Aunque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presupuestó que requiere ₡91.640 millones para proveer cobertura de salud a la población en condición de pobreza, pobreza extrema, o en “indigencia médica” en el 2024, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) únicamente le asignó ₡1.000 millones a la institución.
Se trata de 297.283 personas que actualmente son atendidas por la Caja mediante el programa Asegurados por Cuenta del Estado (ACE). Este número incluye tanto asegurados directos como beneficiarios familiares.
Ante una solicitud de información realizada por UNIVERSIDAD, la gerente financiera de la CCSS, Gabriela Artavia Monge, confirmó que según los cálculos realizados por la Dirección Actuarial y Económica de la institución, para el periodo 2024 el programa ACE tendrá un costo total de ₡91.640 millones; pero que el MTSS les informó que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) solo presupuestó ₡1.000 millones para el mismo.
Datos suministrados por la Caja muestran cómo, desde 2015, las sumas pagadas por Fodesaf están muy por debajo de lo que realmente cuesta el programa a la CCSS. Solo para dar un ejemplo del desfase, mientras en 2020 el costo anual del programa fue de ₡103.258 millones, Fodesaf pagó únicamente ₡36.715 millones. En 2021, el costo fue de ₡102.537 millones, pero Fodesaf solo giró ₡16.812 (Ver cuadro).
Antes de 2015, los costos anuales de este programa fueron asumidos directamente por el Ministerio de Hacienda, que los incluyó en diferentes “convenios de pago” que suscribió ese ministerio con la Caja para pagar la deuda estatal, indicó Gabriela Artavia.
Como ha reportado este medio, esto se debe a un conflicto que no se soluciona entre Fodesaf y la Caja porque la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) argumenta que solo le corresponde financiar a las personas en condición de calle. En el 2022, la Desaf suspendió el giro de los recursos, asimismo, la Caja expone que no le giraron nada de lo presupuestado el año pasado.
A pesar del conflicto, estas personas siguen siendo atendidas en la parte médica por la Caja, pero el no-pago de su atención se va sumando a la histórica deuda que el Estado mantiene con la CCSS.
UNIVERSIDAD también solicitó una explicación al MTSS sobre por qué no se giran los montos presupuestados por la Caja, pero la consulta aún se encontraba en trámite a la hora de cierre.
Menos de un 1%
Paulina Ramírez, diputada liberacionista, dijo que “estas cifras son impresionantes”. “El hecho de que se asigne solo menos de un 1 % de lo que se debería presupuestar para atender a los pacientes en pobreza, pobreza extrema e indigencia médica es una muestra del nivel de desinterés y poca sensibilidad”, señaló.
“Se trata de población vulnerable que debe ser atendida, pues de lo contrario corre peligro la vida de miles de personas, pero también muy representativas del poco interés que tiene este gobierno de atender las obligaciones con la deuda con la institución”, criticó.
Ramírez recordó que desde la Asamblea Legislativa se han hecho esfuerzos para destinar el 10% de los créditos de apoyo presupuestados para atender la enorme deuda con la Caja, que ya llega a ₡3 billones y sigue creciendo. “Nos hemos topado con que ni estos ni otros recursos se presupuestan porque no existe convenio entre Hacienda y la Caja; el tema es que siguen postergando ese arreglo”, apuntó.
El diputado Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), declaró que deberá hacerse alguna modificación presupuestaria y que investigará qué soluciones se puede dar en este sentido a ese desfase.
“No podemos permitir que las poblaciones más vulnerables se queden sin recibir servicios médicos de la Caja. Son el percentil de pobreza extrema, gente que vive en condiciones muy precarias. Esto no podemos permitirlo como sociedad. El modelo de Estado social de derecho de Costa Rica se ha caracterizado por esa solidaridad y debemos buscar las alternativas”, indicó Vargas.
No tienen capacidad de pago
Este régimen de protección no contributiva está regulado por el Decreto Ejecutivo 17898, del 2 de diciembre de 1987, suscrito por el entonces presidente de la república Óscar Arias Sánchez y el entonces ministro de Salud Edgar Mohs Villalta.
Señala que “con el fin de garantizar la atención integral de la salud para toda la población, se reconoce el derecho de los Asegurados por cuenta del Estado a recibir servicios para la protección de su salud sin el pago directo de su parte, en las instalaciones de la Caja…”.
Define a estas personas como aquellos usuarios que no están dentro de los regímenes categorías y convenios propios de la Caja y que además no tienen capacidad de pago porque es población que se encuentra en pobreza extrema o pobreza.
A la Caja le corresponde asignar este aseguramiento aquellas personas declaradas en condición de pobreza o pobreza extrema por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), o incluidas en la base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
