y Golfito, en la Zona Sur, cerca de la frontera con Panamá.
En años pasados, tribunales ordenaron al desaparecido Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) reubicar y expropiar a personas no indígenas; pero como parte de procesos judiciales específicos.
Ley Indígena de 1977
En marzo de 2022, la administración Alvarado Quesada anunció que el Gobierno iniciaría el proceso para recuperar tierras indígenas con ¢3.200 millones para “indemnización y devolución de tierras a favor de las comunidades indígenas”, como parte de las acciones que se llevan adelante en la implementación del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI).
En ese momento se informó que las primeras tres fincas en proceso avanzado de indemnización estaban en los territorios indígenas de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, y en Guatuso, en Alajuela.
El 17 de febrero de este año, la administración Chaves Robles informó que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) había invertido ¢1.370 millones para comprar 1.000 hectáreas para reubicar a los “propietarios de mala fe” que viven en los territorios indígenas y que junto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realizarían los estudios correspondientes.
El 9 de agosto, día en que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno comunicó que el Inder realizó un aporte de ¢2.650 millones para la creación del Fondo Nacional de Indemnizaciones para la Recuperación de Territorios Indígenas.
En octubre de 2022, la Sala Constitucional ratificó sentencias de la Sala Primera que indican que las personas que adquirieron tierras dentro de territorios de pueblos originarios, después de que entró en vigencia la Ley Indígena 6172 de 1977, actuaron de mala fe y que la adquisición de esa propiedad es nula.
La compra o apropiación de fincas o terrenos dentro de territorios indígenas por parte de no indígenas están prohibidas por la Ley Indígena 6172 de 1977.
Ante esta situación es que desde hace varios años se han dado los procesos de reafirmación autónoma de tierra territorio; es decir, la recuperación de tierras por parte de indígenas en sus propios territorios. Las recuperaciones se han dado en los territorios indígenas de Térraba, Salitre, Cabagra, China Kichá y Guatuso.
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“Hay que aclarar que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural es un ente autónomo con presupuesto propio que puede comprar tierras” para efectos de “reservas”, dijo Acosta en referencia -errónea y discriminatoria- a los territorios indígenas.
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El pasado 9 de agosto el Gobierno aseguró que el Inder había invertido ¢1.370 millones para comprar las fincas para reubicar a las “personas afectadas por el conflicto en los territorios indígenas”.
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