País

Fodesaf insiste en que no le corresponde financiar seguro que cubre a personas en pobreza

Desde 2021, la Procuraduría aclaró a Fodesaf que debe financiar el programa para atender a familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas o con ingresos menores al salario mínimo.

La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) insiste que sólo presupuestó un 1% de los recursos que se requieren para financiar programa Asegurados por cuenta del Estado (ACE) porque únicamente le corresponde financiar la atención de personas en “indigencia medica” y que eso no es lo mismo que personas en pobreza y pobreza extrema.

Como ha reportado UNIVERSIDAD, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que calcula que para el periodo 2024 este programa tendrá un costo total de ¢91.640 millones; pero que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) presupuestó únicamente ¢1.000 millones para este programa, lo cual representa un 1.09%.

El programa cubre a 297.283 personas que actualmente son atendidas por la Caja, e incluye tanto asegurados directos como beneficiarios familiares.

La Desaf -encargada de administrar el Fodesaf- es una dependencia del MTSS. Ante la pregunta de este medio de por qué sólo presupuestó ¢1.000 millones, la Desaf afirmó que para el 2024 se asignaron los recursos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7374 “donde se establecen, presupuestariamente, recursos al programa para la atención de indigente (indigencia medica)”.

“Cabe hacer la aclaración de que, cuando se habla de indigencia médica, no es igual a personas que están en pobreza y pobreza extrema; esa es otra definición. La Ley 7374 establece la obligación de atender a la población indigente con recursos del Fondo y de esa manera se han presupuestado los recursos para el 2024”, se indicó en la comunicación.

Procuraduría ya aclaró el conflicto

La Ley 7374 de 1993, denominada “Préstamo BID Programa Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela” trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria.

Sin embargo, el régimen de protección no contributiva de Asegurados por Cuenta del Estado está regulado por el Decreto Ejecutivo 17898, del 2 de diciembre de 1987, “Reglamento Régimen CCSS Asegurados por cuenta del Estado”, suscrito por el entonces presidente de la república Óscar Arias Sánchez y el entonces ministro de Salud Edgar Mohs Villalta.

Ese decreto señala que se entiende por situación de “indigencia médica”, aquella en que el núcleo familiar no pueda satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vestuario, vivienda y salud. También aclara que los núcleos familiares con ingresos iguales o superiores al salario más bajo de la última fijación de salarios mínimos, pero que sean insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, serán calificados como Asegurados por cuenta del Estado.

En un criterio emitido en noviembre de 2021, la Procuraduría General de la República (PGR) se refirió al conflicto y aclaró que “Fodesaf debe financiar los costos de aseguramiento de las personas que se encuentren en indigencia médica, en los términos en que la define el artículo 10 del decreto 17898, siempre que esas personas estén en una situación de pobreza o de pobreza extrema, requisito indispensable para tener acceso a los recursos de dicho Fondo”.

La PGR también explicó que dicho decreto y el concepto de “indigencia médica” tenían ya varios años de existir cuando se aprobó la Ley 7374, “por lo que es posible presumir que cuando el artículo 6 de esa ley hace referencia a la obligación de Fodesaf de cubrir los costos de atención de la población indigente se refería a las personas que se encontraban en estado de indigencia médica”.

Además, la PGR recalcó que con los recursos de Fodesaf puede también brindarse ayuda complementaria para el financiamiento del seguro de salud de personas que no se encuentren en estado de indigencia médica, siempre que estén en condición de pobreza o de pobreza extrema.

La PGR emitió ese criterio en respuesta a la consulta de 2021 de la entonces ministra de Trabajo, Silvia Lara.

Según la Contraloría General de la República (CGR), Fodesaf no ha realizado ninguna transferencia para el pago del programa de ACE a la Caja desde setiembre de 2021.

Suscríbase al boletín

Ir al contenido