Se calcula que poco más de 300.000 personas en condición de pobreza o pobreza extrema que actualmente son atendidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el programa Asegurados por Cuenta del Estado (ACE) podrían perder su cobertura de salud, debido a un conflicto que no se soluciona entre el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y la Caja.
Se trata de la población en condición de pobreza, pobreza extrema, o en “indigencia médica”; es decir, que sus ingresos no les permiten satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud, y que no está cubierta por otras leyes, decretos o convenios.
Según la Contraloría General de la República (CGR), Fodesaf no ha realizado ninguna transferencia para el pago del programa de ACE a la Caja desde setiembre de 2021 y la deuda ya acumula ₡405.338 millones (del principal e intereses).
A pesar del conflicto, estas personas siguen siendo atendidas en la parte médica; pero el no-pago de su atención se va sumando a la histórica deuda que el Estado mantiene con la Caja.
¿Cómo funciona este tipo de seguro? El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hace los estudios para determinar la condición socioeconómica y, si la persona califica como “en condición de pobreza o de pobreza extrema”, es incluida en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y puede recibir los servicios de la Caja como asegurada por el Estado.
Este seguro se puede dar por cinco años, por tres, o incluso por uno, y se renueva. Por ejemplo, en aquellos casos de personas que están buscando trabajo, se les otorga este seguro hasta que encuentren empleo.
“Sin duda es una salvada”
Casi todas las personas que viven en territorios indígenas tienen esta modalidad de aseguramiento, ya que en estas zonas hay muy pocas fuentes de trabajo y la mayoría de estas familias tienen producción agropecuaria para autoconsumo. Una de ellas es María Ortiz, indígena bröran de 50 años, que durante toda su vida vivió en el territorio indígena Térraba.
“La verdad es que para las personas como nosotros, de escasos recursos y que vivimos dentro de un territorio indígena, con poca accesibilidad laboral, sin duda alguna es una salvada de vida”, dijo Ortiz, quien tiene seis hijos.
“Tener seguro por el Estado es sin duda algo muy indispensable y lo digo por mi enfermedad crónica que es la diabetes y la presión alta. Yo estuve sin seguro tres meses y en ese periodo yo perdí mi control médico y uno tiene secuelas después por eso”, contó Ortiz, quien era atendida en el Ebais La Piñera, en Térraba.
“Una consulta en otro lugar es demasiado caro, mínimo le cobran ₡60.000 y, si va a una farmacia y lo ve a uno un doctor para que le den la receta, igual”, señaló Ortiz, quien desde hace dos años vive en Pérez Zeledón por cuestiones de trabajo y de estudio de sus hijos.
Los argumentos de Fodesaf
Según refirió la CGR, en el 2022, la CCSS facturó ₡27.366 millones al Gobierno por el programa ACE; sin embargo, Fodesaf no realizó ninguna transferencia.
El Informe de auditoría sobre la liquidación del presupuesto a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) correspondiente al ejercicio económico 2022, de la CGR, apuntó que Fodesaf argumentó que la Caja incumple la directriz para priorizar la atención de la pobreza mediante el Sinirube.
Asimismo, Fodesaf está en desacuerdo con la reforma al Reglamento del Seguro de Salud (Ley 7082), que permite a la CCSS incluir beneficiarios en condición de pobreza en forma provisional, por un periodo máximo de tres meses, mientras el IMAS analiza si el núcleo familiar es declarado en condición de pobreza.
La CGR explicó que Fodesaf también objeta la metodología de cálculo de la CCSS, que considera el número de registros, la base mínima contributiva y porcentaje de contribución, monto que sobrepasa el presupuesto aprobado para estos efectos.
El Fodesaf es administrado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), una dependencia del MTSS.
UNIVERSIDAD envió consultas al MTSS para este artículo; pero estas aún se encontraban en trámite en el momento de cierre.
La Caja aclara
Ante consulta de este medio, la Gerencia Financiera de la CCSS explicó que los aseguramientos provisionales por tres meses están contemplados en el decreto 17898-S, suscrito por el entonces presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, y el entonces ministro de Salud, Edgar Mohs Villalta.
“La CCSS le aclaró al Fodesaf que, de cualquier forma, esos aseguramientos provisionales no son considerados dentro de los registros mensuales de cobro que se envían a esa dependencia, ya que hasta que el beneficio no sea otorgado de manera definitiva, esos casos no se envían al Fodesaf”, indicó la Caja.
Para la Caja, la razón principal por la cual Fodesaf ya no está girando los recursos se debe a una interpretación errónea de un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), “con el que determinan que, de forma discrecional, pueden financiar la población con estrato socioeconómico de pobreza o pobreza extrema, pero fuera de la condición de calle”.
Se trata del criterio PGR-C-311-2021, emitido el 18 de noviembre de 2021 en respuesta a una consulta de la entonces ministra de Trabajo Silvia Lara, quien preguntó si con los recursos de Fodesaf debía financiarse la totalidad del programa de ACE, o solo los costos de aseguramiento de la población indigente en sentido estricto.
La PGR determinó, en ese criterio, que Fodesaf debe financiar los costos de aseguramiento de las personas que se encuentren en “indigencia médica” (que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vestuario, vivienda y salud) siempre que esas personas estén en una situación de pobreza o de pobreza extrema.
Recursos transferidos al IMAS
Más preocupante aún es el hecho de que, según la Gerencia Financiera de la Caja, estos recursos habrían sido transferidos al IMAS para dar ayudas de ₡60.000 mensuales a familias afectadas por la alta inflación, medida promovida por la administración Chaves Robles y que regía entre junio de 2022 y junio de 2023.
De acuerdo con la Caja, en el oficio MTSS-DMT-OF-1314-2022, suscrito por el entonces ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora Lizano, se indica que “los recursos financieros que estaban destinados para el programa de Aseguramiento por cuenta del Estado serán remitidos al IMAS para dar cobertura a personas en condición de pobreza y pobreza extrema mediante el decreto ejecutivo 43.670 de la creación del Beneficio temporal por inflación”.
“Así las cosas, en el caso de que Fodesaf pueda discrecionalmente dejar de financiar la cobertura de salud para la población con estrato socioeconómico de pobreza o pobreza extrema, despojaría a esta población vulnerable de un aseguramiento por cuenta del Estado, constituyendo un daño sin precedentes en la salud y la vida que les asiste a poco más de 300.000 personas entre jefes de hogar y beneficiarios que cuentan con este aseguramiento en condición de pobreza o pobreza extrema”, sentenció la Caja.
